BlackRock triplicó con creces su gasto en seguridad del hogar para Larry Fink el año pasado, después de que el presidente y CEO del gestor de activos se convirtiera en un objetivo para los activistas “anti-woke” y los teóricos de las conspiraciones.
La firma que administra US$ 10,5 billones pagó US$ 563.513 para “actualizar los sistemas de seguridad del hogar” en las residencias de Fink durante 2023, además de US$ 216.837 de protección por parte de guardaespaldas, según la divulgación de BlackRock sobre la compensación ejecutiva en su poder presentado a principios de este mes.
El director de 71 años del money manager más grande del mundo ha sido señalado por conservacionistas y grupos más extremos como parte de una reacción contra el uso que hace BlackRock de inversiones basadas en factores ambientales, sociales y de gobernanza.
BlackRock fue mencionado repetidamente en los debates electorales de la temporada primaria entre los rivales de Donald Trump por la nominación presidencial del Partido Republicano.
Fink dijo en ese momento que las referencias al debate eran “un comentario triste sobre el estado de la política estadounidense”. Las oficinas de BlackRock también han sido objetivo de protestas periódicas por parte de activistas climáticos que dicen que no ha hecho lo suficiente para promover la descarbonización.
No sólo BlackRock
En 2022, el gestor de activos estableció planes de seguridad personales para Fink y el presidente de BlackRock, Robert Kapito, tras un informe de seguridad elaborado por un grupo de seguridad. La empresa dijo que los servicios de seguridad eran “de interés para la empresa y sus accionistas”, debido al “valor crítico” que aportaba la pareja.
BlackRock no es la única empresa estadounidense que ha aumentado el gasto en seguridad de su CEO.
El paquete de compensación para 2023 del jefe de Disney, Bob Iger, incluía US$ 1,2 millones en costos por “servicios y equipos de seguridad”, dijo el grupo de entretenimiento en un documento presentado a principios de este año. Eso fue un aumento de US$ $830.437 el año anterior. Iger regresó al cargo de director ejecutivo en noviembre de 2022 en un momento en que Disney estaba siendo fuertemente criticada por estar “demasiado despierta”.
Los grupos farmacéuticos Pfizer y Moderna, que han enfrentado críticas de grupos extremos por sus vacunas Covid-19, también gastaron mucho en seguridad para sus directores ejecutivos el año pasado. Moderna pagó US$ 1.053.767 por servicios de seguridad a Stéphane Bancel, después de no revelar ningún pago de seguridad para él el año anterior.
Pfizer pagó US$ 789.495 de “protección de seguridad adicional” para su director ejecutivo, Albert Bourla, citando “mayores riesgos de seguridad, incluidas amenazas contra nuestros ejecutivos”. Había gastado US$ 800.687 en 2022. El grupo dijo que los pagos cubrían “sistemas de seguridad domésticos apropiados”, así como consultoría de seguridad y otros servicios.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, recibió US$ 150.645 “por el costo de residencia, viajes personales y seguridad relacionada” durante 2023, casi cuatro veces más que el año anterior. El prestamista dijo que la última cifra incluía “gastos únicos relacionados con instalaciones y actualizaciones del sistema”.
David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, recibió US$ 29.990 para seguridad personal durante el año, frente a US$ 31.610 en 2022.
El fabricante de automóviles eléctricos Tesla registró gastos de alrededor de US$ 2,4 millones para su CEO, Elon Musk, en 2023, y se gastaron otros US$ 500.000 en los dos primeros meses de este año.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.