Se siguen abriendo frentes en torno al cierre adelantado de las unidades de generación a carbón Norgener 1 y 2 de AES Andes y, especialmente, luego de la petición de la empresa de elevar la operación de sus centrales a carbón para acelerar la salida, provocando incluso una intensa correspondencia entre el Gobierno y el Coordinador Eléctrico.
Esta vez, se trata de un recurso de protección interpuesto, este miércoles, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la Fundación Sociedades Sustentables y Fundación Greenpeace Pacífico Sur en contra de AES Andes y el Coordinador Eléctrico. La primera, por “la quema forzada, acelerada, indiscriminada, fuera de norma y abusiva de 94 mil toneladas de carbón en sus unidades Norgener 1 y 2, ubicadas en la ciudad de Tocopilla, vulnerando gravemente garantías constitucionales”.
Y, en el caso del organismo que supervisa la operación del sistema, por autorizar a la empresa, “fuera de todo marco legal, fuera de sus competencias y actuando de manera ilegítima, la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón, vulnerando gravemente garantías constitucionales”.
En el texto, de 22 páginas, se plantea que la quema forzada en cuestión con su correspondiente autorización, ya está ocurriendo desde el 18 de febrero de este año, “en una zona ya contaminada, que cuenta con una plan vigente de descontaminación desde el año 2010 y que además ha sido reconocida públicamente y por instituciones del Estado como zona de sacrificio ambiental”.
Según se sostiene, la acción de protección se presenta dentro de plazo, ya que la solicitud realizada por la empresa para iniciar la quema forzada y acelerada de carbón sólo se conoció públicamente el 26 de febrero de este año, “día en que Sara Larraín, recurrente de este recurso de protección y representante de la fundación ambientalista Sociedades Sustentables, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente, solicitando el cese inmediato de la operación”. “Sara Larraín se enteró el día anterior, 25 de febrero, por conversaciones con personas que trabajan en el sector eléctrico”, se detalla.
En la acción -que aún no se determina si será admitida a trámite- se relatan los hechos desde el 7 de diciembre del año pasado cuando la empresa solicitó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la exención del plazo de 24 meses de anticipación que rige para informar el retiro, desconexión y cese de operaciones de una central generadora de energía, para cerrar anticipadamente las unidades Norgener 1 y 2. La nueva fecha de retiro solicitada fue el 31 de marzo.
Así, recuerda, la CNE requirió el 29 de diciembre de 2023 al Coordinador un informe de seguridad, el que concluyó que el retiro de las unidades no degradaba la seguridad del sistema eléctrico. “Nótese que mientras estos hechos se configuraban, con fecha 11 de diciembre de 2023, finalizaba una descarga de 35 mil toneladas de carbón, que aumentaba el stock de carbón que la Central Termoeléctrica Norgener de AES ya tenía a la fecha”, se indica.
Luego, instala la petición del 9 de febrero de la empresa para que se considere en todos los programas de operación que sus unidades operen al mínimo técnico durante horario solar y a plena carga fuera de dicho horario, y además las diversas correspondencias que derivó la solicitud. Y sentencia: “Sin ninguna justificación legal ni ambiental, y sin evaluarse los potenciales perjuicios en los terceros ni en el equilibrio del mercado, el Coordinador autorizó la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de AES desde el 18 de febrero de 2024”.
Según argumentan las fundaciones, AES afirma que la única alternativa posible que tiene para cerrar la Central, sin dejar de cumplir sus compromisos ambientales, es quemar todos sus excedentes de carbón en muy poco tiempo (94 mil toneladas), lo que -dicen las organizaciones- “es absurdo pues dicha decisión no está amparada en ningún Plan de Abandono o Cierre presentado o autorizado por la autoridad ambiental, no existiendo tampoco consulta alguna a la autoridad sobre la implementación de la quema forzada de carbón”.
