Bajo una estricta cadena de custodia se encuentra el celular del abogado Luis Hermosilla Osorio (68), que le fue incautado el 16 de noviembre del año pasado en medio del allanamiento a su oficina ubicada en el exclusivo sector de Alonso de Córdova, en Vitacura.

El próximo miércoles 4 de septiembre, una copia forense íntegra de dicho móvil será entregada a su hermano, y defensor, Juan Pablo Hermosilla. Este último lanzó esta semana lo que algunos leyeron como una amenaza: aseguró que dará acceso total a las conversaciones que el hoy imputado y preso -tras ser formalizado por delitos de corrupción- tuvo en el pasado con jueces, ministros de Corte y fiscales que, según él, le pedían favores en procesos de nombramientos.

El aparato seguirá resguardado en el Ministerio Público, ya que es evidencia material. Los fiscales del caso aseguran que continuarán resguardando la privacidad de las conversaciones que no son pistas de un delito, las que están amparadas por su secreto profesional como abogado y, también, por el derecho a la privacidad de Hermosilla y el resto de los involucrados en todas las aristas de esta causa penal que remece al mundo judicial y económico del país.

Aquí la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, analizan el estado de la causa.

Ustedes reciben el audio en que Hermosilla y Leonarda Villalobos, frente a Daniel Sauer, hablan de pago de coimas a funcionarios públicos. Hoy sabemos que ese registro lo envió Rodrigo Topelberg. ¿Qué pasa cuando escuchan esto que, además, luego es publicado por Ciper?

Lorena Parra (LP): Lo primero que hicimos fue abrir de oficio una investigación penal y luego el fiscal jefe de Las Condes Felipe Sepúlveda -que es parte de este equipo y que ahora está en la audiencia para modificar la cautelar de Rodrigo Topelberg, en la causa madre, que es Factop- pide autorización al tribunal para incautar los celulares del señor Hermosilla y el resto de los imputados. ¿Qué pasa? En un inicio recibimos una negativa del tribunal para incautar el teléfono del señor Hermosilla. Pero insistimos. Gracias a ello nos hicimos de esa evidencia. De ahí se conforma un equipo de elite, con los fiscales jefe Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana, se pericia el celular con un programa de alta tecnología y, a poco andar, en un hallazgo casual, se abre la primera arista por revelación de secreto del entonces director de la PDI Sergio Muñoz. Eso, ya nos daba luces de que estábamos frente a una investigación muy seria.

¿Se aceleraron también las imputaciones?

LP: Así es, el fiscal Juan Pablo Araya, que tramita Factop, logra la prisión preventiva de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, la de Rodrigo Topelberg en la arista madre, y la semana pasada se logra formalizar a funcionarios de SII, de Tesorería, al matrimonio compuesto por Leonarda Villalobos y el señor Luis Angulo y al señor Hermosilla, con excelentes resultados. En la resolución del martes, se dieron por acreditados todos los delitos, de soborno reiterado, de lavado de activos, como también los delitos tributarios reiterados. Y, además, se obtiene la prisión preventiva de los dos imputados a quienes se les atribuye el mayor número de delitos y la participación más relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en muy poco tiempo, en ocho meses, se ha hecho lo que en este tipo de delitos, en general, se demora años.

Volvamos al origen, al audio. ¿Qué les pasa cuando lo oyen? ¿Imaginaron el impacto que tendría?

Miguel Ángel Orellana (MAO): Lo que ocurre es que el audio es un antecedente, genera una serie de hebras, de líneas de investigación que hay que corroborar. Y las medidas intrusivas que se generan, con autorizaciones judiciales, nos van corroborando que lo que se dice en esa reunión es cierto. Ya en el audio se puede intuir la existencia de un interés vinculado a los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, pero también se puede intuir el de la familia Jalaff. Si uno analiza el audio desnudo, digamos, sin otros antecedentes, ya es posible intuir la existencia de esa vinculación. Y también el rol que Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos tienen en esta trama. Fue vital el levantamiento del secreto bancario, porque nos permite determinar la existencia de movimientos financieros que acreditan estas líneas investigativas de pago a funcionarios públicos.

LP: Cuando escuché el audio, una como fiscal inmediatamente se alerta. O sea, ahí hay una advertencia importante porque, además, se involucra a otros organismos públicos, se está cuestionando el funcionamiento del sistema completo, y eso ya es muy grave.

