Economia
Luz verde para Ley de Protección de Datos: ¿cuál será el impacto en las empresas?
Tras siete años de tramitación, finalmente este martes se despacha la Ley de Protección de Datos Personales y que crea la Agencia de Protección de Datos, con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.
La futura normativa se despachó a pesar del rechazo de los diputados de oposición al esquema de multas que calificaron como “desproporcionadas” y que afectaría a los emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, los diputados oficialistas lo descartaron, y afirmaron que las sanciones apuntan a las corporaciones tecnológicas internacionales.
La ley busca regular la forma y condiciones en las que se realiza el tratamiento de datos personales, además de elevar los estándares de protección en línea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
La futura ley establece un conjunto de obligaciones para las empresas, entre ellas, actualizar políticas de privacidad, realizar auditorías de procesos que involucran tratamiento de datos, adopción de tecnologías y medidas en prevención de infracciones y gestión de riesgos.
El informe final de la comisión mixta contiene 55 artículos y ocho disposiciones transitorias. Sin embargo, el artículo 55° que regula el ejercicio de los derechos y reclamaciones de titulares de datos ante organizaciones autónomas, como el Poder Judicial, la Contraloría y el Banco Central, no alcanzó el quórum calificado -78 votos- y quedó fuera del nuevo cuerpo legal, pero será revisado por el Tribunal Constitucional.
Esto significa, explicó la subdirectora de GobLab UAI -laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez- Romina Garrido, que las personas no podrán reclamar ante los organismos autónomos, “pero hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional”.
Entre los cambios relevantes, se establecen nuevos derechos para los titulares de datos, se modifican los requisitos de consentimiento para la entrega de datos tomando relevancia la libertad, crea nuevas categorías de datos -menores de edad, biométricos, salud, geolocalización-, se elevan las multas por incumplimiento, se modifica la regulación de las fuentes de acceso público y crea la Agencia de Protección de Datos.
Puntos clave
La ley establece y regula los derechos de los titulares de los datos personales, según acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales; además el procedimiento y los medios para que hagan valer estas garantías ante los responsables de datos, como demandar la indemnización de los perjuicios sufridos.
Aplica a personas naturales y jurídicas, y órganos públicos que procesen datos personales dentro del territorio nacional; a quienes manejen datos en nombre de un mandatario ubicado en Chile, y cuando el tratamiento de datos esté destinado a ofrecer bienes o servicios a personas dentro del país y fuera de él. En el caso de personas jurídicas no constituidas en Chile, el responsable deberá señalar por escrito, ante la Agencia de Protección de Datos Personales, un medio de contacto válido y actualizado para reclamos.
También crea una Agencia de Protección de Datos Personales, que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley. Contará con facultades normativas, para dictar normas e instrucciones, e interpretar normas legales y reglamentarias de datos personales; fiscalizadoras, como poder auditar o solicitar información a quienes hagan tratamiento de datos; sancionatorias, para imponer multas; y coordinadoras, para colaborar con órganos públicos e internacionales.
Además, el texto final del proyecto elevó el tope de las infracciones leves de UTM 100 ($ 6,6 millones) a UTM 5 mil (unos $ 330 millones), aunque mantuvo el límite para las graves en UTM 10 mil ($ 660 millones) y las gravísimas en UTM 20 mil ($ 1.400 millones).
También agregó multas por reincidencia de infracciones graves y gravísimas solo para grandes compañías, que pueden llegar hasta 2% a 4% de los ingresos del año anterior, y un artículo transitorio que otorga a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 12 meses de gracia con partes de cortesía, una vez que entre en vigencia la regulación.
Obligaciones para las empresas
La abogada experta en protección y ciberseguridad y socia de Alessandri Abogados, Macarena Gatica, señaló que la ley establece un conjunto de obligaciones para empresas, como la adopción de medidas de seguridad y prevención de infracciones y gestión de riesgos.
Entre las medidas de seguridad, establece capacitación de trabajadores, auditorías de procesos que involucran tratamiento de datos, actualizar políticas de privacidad, analizar los proveedores que intervengan en el tratamiento de datos de la empresa y contar con medidas tecnológicas como firewalls y antivirus.
