A finales de enero, el Ejecutivo presentó la Agenda de Productividad, un listado de 46 medidas -entre ellas proyectos de ley y medidas de gestión y administrativas- que tienen por finalidad conseguir que la productividad local vuelva a crecer a un 1,5% anual.
Del total de medidas, varias tenían un foco laboral, y tenían por objetivo hacerse cargo de las falencias del sistema de capacitación y reconversión laboral, potenciando y formando diversas instancias para actualizar la oferta programática de capacitación y, al mismo tiempo, vincularla de forma eficiente con las necesidades de cada región y los sectores productivos.
Tomando esto como principio, y con la descentralización como eje central, este lunes se terminaron de constituir los 16 Consejos Regionales de Capacitación (CRC) -que comenzaron a formarse en julio-, los que tendrán la responsabilidad de establecer un Plan Regional de Capacitación, en el cual se definirá una oferta que se adapta las necesidades de las economías regionales. Este se ejecutará vía becas laborales a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
El rol
Si bien los Consejos Regionales de Capacitación están creados por la Ley 19.518 de Sence de 1997, en el transcurso de los años es una figura que se ha utilizado poco y nada. De hecho, el Consejo Nacional de Capacitación, que también está contemplado en dicha normativa, se conformó por primera vez en julio de este año.
Para dotar de cierta autonomía a estos consejos, en julio el Ministerio del Trabajo transfirió a once Gobiernos Regionales (Gores) la competencia de presidir éstas instancias. Sin embargo, por decisión de algunos Gores que no aceptaron la transferencia, en cinco regiones el espacio seguirá siendo presidido por los Seremis, como el caso de Biobío, O’Higgins, La Araucanía, Coquimbo y Atacama.
Según explica el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, la formación de éstas instancias y su carácter regional permitirá avanzar en la pertinencia de los cursos de capacitación. “La decisión de qué cursos implementar debe basarse en evidencia, para saber cuáles son los cursos con mayor empleabilidad; ser pertinentes regionalmente; y ser acordada tripartitamente entre gobierno, empleadores y trabajadores”.
Con relación al financiamiento, Sence reservó $ 10.000 millones para que los 16 consejos definan las temáticas de capacitación más pertinentes y requeridas por las empresas de la región. Esto implica que, en promedio, cada consejo dispone de $ 600 millones al año aproximadamente para definir en qué capacitar, cifra que podría variar según variables demográficas, económicas y sociales de cada región.
Boccardo detalla que dichos recursos son parte de los excedentes de la franquicia tributaria, es decir, los recursos que las empresas imputan a su tributación anual para el financiamiento o subsidio de la capacitación de sus trabajadores.
“Como una parte de estos recursos reservados para la capacitación no son utilizados por todas las empresas, Sence financia becas sociales o capacitaciones a grupos vulnerables, con el objeto de aumentar su empleabilidad y buscar su inserción sostenible en el mercado laboral”, agrega Boccardo.
Con respecto a los plazos, para este año 2023 los consejos tienen hasta este 30 de septiembre para definir y acordar los cursos que requerirán en un Plan Regional de Capacitación.
Este plan debe ser enviado a las direcciones regionales de Sence, quienes harán la gestión con dicha institución y los Organismos Técnicos Intermediarios para Capacitación (OTIC), para que los cursos sean licitados y adjudicados a los mejores oferentes del mercado en cada región, los que deben estar constituidos como OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación).
“Así, durante 2024 existirán otras ventanas de tiempo para que los Consejos definan el plan regional de capacitación y lo envíen al Sencepara que gestione el inicio de los cursos. Los primeros cursos decididos por los Consejos Regionales de Capacitación deberían comenzar a implementarse desde marzo de 2024”, explica el subsecretario.
El consejo nacional
De forma paralela a los consejos regionales, desde hace unos meses se encuentra en funcionamiento el Consejo Nacional de Capacitación, el cual es presidido por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y que tiene por objetivo definir y elaborar una Política Nacional de Capacitación, la cual deberá ser ejecutada por los Consejos Regionales de Capacitación.
Si bien los consejos regionales funcionarán con total autonomía respecto del nacional, la idea es que puedan nutrir con su perspectiva y sus aprendizajes regionales a lo que se discuta en el Nacional. Así, se espera que anualmente una parte de los cursos de Sence sean definidos por los Consejos Regionales, para aumentar su pertinencia en base a diálogo social, descentralización y evidencia.
