La crisis del Covid-19 puso en evidencia cómo en los últimos años la accesibilidad de la vivienda ha ido disminuyendo y han aumentado las condiciones de hacinamiento de los hogares más vulnerables.
Bajo esta premisa es que investigadores de la Universidad de Michigan decidieron estudiar el impacto que tuvo la expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por su sigla en inglés) que aplicó Estados Unidos en 2021 y aumentó el beneficio a US$ 3.600 por hijos menores de seis años y de US$ 3.000 para los de seis a 17 años de familiar sin ingresos o de ingresos muy bajos.
“Descubrimos que recibir el crédito mensual mejora la asequibilidad de la vivienda; específicamente, reduce la probabilidad de que los padres se muden debido a dificultades para pagar el arriendo o las hipotecas, y reduce la probabilidad y el monto de arriendos o hipotecas atrasados”, explica la coautora del estudio y profesora de la U. de Michigan, Natasha V. Pilkauskas.
Así, el estudio midió a cinco millones de usuarios durante junio de 2021 hasta enero de 2022 y concluyó que, en promedio, hubo un 11% que informó un cambio en su situación de vida, es decir, se registraron ajustes en la composición del hogar y traslados a nuevos hogares.
Al mismo tiempo, hubo una disminución del 13% en las probabilidades de que las familias tuvieran que mudarse debido a problemas de pago y una caída de 3% en la probabilidad de adeudar arriendos o hipotecas vencidas.
No obstante, uno de los mayores cambios, reporta Pilkauskas, fue que el beneficio estatal no afectó la corresidencia multigeneracional -es decir, vivir con los padres-, pero sí redujo la proporción de madres que viven con una pareja.
“Creemos que esto sugiere que tal vez debido a limitaciones financieras las madres todavía vivían con exparejas -o tal vez vivían con parejas con las que no eran particularmente serias – y el dinero les permitió mudarse o hacer que sus parejas/ex parejas se mudaran afuera”, explica la economista.
Agregando que “en general, encontramos que el crédito redujo el tamaño total del hogar, impulsado por la independencia de los padres de sus parejas”.
También, en el detalle por etnia y raza, se reveló que los padres hispanos que recibieron el CTC tenían cerca de 5 puntos porcentuales (pp.) más de probabilidades de experimentar cambios en su situación de vida y 5,5 pp. menos de probabilidades de vivir en pareja.
En tanto, aquellos de raza afroamericana tenían dos veces más probabilidades que los encuestados de raza blanca de informar de posibles mudanzas por las dificultades para pagar el alquiler o las hipotecas (y alrededor de 1,2 veces más probabilidades de adeudarlas.
¿Y en Chile?
Para Gonzalo Iberti, director del Magíster de Finanzas e Inversiones de la Universidad Diego Portales, el caso del CTC en EEUU muestra cómo una política pública focalizada puede tener impactos muy favorables en la población más vulnerable, sin correr el riesgo de que se creen externalidades negativas en otros estratos sociales.
En el caso de aplicar una política similar en Chile, el economista explica que sería más complejo. Esto ya que más del 70% de los contribuyentes están en el primer tramo del Global Complementario y quedan exentos de impuesto a la renta, por tanto, cualquier subsidio tributario afectará a hogares con rentas mensualizadas por casi $ 800 mil.
“Lo que sería un poco contradictorio, ya que se aplicaría a hogares con más ingresos, y con mayores holguras para enfrentar dificultades, y los que probablemente tengan un bien raíz que no presente problemas de hacinamiento”, dice.
Sin embargo, apunta a que “podría ser medianamente factible si la subvención tributaria fuera vía impuestos indirectos, con el IVA, que grava directamente el consumo, y es más regresivo para los hogares de menores ingresos”.
Pero, precisa que quizás no tendría un impacto tan positivo como el que muestra el estudio. “Además, al ser un impuesto indirecto, se hace más complejo focalizar la política pública en hogares de menores ingresos”, dice.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.