En prevención de infracciones y gestión de riesgos, Gatica explicó que las compañías deberán realizar procedimientos de análisis de riesgos a partir del levantamiento e identificación de sus activos (datos personales) e implementar medidas para prevenir o mitigar los riesgos.
Dijo que cada empresa podrá establecer sus propios estándares para gestionar el riesgo, considerando los principios que ya tiene la ley.
Los responsables de datos deberán adoptar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan que el titular ejerza sus derechos en forma expedita.
Sanciones y falta de conocimiento
El secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez, señaló que la aprobación del proyecto “es un paso crucial para brindar las certezas que empresas y personas necesitan en la nueva era digital”. Pero, dijo que hay preocupación por las sanciones propuestas, ya que podrían “ahuyentar la inversión que tanto necesita la industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), amenazando no solo a las grandes empresas, sino también a las PYME”.
Añadió que Chile tiene la oportunidad histórica “de diseñar un marco regulatorio que no se limite a calcar el estándar europeo, sino que forje su propio camino, inspirado en los mejores modelos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), adaptados a nuestra realidad, para liderar con fuerza y visión en la economía digital global”.
En tanto, el abogado y director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec), Fernando Fernández, advirtió que la implementación de la futura ley presentará “varios obstáculos significativos”, debido a la falta de conciencia y conocimiento de proteger los datos personales, por lo que se requerirá “un cambio cultural profundo” de individuos y organizaciones.
“Esta situación supondrá resistencia al cambio, lo que eventualmente podría provocar contingencias legales y financieras muy severas, como consecuencia de la imposición de multas”, comentó.
Agregó que las empresas deberán realizar un “inventario exhaustivo” de sus bases de datos y desarrollar un sistema robusto de gobernanza de datos que asegure “la conformidad con la ley y minimice riesgos”, lo que las obligará a establecer procesos y políticas claras sobre la recopilación, almacenamiento, tratamiento y eliminación de datos personales, así como implementar “medidas técnicas y organizativas adecuadas” para proteger la información.
Garrido, de GobLab UAI, afirmó que su aprobación es una “buena noticia” y que la labor de la futura Agencia será “fundamental en la eficacia de la normativa” y en el acompañamiento a los regulados. “Esta es una materia muy difícil de fiscalizar, por eso los incentivos están puestos en el cumplimiento preventivo y proactivo y en desincentivar conductas con multas que son factibles de evitar con buenos sistemas de gestión y control”, dijo.
La abogada y counsel de Protección de Datos y Ciberseguridad de DLA Piper Chile, Carla Illanes, indicó que el nuevo marco legal posibilitará a las empresas revisar y mejorar sus procesos internos en relación a los datos. “Permitirá nivelar el terreno del ejercicio de los derechos por parte de los titulares de los datos, al tiempo que unificará iniciativas que actualmente son aisladas en muchas empresas”.
Añadió que la ley no solo fortalecerá el marco de protección de datos en el país, sino también impulsará a las empresas a “adoptar una postura de responsabilidad proactiva en su gestión”.
Economia
Banmédica reconoce provisiones por tabla de factores
Banmédica SA reportó una pérdida de $129.484 millones (unos US$ 140 millones) al cierre del primer semestre. Este holding reúne los negocios en Chile, Colombia y Perú del gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG) -que incluyen las isapres Banmédica y Vida Tres, las clínicas Santa María y Dávila y la unidad móvil de rescate Help, entre otras-, que anunció recientemente sus intenciones de vender completamente la filial latinoamericana.
La pérdida millonaria reportada por el grupo, según explicó la propia empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es muy relacionado con la crisis que han vivido las isapres en Chile.
Debido al fallo de la Corte Suprema, las aseguradoras privadas deberán ajustar todos sus planes a la Tabla Única de Factores (TFU) vigente desde abril de 2020 y devolver todos los cobros excedentes realizados respecto de la misma. Para esto, Banmédica reconoció provisiones por $206.480 millones (unos US$ 220 millones). Este monto, sumado al plazo y forma de pago, aún están pendientes de aprobación por parte de la Superintendencia de Salud.
