Después de nueve meses en discusión -y exactamente a cuatro meses exactamente para que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema-, esta jornada el Senado votará el proyecto que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
Aunque la semana pasada varios parlamentarios, de oficialismo y oposición, manifestaron que aprobarán la ley en general, aún hay dos puntos en los que no hay acuerdo, y advierten que durante esta jornada el foco estará puesto en ellos.
El primero es el numeral 13 del proyecto -que fue rechazado en la Comisión de Salud del Senado y luego repuesto en la Comisión de Hacienda-, que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes -en algunos casos de hasta 41%- con el fin de lograr el equilibrio financiero de la industria.
Y aunque los parlamentarios coinciden en que es necesaria el alza, pues de lo contrario el sistema de aseguramiento privado no tendría viabilidad financiera, advierten que los cálculos que entregó la Superintendencia de Salud son “injustos para los afiliados, pues los castigaría”, e incluso alertan que “se podría volver a judicializar el sistema”. Por eso, insisten que es necesario fijar un tope.
“Desgraciadamente esta alza no tiene el límite máximo, y por lo tanto, de acuerdo a los estudios de la superintendencia, hay aseguradoras que podrían elevar hasta 41% ese precio base para ajustar su finanza. Entonces, ahí la prevención que hacemos es que no es posible que sea peor el remedio que la enfermedad. No es posible que la gente haya ganado en la justicia y con la ley quede pagando más que antes”, sostuvo el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS).
De todas formas, en la Comisión de Hacienda el Ejecutivo ingresó otra indicación que establece que para que las aseguradoras puedan aplicarlo deberán presentar “una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario, para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.
Esta propuesta, según el texto, será analizada por el Consejo Consultivo que crea la ley y será la Superintendencia de Salud la que tendrá la última palabra sobre si aceptar o no el nuevo plan. Y, en caso de ser rechazada en todas las instancias de apelación y revisión, será justamente el ente fiscalizador el que dictará plazo, cuotas, condiciones de restituciones y manera de notificar a los usuarios, así como las sanciones por incumplimiento.
Igual, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aclaró sus cifras y afirmó que el alza de los precios base sería más baja, por ende no crearía un impacto tan alto en los precios finales de los planes. “Proyectamos que debiese ser menor de lo que establecimos en el informe, porque no están incluidos otros elementos que pueden reducir el alza, como el adelanto de la adecuación del precio base de 2024, los valores de nuevos indicadores y la verificación personal. Con eso en marzo se generará un alza y eso se tiene que restar de la proyección que estamos haciendo”, explicó el regulador.
Y frente a la posibilidad de que este artículo se pudiera caer nuevamente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo conversaciones con diversos parlamentarios, donde ahondó en estas aproximaciones.
Sin embargo, los parlamentarios oficialistas creen que uno de los escenarios más probables es que la ley continúe su tramitación sin que se fije un tope, pues el Ejecutivo no ha ingresado nuevas indicaciones. Eso sí, en la Cámara de Diputados se generará el mismo debate.
“Hoy se vota la ley corta de isapres en el Senado y existen aspectos preocupantes en el proyecto. Sigue considerada la indicación que implica un alza en los precios base, con carga al usuario, que podría llegar a ser del 41%. Es decir, los afiliados pagando las deudas de las isapres. En la Comisión de Salud de la Cámara recibiremos el proyecto con especial atención a este punto si es que se aprueba”, aseguró la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien también preside la Comisión de Salud de la Cámara.
La semana pasada, los senadores de la oposición, a través del senador Sergio Gahona (UDI), repusieron indicaciones que rebajarán la deuda de las isapres, pues asegura que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema. En ese contexto, insistirán con la mutualización –conceptoque se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y riesgos de cubrir a las personas de algún siniestro-, que reduciría el cálculo a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
Eso sí, lo primero que debe hacer la sala es votar si este punto es admisible o no, y para que la mutualización pueda ser válida, se necesitan 25 votos a favor, lo que los senadores de oposición ya advierten que tienen.
Aunque este fue un punto que los expertos -convocados por la Comisión de Salud- propusieron de forma transversal-, el Ejecutivo no incluyó la mutualización en las nuevas indicaciones, pues aseguran que transgrede el artículo 76 de la Constitución, el que recuerda que ni Presidente de la República ni el Congreso pueden desconocer los fallos de la última sala.
Sin embargo, diversos abogados y parlamentarios han manifestado lo contrario y apuntan que es más bien un postura ideológica del gobierno.
En ese contexto, el senador Gahona afirmó que “nosotros entendemos que el gobierno puede estar enamorado de sus cifras por una razón fundamentalmente ideológica, y es que tengo la impresión de que el interés del gobierno es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social. Y lo que están haciendo con sus indicaciones es que esa desaparición sea lenta para poder darles tiempo a ellos de prepararse y fortalecer a Fonasa. El Ejecutivo quiere una muerte lenta de las aseguradoras, pero al final de cuentas quieren una muerte”.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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