Se incauta el celular de Hermosilla y se habla de 777 mil páginas en que están sus conversaciones. ¿Cómo se maneja ese nivel de información, además, de un abogado?

LP: Hemos utilizado información de celulares, no sólo del señor Hermosilla, también del resto de los imputados que también fueron incautados. Estamos extrayendo aquella información que es constitutiva de delito o sirve como un antecedente o medio de prueba para probar un delito, porque entendemos que esos celulares también contienen información privada, de la vida íntima de los usuarios. Estamos llamados a cautelar y a resguardar el contenido de esos celulares. Y ustedes se habrán dado cuenta de que mientras los celulares han estado bajo la custodia del Ministerio Público, no se ha filtrado ni un solo WhatsApp, ninguna foto, ningún video, ningún antecedente. Lo que es de conocimiento público es lo que se ha usado en la audiencia y solo para probar la existencia del delito. Yo creo que eso ha sido una fórmula seria, una metodología de trabajo.

Pero en la prensa hay conversaciones que se han publicado y se han abierto investigaciones, como la del fiscal Carlos Palma y el exfiscal regional Manuel Guerra…

LP: En esos reportajes se nota que no han tenido acceso al celular. Si lo hubiesen tenido habrían aparecido pantallazos, las conversaciones completas, audios, fotografías. Nada de eso aparece. Ahora, nosotros no nos podemos hacer cargo de cómo los medios reciben esa información. Aquí hay múltiples intervinientes y también múltiples intereses, algunos de ellos muy cercanos a la opinión pública. Sin entrar en detalles, lo que podemos decir es que lo que ha aparecido en la prensa son interpretaciones, o dan cuenta de ciertos antecedentes, pero nunca verificables, nunca comprobables. Y eso es súper importante decirlo. De hecho, mucho de lo que ha trascendido es información confusa, porque a lo mejor quienes entregan la información también querían provocar ese efecto. Hay cosas que se han dicho que están en ese celular y no están.

MAO: El manejo que se ha hecho del contenido del teléfono del señor Hermosilla ha sido con total conciencia de que, al momento de incautar un celular o cualquier respaldo digital que tenga información privada, la Fiscalía tiene un mandato que se enfrenta a la pugna natural entre dos intereses igualmente relevantes: la persecución penal, por una parte, y la privacidad, por otra. Las dos tienen respaldo legal y constitucional. La misión era mantener la reserva de la información privada y, al mismo tiempo, indagar eficientemente las hebras de investigación que el mismo audio y la noticia que este caso mantenía.

¿El miércoles se va a entregar el celular de Hermosilla a todos los intervinientes?

LP: No, solo a su defensa porque en estricto rigor él es dueño de esa evidencia. El resto no. Es importante señalar que, con todo lo que ya relató el fiscal Orellana, como Fiscalía siempre debemos mantener objetividad y lo que fuimos encontrando a medida que avanzaba la investigación eran delitos muy graves. Créame que si no hubiésemos encontrado antecedentes para formalizar al abogado Hermosilla u otro imputado, no se habría hecho. Pero hay antecedentes, tanto así que están en prisión preventiva.

El abogado defensor Juan Pablo Hermosilla dijo que publicará el contenido de ese celular, que su hermano está en conocimiento. ¿Qué piensan?

MAO: El señor Hermosilla, con su teléfono, puede hacer lo que quiera con la información que tenga, con las consecuencias eventuales que su divulgación pueda tener, pero eso ya es resorte de él. Ahora, lo que se va a entregar es el respaldo digital del teléfono. El teléfono sigue estando incautado, tiene una relevancia forense y ojo que las hebras investigativas no se agotan.

¿En qué sentido?

MAO: En las nuevas declaraciones que tenemos que tomar, por ejemplo, de los señores Jalaff. O sea, de los relatos que hicimos en la audiencia de formalización no hay que ser muy creativo para darse cuenta de que efectivamente es una línea de indagación. Vamos a tomar declaraciones y esas conversaciones que están en esos chats del señor Hermosilla van a tener que ser revisadas, contextualizadas y eventualmente vinculadas con otros chats que puedan estar en ese y otros teléfonos. Entonces, la pregunta que no podemos contestar hoy es ¿no hay más delitos?