Esta cifra ya había sido reconocida por la propia UHG cuando reveló sus intenciones de vender las operaciones latinoamericanas. En esa fecha, ejecutivos norteamericanos reportaron pasivos por US$ 220 millones, provenientes de “una acción regulatoria en Chile, que afecta a todos los sectores de salud”.
Economia
Fed inaugura el ciclo de baja de tasas con un recorte de 50 puntos que se ajusta a los pronósticos más agresivos
La Reserva Federal de Estados Unidos marcó un esperado punto de inflexión en su política monetaria al anunciar este miércoles un recorte que coincidió con las previsiones más agresivas del mercado.
La tasa de fondos federales se redujo al rango de 4,75% -5%informó este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que Implica un recorte de 50 puntos básicos (pb) desde los máximos de 23 años en los que el banco central lo mantuvo durante ocho reuniones consecutivas.
El comunicado reitera que “los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido creciendo a buen ritmo. El crecimiento del empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación ha seguido avanzando hacia el 2 % fijado por el Comité, pero todavía es algo alto.
A esto añade una novedad: “El Comité ha adquirido mayor confianza en que la inflación avanza de forma sostenible hacia el 2%.”
También sostiene que “Los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están equilibrados a nivel general”. En el comunicado de julio se afirmaba que estos riesgos “continúan avanzando hacia un mayor equilibrio”.
Sin embargo, advierte que “las perspectivas económicas son inciertas”, por lo que “el Comité está atento a los riesgos para ambas partes de su doble mandato”.
De los 12 miembros del FOMC, sólo un alto funcionario votó por la opción más moderada de 25 pb.
El mercado se dividió entre las alternativas de 25 y 50 pb, luego de que esta última escalara rápidamente en los últimos días hasta posicionarse como la apuesta mayoritaria en derivados de renta fija. La mediana de la encuesta de Bloomberg apuntaba a 25 pb.
La Reserva Federal también publicó el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) trimestral. La trayectoria tarifaria estimada de los miembros se revisó a la baja, en comparación con la SEP anterior: el rango superior cerraría el año en 4,375%, según la mediana de estimaciones, mientras que 2025 cerraría en 3,375%.
Esto estuvo en línea con la revisión a la baja de la inflación esperada. Mientras tanto, la tasa de desempleo aumentó y el PIB experimentó pocos cambios.
La conferencia de prensa del presidente del banco central, Jerome Powell, comenzará a las 15.30, hora de Chile.
En desarrollo…
Economia
Gobierno detalla avances de trabajo sobre revisión de permisos en medio de votación en particular de reforma al SEIA
A diferencia de intentos pasados, esta vez, la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) avanza en su trámite en el Congreso. En el marco de su discusión en particular en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, según lo acordado, el 26 de agosto se inició la votación de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los parlamentarios, donde en las cuatro sesiones que se han celebrado -las cuales han sido ampliamente discutidas y votado: se dio luz verde a varias disposiciones, pero también Persistía la preocupación por el efecto que tendrían dos iniciativas gubernamentales paralelas.
Para empezar, el pasado 26 de agosto se aprobaron por unanimidad “ad referéndum” un conjunto de disposiciones que no fueron objeto de indicaciones y que no guardan relación con artículos que tengan ajustes, los cuales estaban relacionados -entre otras materias- con la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Al no recibirse observaciones dentro del plazo establecido, Oficialmente tuvieron luz verde en la sesión del 2 de septiembre.
El ministro Rojas recordó que, en paralelo, trabajan para poner en consulta pública una modificación al reglamento del SEIA para “tratar de eliminar (los permisos) mixtos, que tienen un trámite sectorial luego de la obtención del RCA.
Al inicio de la votación se aprobaron ajustes, como – por ejemplo – darle mandato al reglamento de la EAE para regular no sólo la etapa de diseño sino también la fase de aprobación del instrumento. Sin embargo, al llegar a los ajustes propuestos respecto de la ventanilla única, surgió un nudo relevante.
