Después de nueve meses en discusión -y exactamente a cuatro meses exactamente para que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema-, esta jornada el Senado votará el proyecto que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
Aunque la semana pasada varios parlamentarios, de oficialismo y oposición, manifestaron que aprobarán la ley en general, aún hay dos puntos en los que no hay acuerdo, y advierten que durante esta jornada el foco estará puesto en ellos.
El primero es el numeral 13 del proyecto -que fue rechazado en la Comisión de Salud del Senado y luego repuesto en la Comisión de Hacienda-, que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes -en algunos casos de hasta 41%- con el fin de lograr el equilibrio financiero de la industria.
Y aunque los parlamentarios coinciden en que es necesaria el alza, pues de lo contrario el sistema de aseguramiento privado no tendría viabilidad financiera, advierten que los cálculos que entregó la Superintendencia de Salud son “injustos para los afiliados, pues los castigaría”, e incluso alertan que “se podría volver a judicializar el sistema”. Por eso, insisten que es necesario fijar un tope.
“Desgraciadamente esta alza no tiene el límite máximo, y por lo tanto, de acuerdo a los estudios de la superintendencia, hay aseguradoras que podrían elevar hasta 41% ese precio base para ajustar su finanza. Entonces, ahí la prevención que hacemos es que no es posible que sea peor el remedio que la enfermedad. No es posible que la gente haya ganado en la justicia y con la ley quede pagando más que antes”, sostuvo el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS).
De todas formas, en la Comisión de Hacienda el Ejecutivo ingresó otra indicación que establece que para que las aseguradoras puedan aplicarlo deberán presentar “una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario, para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.
Esta propuesta, según el texto, será analizada por el Consejo Consultivo que crea la ley y será la Superintendencia de Salud la que tendrá la última palabra sobre si aceptar o no el nuevo plan. Y, en caso de ser rechazada en todas las instancias de apelación y revisión, será justamente el ente fiscalizador el que dictará plazo, cuotas, condiciones de restituciones y manera de notificar a los usuarios, así como las sanciones por incumplimiento.
Igual, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aclaró sus cifras y afirmó que el alza de los precios base sería más baja, por ende no crearía un impacto tan alto en los precios finales de los planes. “Proyectamos que debiese ser menor de lo que establecimos en el informe, porque no están incluidos otros elementos que pueden reducir el alza, como el adelanto de la adecuación del precio base de 2024, los valores de nuevos indicadores y la verificación personal. Con eso en marzo se generará un alza y eso se tiene que restar de la proyección que estamos haciendo”, explicó el regulador.
Y frente a la posibilidad de que este artículo se pudiera caer nuevamente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo conversaciones con diversos parlamentarios, donde ahondó en estas aproximaciones.
Sin embargo, los parlamentarios oficialistas creen que uno de los escenarios más probables es que la ley continúe su tramitación sin que se fije un tope, pues el Ejecutivo no ha ingresado nuevas indicaciones. Eso sí, en la Cámara de Diputados se generará el mismo debate.
“Hoy se vota la ley corta de isapres en el Senado y existen aspectos preocupantes en el proyecto. Sigue considerada la indicación que implica un alza en los precios base, con carga al usuario, que podría llegar a ser del 41%. Es decir, los afiliados pagando las deudas de las isapres. En la Comisión de Salud de la Cámara recibiremos el proyecto con especial atención a este punto si es que se aprueba”, aseguró la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien también preside la Comisión de Salud de la Cámara.
La semana pasada, los senadores de la oposición, a través del senador Sergio Gahona (UDI), repusieron indicaciones que rebajarán la deuda de las isapres, pues asegura que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema. En ese contexto, insistirán con la mutualización –conceptoque se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y riesgos de cubrir a las personas de algún siniestro-, que reduciría el cálculo a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
Eso sí, lo primero que debe hacer la sala es votar si este punto es admisible o no, y para que la mutualización pueda ser válida, se necesitan 25 votos a favor, lo que los senadores de oposición ya advierten que tienen.
Aunque este fue un punto que los expertos -convocados por la Comisión de Salud- propusieron de forma transversal-, el Ejecutivo no incluyó la mutualización en las nuevas indicaciones, pues aseguran que transgrede el artículo 76 de la Constitución, el que recuerda que ni Presidente de la República ni el Congreso pueden desconocer los fallos de la última sala.
Sin embargo, diversos abogados y parlamentarios han manifestado lo contrario y apuntan que es más bien un postura ideológica del gobierno.