“Esto es contrario a los derechos fundamentales de las personas que deben respirar las consecuencias de esa quema forzada y acelerada. El Coordinador, por su parte, autorizó la solicitud sin amparo en ley o regulación alguna y sin exigir el cumplimiento de la obligación asumida por AES de presentar el Plan de Abandono de las unidades Norgener 1 y 2, donde debería haberse gestado una solución viable ambiental y socialmente para hacerse cargo del excedente de carbón disponible al cierre de Norgener”, sostienen.
Asimismo, reclaman que está de manifiesto que AES ni siquiera evaluó otras alternativas y que el Coordinador es “cómplice de una empresa que se beneficia por el despacho forzado y acelerado de su energía sucia”.
Añaden que aun cuando se desplace la generación de otras unidades de carbón localizadas en otras comunas, “la autorización del Coordinador implicó afectar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, ya que las unidades Norgener 1 y 2, como cualquier otra unidad a base de carbón, tiene costos de generación más altos que las fuentes renovables y no tendría porqué haber obtenido esta preferencia y ventaja indebida”. Es decir, añaden, la entrada en operación de ambas unidades, incluso cuando se utiliza para desplazar a otras unidades de carbón, entra completamente fuera del mérito económico.
Y enfatizan: “Esta preferencia no fue emitida con base en criterios claros, no tiene una justificación técnica ni ambiental y desde luego que presenta efectos negativos ambientales y para el equilibrio de mercado que no han sido evaluados. No solo estamos frente a una inevitable generación de mayores niveles de emisión de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al deterioro de la calidad del aire con sus consiguientes impactos en la salud de las personas, agrava el cambio climático y otros impactos ambientales negativos, sino que también se reduce la participación de energías renovables, lo que afecta directamente en la implementación de la transición energética limpia para el país”.
También plantea una crítica puntual al Coordinador en cuanto a su conformación. Si bien reconocen que es un órgano colegiado autónomo, sostiene que “las decisiones que toma tienen muy poca o ninguna revisión”. “No obstante, el organismo cuenta hoy con funcionarios que anteriormente ocuparon altos cargos en la empresa AES Andes, lo que significa que existen conflictos de interés en la toma de sus decisiones, que son decisiones públicas con nula o casi nula revisión”, dicen.
Por ejemplo, mencionan a Eduardo González, actualmente ingeniero senior del Departamento Control de la Operación del organismo, que, en su anterior trabajo, por cuatro años, fue Jefe de Operaciones de dicha empresa. Y suman a Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador, también vinculado anteriormente a la firma.
En concreto, las organizaciones piden que, teniendo en consideración la gravedad del acto y al hecho de que está ocurriendo actualmente, así como la magnitud del daño que se está produciendo sobre la saluda y vida de las personas, así como al medio ambiente, conceder una orden de no innovar respecto a que, mientras esté pendiente la tramitación de este recurso o, en su defecto, por el lapso que se estime pertinente, la quema de carbón sea paralizada.
La alerta del Colegio Médico
El efecto en la salud también fue resentido por el Consejo Regional Antofagasta del Colegio Médico de Chile. El martes, en un comunicado, indicaron que “la situación planteada por la empresa de tener que quemar intensificadamente 94.000 toneladas de carbón previo al cierre el 31 de marzo del 2024, resulta del todo contradictoria con los fundamentos y objetivos perseguidos por la descarbonización y genera una situación concreta de mayor riesgo para la ciudad de Tocopilla y sus habitantes, ya declarada como saturada por MP10 y con índices mayores de diversas patologías comparando con zonas sin termoeléctricas a carbón en Chile”.
La entidad detalló, según un estudio publicado en 2019 por la Universidad Católica, “22% mayor riesgo de mortalidad general; riesgo de mortalidad 172% mayor por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón; 86% mayor riesgo de asma; 94% más riesgo de enfermedad isquémicas del corazón”.
“Llamamos a las autoridades, especialmente al Coordinador Eléctrico Nacional y a la propia empresa a ser consecuentes con los fundamentos que motivan la transición energética, buscando alternativas adecuadas que permitan evitar mayores daños que los ya generados, a la salud humana y medioambiental”, lanzaron.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.