Si bien hubo respaldo a la indicación del Ejecutivo de que los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que conforme a la legislación deben ser emitidos por organismos del Estado sobre proyectos o actividades sujetas al sistema de evaluación, se otorgarán en dicho sistema, sin mayor trámite se requiere, Senadora Isabel Allende alertó que esto está derivando en permisos mixtosque, en su opinión, debería mantenerse. A lo que se sumó la duda de cómo esto se relaciona con el proyecto de autorizaciones sectoriales que se tramita en la Cámara de Diputados y que impulsa el Ministerio de Economía.
La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recordó que, en paralelo a este proyecto, Trabajan para poner pronto a consulta pública una modificación al reglamento del SEIA para “tratar de eliminar (permisos) mixtos”, aquellos que tengan un procesamiento sectorial luego de la obtención del RCA.
Pero el senador Ricardo Lagos Weber destacó que este tema es crucial para el proyecto e instó a conocer la lista que baraja el Gobierno. Por su parte, el senador Rafael Prohens coincidió en la relevancia de este asunto, recordando el daño que ha implicado en algunas iniciativas el hecho de que estos permisos sean “de ambos lados”.
Rojas insistió en que no podían dar más información. Pero aunque la oposición dijo que no requería más información, las indicaciones sobre el tema quedaron pendientes y el Gobierno tuvo que volver a hablar en un tramo relevante de la sesión del 2 de septiembre por las preocupaciones del oficialismo.
La revisión de los 30 permisos
En esa reunión de principios de este mes, luego de votar ajustes como la posibilidad de que otros dos actores puedan decir si tienen dudas sobre si un proyecto involucra a una o más regiones, Rojas informó que se envió una minuta a los parlamentarios con información. sobre el asunto. de permisos y jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Ambiente, Sebastián AylwinPrecisó que los 30 permisos referidos corresponden a autorizaciones emitidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Ministerio de Salud, la SAG, CONAF, la DGA, una también compartida con el Minvu, el DOH y el Sernageomin.
“En definitiva, la gran mayoría de los permisos llamados mixtos se tramitarían dentro del SEIA, y En definitiva, habría seis que consideramos que no serían susceptibles de ser tramitados íntegramente en el SEIA y por tanto pasarían a ser sectoriales.”dijo Aylwin, precisando que la revisión aún no ha concluido.
Proyecto de autorizaciones sectoriales
Aylwin precisó que la ley marco sobre autorizaciones sectoriales sólo será aplicable a aquellos permisos que se tramiten fuera del SEIA. “Por lo tanto, si un permiso se tramita dentro del SEIA, se sujeta a estas reglas, las que aquí se definen en este proyecto de ley. Y si un permiso es fuera del SEIA, y el conjunto de otros permisos que por su naturaleza no se tramitan en el SEIA, SEIA, queda en la ley marco de autorizaciones sectoriales. Es un parteaguas que está establecida.
Y agregó: “Todos los permisos que se tramitan en el SEIA son susceptibles de tramitarse también a través de la ley marco de autorizaciones sectoriales. Lo que define bajo qué reglas se tramita es si el proyecto ingresa o no al SEIA”.
En estas sesiones se aprobaron disposiciones del proyecto, pero Hay varios temas pendientes, principalmente los temas más controvertidos como la fórmula de sustitución de los Coevas y el Comité de Ministros. Asimismo, se abordaron los impactos acumulativos y sinérgicos, pero aún restan concluir las votaciones respectivas.
Entre los puntos a los que el Gobierno mostró su oposición a pesar de estar pendientes de votación, se encontraba un ajuste que haría vinculantes las consultas pertinentes a efectos de seguimiento, inspección y sanción ambiental, lo que -a juicio del Gobierno- “le da otro carácter”. Eso sí, los senadores lograron aprobar una indicación clave respecto de las tipologías de ingreso en las que se incorpora “exclusivamente” para dar certeza ante los fallos de la Corte Suprema en esta materia que obligaron a proyectos a ingresar al SEIA sin estar en cualquier tipología.
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