¿Qué viene con los señores Jalaff?

LP: Como dice el fiscal hay citaciones que vienen y, como lo advertimos tras la audiencia, esto recién comienza y hay diligencias relativas a ellos que, por la reserva de la causa, no vamos a detallar aquí.

¿Puede que haya otras autoridades que “caigan”, como ocurrió con el director general de la PDI?

LP: Ese fue un hallazgo casual, porque tenemos una resolución que nos permite revisar el celular del señor Hermosilla en el marco del caso Audio. En esa revisión surge este hallazgo casual y frente a ese elemento y con un delito flagrante, palmario, se hace la denuncia y pasa todo lo que pasó. Otro hallazgo casual no hemos tenido.

A cuentagotas han ido saliendo vínculos entre el señor Hermosilla y nombramientos judiciales, ¿Qué pasó en esos ocho meses que la causa estuvo en reserva y había quienes decían “qué pasa con el caso Hermosilla”?

MAO: Había una expectativa muy grande, pero eso no influye en nuestra investigación. Fue el caso, por ejemplo, del ministro Jean Pierre Matus, el objetivo de la incorporación en la imputación -espero que haya quedado suficientemente claro en la audiencia- tenía que ver con la utilización de los fondos originados en los Sauer para actividades profesionales. Por eso Matus en este caso es testigo.

La defensa de Hermosilla acusó en el caso “cherry picking”. ¿Era necesario mencionar a políticos como Sebastián Sichel, Andrés Chadwick o el propio expresidente Piñera?

MAO: No solo era importante, era indispensable para explicar el rol que Luis Hermosilla tenía, no como un asesor jurídico, sino como una persona que estaba a nivel de consejero y de operador más de carácter político. Y eso explica su nivel de conocimiento y quedó en evidencia, me parece. En todos los casos nos preocupamos de decir qué rol tenía cada persona. En el caso de la operación fallida, hasta donde nosotros entendemos, del crédito del BancoEstado, también era indispensable mencionar al señor Sichel porque aparecía en la conversación. Tuvimos la prevención de señalar desde el primer momento que ese crédito no había sido cursado. Lo mismo con esta reunión en la que se quería hacer un homenaje al señor Álvaro Jalaff y con la participación del expresidente Piñera. Era determinante porque en definitiva posicionaba desde el punto de vista del conocimiento a Luis Hermosilla respecto de la operación.

¿Y qué pasa con el señor Chadwick, cuál es su situación judicial?

MAO: Ciñéndome específicamente a la investigación, nunca se hace referencia exactamente a Andrés Chadwick. A veces se habla de Andrés, o de ACH, y -creo que lo dije en la audiencia- no tengo certeza de que se trate de él, pero sí en el contexto aparece nombrado, mas la imputación no tiene que ver con traspasos realizados por Luis Hermosilla a Andrés Chadwick. Acá él no tiene carácter de imputado. Hoy día, si tuviéramos que citarlo en los hechos de la formalización de la investigación, debiese ser como testigo.

Fiscal, esta semana reconoció conversaciones con el hoy imputado Hermosilla cuando postuló a su cargo actual. ¿Por qué no se inhabilitó desde un inicio?

LP: No me inhabilité porque no hay causa legal de inhabilidad, yo no tengo una estrecha amistad con el señor Hermosilla. Cuando nos llega el audio y ante la contundencia y gravedad de lo que ahí se oía, abrimos una causa de oficio y al fiscal nacional Ángel Valencia se le informa de la naturaleza de estos hechos y él decide que la causa se mantenga en la Fiscalía Oriente.

¿Le transparentó a Valencia sus chats?

LP: Obvio, le informé inmediatamente a él y a su equipo de la existencia de algunas conversaciones por WhatsApp mías con el señor Hermosilla. Que básicamente consistieron en que dos semanas antes de la exposición para fiscal regional oriente, el día 30 de julio, le mando mi currículum y le solicito que si puede dar referencia sobre mi trabajo.

¿Por qué?

LP: Porque yo a él lo conocí en el marco del juicio Cumbres, del sacerdote O’Reilly. Él era defensor en esa causa y yo era fiscal. Y fue un juicio bien complejo, bien difícil, que, además, duró harto tiempo. Entonces él conoció de primera mano mi desempeño. Y me pareció muy natural, como cuando uno postula a cualquier otro trabajo, pedir a una persona que pueda opinar de mi desempeño como fiscal.