Por primera vez desde su creación en 2011, una startup chilena formará parte de Startup Battlefield 200, la competencia de empresas emergentes en TechCrunch Disrupt, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo que se realiza en San Francisco, Estados Unidos.
IC Innovations será una de las 200 compañías en etapa temprana que ha asegurado un espacio para presentar su negocio ante más de 10.000 asistentes, entre los que hay compañías y firmas de venture capital.
Fundada por Vader Johnson y Daniel Hurtado, IC Innovations desarrolló Chaski, un dispositivo que monitorea la respiración de deportistas para generar informes de rendimiento. Este proyecto, un spin-off de la Universidad Católica, ha sido respaldado por Claudio Angelini, Claudio Ulloa, Miguel Sifri, además de un grupo de inversionistas ángeles asociados a Southern Cross, liderados por Jaime Besa, y por la Fundación Copec-UC.
Johnson comentó que, tras ser invitados a postular hace dos meses, recibieron la noticia de su aceptación hace una semana, aunque solo pudieron hacerla pública el jueves.
“Es muy difícil ser aceptado; es un evento con gran exposición donde los inversionistas de Silicon Valley vienen a ver qué está ocurriendo”, explicó Johnson.
Las startups seleccionadas competirán en seis categorías según su vertical de negocio, y 20 de ellas podrán hacer un pitch en el escenario principal del evento, organizado por TechCrunch, un medio estadounidense especializado en tecnología y startups.
La startup ganadora del evento recibirá US$ 100.000, además de la exposición que brinda el evento.
Vader Johnson y Daniel Hurtado, fundadores de IC Innovations.
Expansión y enfoque en longevidad
Johnson y Hurtado también compartieron que ya han comenzado operaciones en Estados Unidos, tras contratar a una jefa de desarrollo de negocio para ese mercado, y están preparando una ronda puente.
“La idea es captar algunos inversionistas ángeles, pensando en que el próximo año planeamos levantar una ronda de venture capital en EEUU”, señaló Johnson.
En ese mercado, están enfocados en cerrar alianzas, como la reciente colaboración con el equipo de ciclismo profesional de Boston, ButcherBox.
Sin embargo, un nicho emergente que han comenzado a explorar es el de la longevidad y la calidad de vida.
“En los últimos tres meses, hemos iniciado conversaciones muy interesantes. Muchas personas están preocupadas por extender al máximo la calidad de vida y lidiar con el envejecimiento”, comentó Hurtado.
Aunque no era su objetivo inicial, Johnson señaló que esta realidad “nos golpeó en la cara”, al descubrir que su dispositivo tiene una aplicación valiosa en este segmento, el cual planean seguir explorando.
“Está muy relacionado con parámetros médicos o clínicos que los deportistas de alto rendimiento miden, y Chaski proporciona esa información, que ahora también está siendo utilizada por la comunidad de longevidad”, afirmó Hurtado.
Los emprendedores han observado un aumento en esta tendencia en EEUU y mencionaron artículos de The New York Times y la revista GQ sobre el tema. También hicieron referencia a Younique, el primer centro de longevidad en Chile, cubierto por DFMAS.
“Es un nicho mucho más grande que el de los deportes de alto rendimiento, y tiene un impacto enorme”, agregó Hurtado.
Actualmente, IC Innovations, que importa las piezas de su dispositivo para ensamblarlas en Chile, cuenta con 30 usuarios activos en Chile, México, Colombia, Costa Rica, España y EE.UU.
La representante nacional del para tenis de mesa, Florencia Pérez, ganó este viernes la cuarta medalla de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un encuentro de semifinales en la categoría WS8 de la disciplina deportiva.
Pese a ser derrotada ante la china Wenjuan Huang, que se impuso en el partido por 11-5, 11-7 y 11-8, la joven de Chillán llega a la historia como la medallista más joven en lograr una presea en los Juegos Olímpicos para Chile, representando al país en Francia con sólo 15 años.
Así, Florencia Pérez concluye su paso por la edición 2024 de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, donde ya había asegurado su medalla en caso de caer en la semifinal, dado que en el para tenis de mesa no existe una definición para el bronce dentro de un partido.
Chile acumula cuatro medallas de bronce en los Juegos Paraolímpicos, luego del brillante rendimiento del nadador Alberto Abarza que ganó tres metálicas en su disciplina.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.