Han pasado cuatro meses desde que la aerolínea Jetsmart perdió nueve de sus catorce rutas Santiago-Lima, tiempo suficiente -según Latam Airlines- para determinar las consecuencias de una supuesta concentración de mercado tras quedarse con dichas frecuencias.
La compañía planteó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la consulta solicitada por Jetsmart, que la pérdida de esas frecuencias “no generó impactos significativos”.
Además, Latam apuntó sus dardos a los controladores de la aerolínea -el fondo de inversión Indigo Partnes y American Airlines- señalando que no estuvieron dispuestos a aumentar su apuesta en la licitación de frecuencias realizada en octubre de 2023, en circunstancias que un mes después realizaron una inversión de US$ 480 millones para la adquisición de nuevos aviones para Chile, además de concretar el inicio de operaciones en Ecuador.
“Las advertencias de Jetsmart sobre un ‘inevitable aumento del grado de concentración’ en la ruta carecen de sustento en el mundo real”, especificó Latam.
El análisis de las ofertas
En los argumentos se señala que durante la subasta de las rutas entre Santiago y Lima -y en la cual Sky Airline también participó adjudicándose tres de ellas- Latam realizó ofertas con niveles de precios respaldados por las cifras del negocio e indicadores macroeconómicos.
“No es efectivo que los montos ofrecidos por Latam en la licitación sean extraordinarios o excesivos. Esos montos son insignificantes al compararlos con los costos totales de la operación a cinco años o respecto de los ingresos que las frecuencias generan. Además, los montos ofrecidos por Latam se han mantenido estables al ajustarlos por inflación y variación del tipo de cambio”, explicó la línea aérea.
Es más, acusó a Jetsmart de no querer “competir realmente” e intentar afectar los resultados del concurso por vías “artificiales” .
“No es que Jetsmart no pueda pagar montos competitivos para adjudicarse frecuencias aéreas restringidas. Lo ha hecho en el pasado. Simplemente esta vez prefirió no hacerlo”, sostuvo Latam.
David contra Goliat
Latam Airlines acusó a Jetsmart de instaurar un escenario “falso”, donde se enfrentó una aerolínea “pequeña” contra una “grande”. Sin embargo, la empresa expresó que detrás de su rival se encuentran actores de peso como Indigo Partners y American Airlines, quienes prefirieron utilizar sus recursos para expandirse por Latinoamérica, en vez de competir en Chile.
“Es evidente que Jetsmart goza de recursos más que suficientes para haber ofertado montos competitivos en la licitación consultada. Si no lo hizo, ello se debe única y exclusivamente a una decisión comercial soberana suya, priorizando sus inversiones en aeronaves por sobre las frecuencias adjudicadas en la licitación consultada”, dijo Latam.
Sobre este último punto, la empresa recordó que Jetsmart adquirió e incorporó a su flota en Chile seis nuevas aeronaves durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, operación que involucró recursos por casi US$ 480 millones. Desde esta base, comparó esta inversión con la cifra ofertada en la subasta de rutas, indicando que ésta es menos de un 1% de la inversión realizada por la low cost a fines de 2023.
Latam recordó que Jetsmart informó al cierre del ejercicio 2023 que ha transportado más de 25 millones de pasajeros y opera en ocho países de Sudamérica.
“Con el apoyo de financistas como Indigo Partners y American Airlines, ha podido expandir sus operaciones a lo largo de Sudamérica y aumentar notablemente su flota. Jetsmart simplemente ha priorizado inversiones distintas a la adjudicación de frecuencias en la ruta Santiago-Lima. Ello es perfectamente legítimo, pero se trata de un asunto comercial y no de libre competencia”, expresó.
Así, Latam culpó a la low cost de responsabilizar “a terceros” por su decisión de limitar su oferta en la subasta y no ajustarla a los precios de 2023. “El propio CEO, Estuardo Ortíz, dijo que los nuevos recursos que recibiría Jetsmart de American Airlines serían utilizados en la adquisición de más y mejores aeronaves. Y así ocurrió”, remató.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.