En ese contexto, el senador Gahona afirmó que “nosotros entendemos que el gobierno puede estar enamorado de sus cifras por una razón fundamentalmente ideológica, y es que tengo la impresión de que el interés del gobierno es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social. Y lo que están haciendo con sus indicaciones es que esa desaparición sea lenta para poder darles tiempo a ellos de prepararse y fortalecer a Fonasa. El Ejecutivo quiere una muerte lenta de las aseguradoras, pero al final de cuentas quieren una muerte”.
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Personal del OS9 de Carabineros detuvo esta jornada a un ciudadano colombiano de 19 años por su presunta participación en dos homicidios registrados este año en la comuna de Estación Central, el último de ellos cometido la madrugada del pasado 11 de septiembre.
Fue por este último hecho, registrado en un servicentro Copec ubicado en la intersección de Av. Alberto Hurtado con 5 de abril, que se logró dar con el paradero del sujeto, tras el análisis de cámaras de seguridad de sector y declaraciones de testigos.
Todo se registró cerca de la 1.00 de la madrugada del miércoles 11 de septiembre, en la citada estación de servicio donde ambos sujetos mantuvieron una discusión, que terminó cuando el agresor hizo uso de un arma blanca, propinándole a la víctima -en situación de calle y de nacionalidad chilena- diversas lesiones que le causaron la muerte en el lugar. Posteriormente, el victimario huyó en dirección desconocida.
Tras el análisis de los videos del cámaras de seguridad del sector, los investigadores ubicaron en Av. Alberto Hurtado con calle Arica, en la misma comuna, a un hombre que reunía similares características al autor del delito, por lo que procedieron a su fiscalización.
Al respecto, el capitán Nicolás Valenzuela, del Departamento OS9, indicó que “en el marco de las diligencias investigativas, los equipos investigadores fiscalizaron a una persona, la cual reunía las características antropométricas y vestimentas del victimario, quien había provocado las lesiones”.
La autoridad policial indicó que en poder del sujeto se encontró un arma blanca, que estaría presuntamente vinculada al homicidio, por lo que fue detenido.
Cabe destacar que, el imputado también se encuentra vinculado a un homicidio ocurrido el pasado 16 de marzo del presente año en las cercanías de ese mismo lugar, específicamente en la Av. Alberto Hurtado, donde un hombre NN en situación de calle resultó fallecido por lesiones con arma blanca.
Al respecto, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que “hay numerosa evidencia que pudo ser recabada, como imágenes de video de ambos homicidios -del 16 de marzo y del 11 de septiembre- y se le formalizó el día de hoy por dos delitos de homicidio simple”, así como por porte flagrante de arma blanca.
El detenido, que se encuentra en situación migratoria irregular y que cuenta con antecedentes policiales por robo con intimidación y ocultación de identidad, quedó en prisión preventiva, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.
El gobierno venezolano llamó a consultas a su embajadora en España, así como al representante de ese país europeo acreditado en la nación latinoamericana, dijo este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, lo que intensificó una disputa diplomática luego de que el Congreso español reconoció al excandidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.
Gil, en una publicación en la plataforma de mensajería Telegram, citó como “insolentes, injerencistas y groseras” las declaraciones dadas por la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien calificó al régimen chavista de “dictadura”.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española Margarita Robles, que apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países, ha decidido llamar a consultas a la embajadora venezolana acreditada ante el Reino de España, Gladys Gutiérrez; a la vez que ha citado al Embajador español acreditado en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el día viernes 13 de septiembre en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores”, indicó el canciller venezolano.
Las relaciones entre ambos países se han vuelto tensas desde que el gobierno de Pedro Sánchez decidiera no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral dio ganador a Maduro.
Este jueves, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con Edmundo González, en Madrid, un día después que el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta del Partido Popular para que el Gobierno de ese país reconozca al líder opositor, como presidente electo de Venezuela. La moción fue apoyada por Vox, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la Coalición Canaria (CC).
La oposición venezolana ha publicado un recuento detallado de los votos que indica una victoria contundente del exabanderado de la Plataforma Unitaria Democrática.
Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que no ha publicado la totalidad de las actas electorales, declaró como ganador al actual presidente Nicolás Maduro.
El gobernante chavista ha restado importancia a las críticas internacionales, calificándolas de complot de la Derecha encabezada por Estados Unidos.
Un sismo de magnitud 4,4 ML se registró esta noche en la Región de Antofagasta, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Según se indicó, el movimiento, registrado a las 23.03 de este jueves, tuvo su epicentro a 56 kilómetros al sudeste de la localidad de Socaire, emplazada a 86 kilómetros de San Pedro de Atacama.
En tanto, su hipocentro se estableció a una profundidad de 231 kilómetros.
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