¿Le pidió que le consiguiera votos con ministros de corte?

LP: Nunca le pedí favores, ni que hiciera gestiones por mí. Si es que tuvo buenas referencias y las hizo llegar, lo agradezco, pero no es más que eso, yo no le debo nada a él. Él tampoco me pidió nada a cambio. Hay que tener en cuenta que se trata de un concurso en el que participan más de 50 ministros. Yo soy una fiscal de trayectoria, de carrera, que se ha dedicado a litigar en los tribunales de garantía y orales. Los ministros no tenían conocimiento de mi trayectoria. Estábamos en época de pandemia, tampoco recibían a candidatos en su despacho para uno poder presentarse. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene uno de mostrar su trabajo? Disponibilizando el currículum. Y eso es lo que yo hice.

¿Y lo hizo solamente con él o con más abogados?

LP: Con la gente que me conocía y que podía hablar de mi trabajo. Imagínate que llevo casi 25 años como fiscal y acá en Santiago, unos 20 años. Entonces, se lo envié a muchas personas. En ese currículum aparecía una referencia, no solo de mi formación, sino que también de los casos, de los juicios, de las distintas especialidades a las que había accedido. Por tanto, ahí no hay inhabilidad. Yo no me sentía, ni me siento, ni tampoco hay una causa legal que me impida investigar con objetividad. Yo quiero ser muy clara en eso. O sea, a mí lo que se me podría reprochar, y al equipo, es no haber hecho, pero aquí fue todo lo contrario. O sea, se recibe un audio, se abre con prontitud una causa de oficio, se incautan los teléfonos. La demostración de que no le debo nada es que se investigó con celo, se formalizó y hoy está en prisión preventiva.

Pero le entrega su CV no a cualquier abogado. ¿No vio un conflicto de interés en que la ayudara y en el futuro, como es penalista, tenerlo como defensor y sentir que le debía algo?

LP: No, no lo vi y qué bueno que me haces esa pregunta, porque fíjate que eso razona sobre una lógica súper distinta. Yo no le debo ningún favor a él. Él no me hizo ningún favor. Él habló respecto de mi desempeño laboral. Si él, a propósito de eso, o cualquier persona, cree que por eso uno tiene deudas con ellos y va a dejar de hacer su trabajo, ya no es problema de uno. Es problema de la persona que así lo entiende. Me refiero en general. Y, además, distinto sería que se dieran buenas referencias de una persona que trabaja mal o de alguien que no se le conoce. Él da referencia respecto de mi desempeño laboral porque tuvo la posibilidad de estar en un juicio importante y largo conmigo. Pero eso no lo habilita a él a pedirme nada. Porque si lo hubiese hecho, yo habría hecho la denuncia.

Usted lideró la terna para fiscal regional con 27 votos, una votación arrolladora, pocas veces vista en estos concursos. Tres ministros que votaron por usted refieren que Hermosilla no sólo entregó su CV, sino que pidió a uno de ellos el voto. ¿Supo de eso?

LP: No, jamás. Nunca lo supe. Tampoco se lo pedí. Yo le solicité que diera buenas referencias mías, si lo estimaba pertinente. Yo lo contacto recién el 30 de julio, las ponencias fueron el 12 de agosto. Probablemente ahí ya estaba todo resuelto. Mi contacto con él es muy tardío. Estas campañas se empiezan a preparar desde mucho antes. Pero nunca tuve conocimiento, ni sé con qué ministros habló o si pudo hablar, si influyó o no influyó. No tengo cómo saberlo.

Volvemos entonces a las opacidades del sistema de nombramientos, tal como ocurre hoy en el Poder Judicial. ¿Cómo ve eso?

LP: Creo que hay una necesidad imperiosa de cambiar este sistema, porque personas como yo, que tienen trayectoria, tienen que someterse a un sistema de nombramiento que funciona de esa manera. Ahora, yo creo que la trayectoria pesa mucho. Tampoco hay que subestimar a las personas (ministros) que escuchan las ponencias y revisan el currículum. Una referencia es solo eso, pero no significa comprometer votos, ni que exista una vinculación. Las cosas no son así. Sí creo que el sistema hay que modificarlo de manera urgente. Y a lo mejor esta causa va a ser el empujón necesario para que de una buena vez se haga.

