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Activista Ana Estrada recibió la eutanasia en Perú

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La activista peruana Ana Estrada recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial que terminó con un histórico fallo de la Corte Suprema de ese país para reconocer el derecho a tener un fallecimiento asistido.

Estrada, de 47 años, que dedicó gran parte de su vida a la lucha en favor de la muerte asistida o eutanasia, sufría desde los 12 años de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos. Ella vivió gran parte de su vida en condiciones de salud extremadamente difíciles, lo que la llevó a estar postrada en cama, conectada a un respirador mecánico y dependiente de otros para casi todas sus actividades diarias.

Psicóloga de profesión, la mujer murió el pasado domingo luego de que médicos del seguro estatal de salud EsSalud procedieron a realizar el “plan y protocolo de muerte digna”, elaborado luego de que Estrada ganara hace dos años un juicio que inició en el 2016 para acceder a la eutanasia que era ilegal en Perú.

Ana Estrada se acogió al procedimiento médico de eutanasia, en el marco de la sentencia a su favor emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022, según explicó en un comunicado su abogada Josefina Miro Quesada, quien la acompañó en la batalla legal para alcanzar el fallo, según reporta el diario ‘La República’.

“Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que de manera incondicional apoyaron su decisión con amor”, dijo la abogada en la red social X.

Lo ocurrido con la activista peruana genera un importante precedente en ese país, donde otras personas también aguardan recurrir a la eutanasia ante sus insalvables problemas de salud.

Caso sin precedentes en Perú: activista accede a la eutanasia tras histórico fallo de la Corte Suprema.

“El caso de Ana permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad”, se lee en el documento de Miro Quesada, agregando que “el legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país”.

En una entrevista con Reuters en 2022, luego del histórico fallo judicial, Estrada afirmó que esperaba que su caso sentara un precedente en Perú, ya que buscaba de poner fin a una enfermedad que atacaba a su salud de forma progresiva.

“Va llegar en un momento que ya no pueda ni siquiera poder escribir, o poder manifestarme”, señaló en esa oportunidad. “Mi cuerpo falla, pero mi mente y mi espíritu están felices. Quiero que el ultimo momento de mi vida siga siendo así, en libertad, con paz, tranquilidad y con autonomía”, había afirmado.

La sentencia en Perú sobre la eutanasia ordena no aplicar el código penal del país, que castiga con cárcel a una persona que ayuda a morir a otra. En este caso libra de responsabilidad a los médicos que eventualmente ayudaron a terminar la vida de Estrada.

La eutanasia no es permitida en muchos países y en Perú, donde la mayoría es católica, muchos conservadores se oponen fuertemente a esta práctica. En Latinoamérica, Colombia permiten el procedimiento bajo ciertas condiciones, y en los últimos meses Cuba y Ecuador abrieron la puerta legal también al procedimiento.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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