Con dos días de diferencia, a través de minutas y respondiendo preguntas del Ministerio Público, los exejecutivos de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, prestaron declaraciones en el marco de la investigación penal por el fraude denunciado por el factoring de Raimundo Valenzuela.
En ambos textos -a los que tuvo acceso DF– los imputados por las indagatorias que lleva adelante la Fiscalía descartaron su participación en el “esquema defraudatorio”. Ambos pidieron la reserva de sus respectivas diligencias, pero esta venció a comienzos de esta semana.
Coeymans –exgerente general- fue el primero en acudir a la Fiscalía Local de Las Condes el pasado 18 de diciembre acompañado de sus abogados del estudio Acosta & Cía. Su declaración quedó plasmada en un documento de 62 páginas.
Un día después, el 19 de diciembre, fue el turno de Amenábar, quien atestiguó a través de un escrito de 29 páginas entre su declaración y las preguntas del Ministerio Público. En este caso, también estuvo acompañado de un abogado de Acosta & Cía., además del jurista de Chaves Abogados, Sebastián Soto.
“Yo no participé en ese mecanismo defraudatorio de los cheques falsos como hoy se me acusa, y por lo que tengo entendido Francisco, según lo que me dijo, él tampoco lo ideó”, declaró Amenábar.
Por su parte, Coeymans apuntó en la misma línea: “Jamás he participado en la creación, ni he liderado ni formado parte de ninguna organización criminal que tuviera por propósitos defraudar a Primus ni enriquecerme personalmente”.
Coeymans a Fiscalía
En las preguntas, Coeymans reconoció operaciones con empresas creadas en un día. “Todos estábamos conscientes de que se operaba con ese tipo de empresas, eso lo sabían Guerrero, Valenzuela, Moore y Cárdenas”, añadió.
En tanto, sobre cómo llegaban los cheques falsos, replicó que fue “a través de los clientes de Marcelo Rivadeneira, desconozco dónde se imprimieron”, pero reveló que “por medio de las ejecutivas se ingresaban a Primus estos documentos”.
También indicó ante el Ministerio Público que efectivamente hubo operaciones con facturas ideológicamente falsas, documentos que “vienen de clientes de Marcelo Rivadeneira, de Andrés Otero, Pablo Jorquera y otros”.
En cuanto a sus facultades de prórroga de documentos, Coeymans reconoció que podía hacerlo “libremente” hasta antes de agosto de 2022, mientras que Amenábar también lo podía “hacer solo”, pero con tope. “Cuando excedía ese monto lo hacía conmigo o con (el área de) Riesgo”, comentó.
“En general lo que más se prorrogaban eran los cheques”, detalló.
El ingeniero comercial admitió que accedió a los sistemas para autorizar operaciones o prórrogas después de que se implementan las restricciones para operaciones sin giro. “Usé el perfil de Eduardo Guerrero. Una ejecutiva de nombre Daniela Vargas se consiguió esa clave”, reconoció.
También se le preguntó si es que recibió dineros relacionados con las operaciones de la cartera cuestionada. “No, pero hice negocios con clientes que fueron de los cuestionados”, aseguró.
La versión de Amenábar
Por su parte, Amenábar, exdirector comercial, afirmó en su testimonio que “todos sabían cómo se renovaban operaciones con cheques con prórrogas” y cómo “se generaban nuevas operaciones para las facturas vencidas”.
Las operaciones de la cartera cuestionada, dijo, comenzaron con la llegada del exdirector médico de la Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones, como cliente a Primus.
“Por este señor Mardones fueron llegando los clientes cuestionados actualmente, como Guzmán, Rivadeneira, etc. De alguna manera se puede decir que este cliente fue el ‘inicio’ de la llegada de los actos que hoy se cuestionan”, acusó.
En tanto, apuntó que fue Rivadeneira quien “nos llevó los clientes que finalmente resultaron ser las empresas que nos cedían los cheques falsos, los que nunca se depositaban, se cambiaban por nuevos documentos”. Añadió: “siempre se pagaba algo, al menos los intereses y capital idealmente”.
“Quiero señalar que yo no veía presencialmente ni tenía en mi escritorio u oficina los cheques; quiero enfatizar en que el cómo llegaban efectivamente (materialmente) los cheques, era incluso producto de la relación directa entre las ejecutivas y el mismo cliente, que a veces hacía la entrega a ellas o ellos”, apuntó.
Amenábar disparó sus dardos: “Lo que sí tengo claro, es que sea quien sea que haya gestado esto, toda la gerencia encargada de controlar esto (operaciones, legal, tesorería) no dijeron nada, cuando ellos sí tenían contacto directo y responsabilidad al respecto”.
En su respuesta a las preguntas que le hizo Fiscalía aseguró que “jamás suplanté a alguien en el sistema” para prorrogar operaciones.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.