¿Cree que el develar sus conversaciones con Hermosilla puede perjudicar esta investigación?

LP: Yo espero que no, no pueden castigar esta investigación o enlodar todo lo que se ha hecho, porque yo le envié mi CV, mis antecedentes curriculares, a Luis Hermosilla y a varias personas mostrando mi trabajo y le repito: yo a él no le debo nada.

Ahora, el principio de objetividad rige para ambos lados: perseguir a un imputado y también reconocer circunstancias que le favorecen. ¿No se siente presionada, por haber transparentado estos chats con él, a ser más dura, para que no piensen que lo favorece?

LP: Nunca me sentiría presionada. Desde el día uno sabía que si esta causa avanzaba y habían antecedentes para imputar, probablemente se iban a usar estos WhatsApp en mi contra para desviar el foco. Y no me inhabilité, ni me impidió hacer mi pega y formar un equipo de elite. Como tampoco esos chats me van a impedir reconocer si existe una circunstancia atenuante respecto de él o de cualquier imputado. Esto no es personal, es todo lo contrario. No hay que radicarlo en la figura de Luis Hermosilla.

Pero, si hasta algunos lo llaman “caso Hermosilla”

LP: Este caso es mucho más que eso, tiene que ver con la condición de delitos graves que involucran a instituciones públicas trascendentes en el país. Estamos hablando del SII, de la Tesorería General de la República y todo lo demás que sabemos. Ahora, si nos queremos quedar con el dato del currículum y olvidarnos de todo lo demás, yo me quedo tranquila porque nosotros la pega la hicimos, y la seguiremos haciendo con la misma rigurosidad. Y si surge algún antecedente concreto que dé cuenta de que por ejemplo, por parte del señor Hermosilla u otro imputado, hay ánimo de colaborar, se ponderará como aminorante de responsabilidad penal. Pero esa colaboración tiene que ser real, que nos permita esclarecer hechos, encontrar otros imputados, porque aquí hay un único objetivo y es desentrañar la corrupción y ante eso no siento temor, ni me dejo amedrentar.

¿Qué piensan del giro de Juan Pablo Hermosilla en su defensa, al apuntar a que fiscales y jueces le pedían favores a su hermano, el discutir públicamente con el gobierno?

MAO: Lo vemos con mucha tranquilidad. En general, durante el desarrollo de la audiencia, el equipo completo, y yo particularmente, tuve la mejor relación con Juan Pablo Hermosilla. Se comportó de una manera caballerosa, elogiosa, incluso, en relación al trabajo realizado por la Fiscalía. Y, además, debo decir, durante el desarrollo de la audiencia, e incluso en sus alegaciones, concedió gran parte de lo planteado por el Ministerio Público. Las pugnas o temas que tenga con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, de verdad no deben ser parte de nuestra reflexión.

¿Hay mucha expectativa en este caso? Hasta el propio Presidente Boric habló y dijo que era bueno que los poderosos fueran a la cárcel…

LP: No nos corresponde pronunciarnos sobre los dichos de una autoridad. Lo que sí quiero decir es que nuestro trabajo no es popular, no es que queramos satisfacer una necesidad popular, porque sería súper irresponsable eso. Nuestra expectativa es que si hay delito, hacer buenas formalizaciones, imputaciones serias, pedir las cautelares que correspondan y lograr, si es que lo amerita, una condena y que hechos de esta gravedad no vuelvan a ocurrir.

¿La corrupción está desatada?

LP: Por supuesto que no. Esta causa demuestra que el Estado está sano, pero tiene algunas infecciones y que debemos atender, para luego poder enfrentar otros fenómenos complejos que nos afectan hoy en día como el crimen organizado. Siempre hay dos opciones: no haber hecho nada, haber dejado el audio ahí, no haber insistido con incautar el teléfono, que era un camino fácil; pero muy irresponsable. Y lo otro era haber asumido el desafío de investigar como corresponde, sabiendo que nos íbamos a exponer a todo esto, porque son causas complejas, tienen un alto costo. Pero aquí el Estado actuó y demostró que la ley se aplica a todos, sin distinción y lo más importante: sin temor.