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Economia

BancoEstado consigue victoria en disputa con Khipu ante la Corte Suprema

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Ocho meses después de que se iniciara la batalla judicial entre Khipu y BancoEstado luego de que este último actor implementara una serie de políticas informáticas para proteger sus operaciones y que derivaron en un bloqueo de las transacciones que pretendía realizar la empresa FinTech, ayer la Sala Tercera del Supremo Tribunal resolvió el asunto.

La máxima instancia, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Angela Vivanco, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y el abogado vocal Pedro Aguila, Por unanimidad decidieron fallar a favor de BancoEstado y rechazar el recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago interpuesto por Khipu.

Según los últimos escritos presentados por el caso ante la Corte Suprema, la FinTech enfocada en medios de pago dejó en claro que había una “Bloqueo unilateral e injustificado a BancoEstado respecto de las operaciones que Khipu prestaba a sus clientes comunes, violando garantías constitucionales sin previo aviso ni motivo”.

Esto ocurrió el 1 de agosto de 2021 cuando BancoEstado modificó la configuración de su sistema antibot, eliminando aquellas partes que permitían operar a Khipu, lo que bloqueaba el servicio de cobro electrónico que ofrecía la firma tecnológica.

Los mismos antecedentes sostuvieron que BancoEstado habría intentado endosar obligaciones a Khipu en las operaciones que realizó en el marco de la Ley de Responsabilidad Antifraude.

Cabe recordar que este marco legal obliga a los bancos a devolver a sus clientes los fondos de las operaciones que niegan haber realizado, sin perjuicio de repetir posteriormente contra quien corresponda.

La defensa de BancoEstado

Los abogados de BancoEstado respondieron ante la Corte Suprema recordando que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de amparo.

La Corte de Apelaciones resolvió que “en este caso existe una controversia sobre las condiciones necesarias para que Khipu y Banco Estado operen coordinadamente, respecto de lo cual los involucrados han intentado, en dos oportunidades, resolverla mediante un acuerdo, sin resultados, que no pueden ser resueltas por medio de este arbitraje”

BancoEstado argumentó que Khipu no tiene ningún derecho frente a la empresa estatal y que, además, “Estamos ante un conflicto de carácter contractual”.

La firma estatal que ahora preside Jessica López señaló que Khipu buscaba “debilitar o moderar las medidas de ciberseguridad que ha implementado BancoEstado de manera general, previa y no discriminatoria, con el fin de beneficiarse indebidamente”.

Él comentó que “Nunca ha pretendido trasladar a Khipu su responsabilidad legal frente a sus clientes, sino que asuma su responsabilidad frente a nuestro cliente por los ilícitos que se verifiquen a través de sus plataformas”.

Agregó que Khipu “se vio obligado a admitir que actualmente está operando su pasarela de pagos con clientes de BancoEstado, lo que demuestra no solo que su recurso de protección ha perdido su oportunidad, sino que le bastó a la demandante actualizar sus sistemas de tal manera que no violar los sistemas de seguridad adoptada por el banco, para que pudiera superar los inconvenientes que pudiera generar la implementación del sistema anti-bot de la empresa Akamai”.

reacciones

El CEO de Khipu, Roberto Opazo, dijo DF qué “La sentencia nos parece lamentable porque desde el punto de vista jurídico, tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema interpretaron que no se justifica resolver la arbitrariedad del antibot de BancoEstado a través de un recurso de protección, que es una figura reservada a la violación de las garantías constitucionales.

Señaló que las instancias judiciales “yoInterpretaron que el conflicto se trata de una negociación contractual entre particulares. Dado que los clientes de BancoEstado pueden utilizar los servicios de Khipu desde 2013, ejerciendo libremente sus derechos de propiedad sobre los datos y sus fondos, sin que exista un contrato entre Khipu y el banco, nos parece un error”.

Opazo argumentó que “Si fuera por el Poder Judicial, Khipu habría quebrado” y destacó que “afortunadamente, anteriormente tuvimos éxito en desarrollar una tecnología que hace que nuestras transacciones sean indistinguibles del antibot de BancoEstado, por lo que ya no nos bloquea”.

Detalló que “En la práctica, el banco demostró que Khipu es una empresa con tecnología compatible con los antibots más robustos del mercado, lo que nos deja en posición de ofrecer una propuesta de valor que no puede depender de que cada banco decida si les gusta que sus clientes elijan pagar con Khipu”.

El ejecutivo indicó que están pasando página y que “nos vamos a concentrar en nuestro negocio, con mucho foco en la implementación de más servicios basados ​​en raspado web”.

reflejado que “Las empresas necesitan interconectar sus sistemas y en una red del tamaño de Internet ya no se puede pensar que la integración entre sistemas se va a hacer con los viejos mecanismos, como las interfaces de programación, que son muy buenas, pero la capacidad del mercado para el desarrollo no es suficiente para eso”.

Agregó que “es necesario complementar raspado webque son los mismos protocolos de seguridad y comunicaciones diseñados para personas, pero utilizados por sistemas que brindan servicios de valor agregado”.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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Economia

A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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Economia

El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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