Este martes 16 de julio el Presidente Gabriel Boric viajará a Paraguay para su primera visita oficial a ese país acompañado de un grupo de parlamentarios y empresarios entre los que se cuentan la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y el timonel de Asimet, Fernando García.
El miércoles 17 de julio, el mandatario comenzará sus actividades en Asunción encabezando junto a su par de Paraguay Santiago Peña, el encuentro empresarial Chile-Paraguay en el Banco Central de ese país, donde se abordarán las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.
Posteriormente, realizará una visita oficial al Palacio López, donde recibirá honores militares y sostendrá dos reuniones: una bilateral con el mandatario paraguayo; y luego una reunión ampliada, donde participarán ministros de Estado de ambos países, y el embajador de Chile en Paraguay, Guillermo Bittelman.
El mandatario chileno participará de una sesión de honor en el Congreso de la Nación, donde realizará un discurso frente a parlamentarios paraguayos.
Boric viajará junto al canciller, Alberto van Klaveren; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
La delegación empresarial, además de la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y el presidente Asimet, Fernando García, la integrarán la gerente general de Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB), Katharina Arroyo; y el gerente general del Puerto de Antofagasta, Carlos Escobar.
Horas clave vive en el Senado la tramitación de la iniciativa que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes o, también conocido como proyecto antievasión y elusión.
Este martes, el Ejecutivo prevé ingresar un nuevo paquete de indicaciones en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, con foco en dos temas controversiales y donde se logró un acuerdo entre el oficialismo y la oposición: la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA); y una nueva gobernanza para el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Los detalles de las enmiendas fueron abordados en una última reunión entre los asesores de los senadores y sus contrapartes de Teatinos 120 en la tarde de ayer.
Otro de los cambios donde hubo consenso entre Ejecutivo y Legislativo es eliminar la exención de IVA que hoy beneficia a las importaciones de mercancías por un valor de hasta US$ 41.
Si bien hasta el minuto hay amplio acuerdo, hay una serie de materias que no serán parte del consenso y donde el Ejecutivo presentaría enmiendas y cuyo destino sería decidido “artículo por artículo” en la comisión de Hacienda.
Estos se refieren al polémico artículo 27 bis para inversión en activo fijo, y los ajustes que propone el Ejecutivo a los impuestos a herencias y donaciones.
El 27 bis es un mecanismo que rige la devolución de IVA pagado en la adquisición de activos fijos. Hoy, dicho proceso puede tomar décadas, por lo que Hacienda propuso acotar el plazo de devolución a entre 10 y 15 años. La oposición explicitó su rechazo, ya que es un incentivo que se utiliza principalmente en el sector de la construcción, hoy uno de los más golpeados. Las partes acordaron sacar este tema del proyecto de cumplimiento y analizarlo en otra iniciativa legal.
En cuanto a herencias y donaciones, el Ejecutivo busca modificar la forma de calcular y de tasar los bienes hereditarios, además de volver a aplicar impuesto a las donaciones revocables (transferencias de bienes que realiza una persona en vida a sus herederos y que se confirman al momento de fallecer, pero que se pueden dejar sin efecto antes de su deceso) y gravar las transferencias de propiedades DFL-2.
Todo esto ha sido resentido por los representantes de la oposición en la mesa técnica, por lo que hasta el minuto se vislumbra que no habrá acuerdo en la materia.
Lo que ingresará hoy
Según distintas fuentes, las indicaciones que se presentarán implican mantener la NGA en sede judicial, como opera hoy. O sea, que si el SII quiere declarar un acto como elusivo, debe pasar primero por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). El proyecto original establecía que el director del servicio podía declarar el acto elusivo y el contribuyente defenderse en tribunales.
Eso sí, las partes acordaron cambios a las normas de aplicación y mejoras procedimentales en la NGA que harían más fácil su aplicación.
Por ejemplo, se negocian modificaciones a los plazos de prescripción para los hechos que puedan ser revisados por la NGA. Hoy, dicho plazo oscila entre tres y seis años. En el proyecto original del Ejecutivo se ampliaba de forma relevante, al tomar como base para contabilizar el período de prescripción la última operación, de un conjunto de hechos, que pudieran considerarse como elusivos por el servicio. La oposición consideraba esto como excesivo.
En la mesa técnica, el Ejecutivo propuso que los hechos sancionables pudieran tener data de hasta 10 años, mientras que la oposición puso seis años sobre la mesa. El acuerdo apunta en esta última línea, lo que de todas formas es mayor a lo que existe actualmente.
Nuevos comités
En cuanto a la gobernanza del SII, se mantiene la dirección unipersonal a cargo del director, quien será designado por Alta Dirección Pública (ADP) y no podrá ser removido como parte de los 12 cargos que cada Gobierno puede designar directamente en sus primeros seis meses de administración.
Eso sí, se crean nuevas instancias: se establece con rango legal el Comité Antielusión (hoy existe vía resolución), que deberá definir en conjunto con el titular del SII si un caso amerita ser llevado a tribunales. Su opinión será consultiva y lo integrarán los titulares de las subdirecciones de Jurídica, Normativa y Fiscalización del SII, que a su vez serán designados por ADP.
Asimismo, se crea un consejo externo que tendrá opinión vinculante sobre la juridicidad de algunas circulares y que podrá opinar sobre los planes de fiscalización del SII. El acuerdo es que sean cuatro miembros, necesitando el acuerdo de tres para rechazar una propuesta del titular del SII. Serán nombrados vía ADP y su período será de cinco años en el cargo. Las renovaciones serán parciales y los consejeros tendrán inhabilidades, como no tener casos vigentes ante el SII ni asesorar a contribuyentes durante su período como consejeros.
Exención a importaciones de bajo monto
Otro de los cambios donde hubo acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo es eliminar la exención de IVA que hoy beneficia a las importaciones de mercancías por un valor de hasta US$ 41.
El diagnóstico en el Gobierno es que este mecanismo se estaba utilizando de manera incorrecta para abastecer el comercio informal, ya que muchas personas realizan compras desde el exterior fraccionadas para aprovecharse del beneficio.
A cambio de esto, el Ejecutivo se abrió a crear una exención de aranceles para la importación de mercancías, con un techo de hasta US$ 500 por unidad. Eso sí, con controles, como exigirse el uso de tarjetas de crédito o débito o poner un límite a la cantidad de compras afectas al beneficio.
Un hito que mantenía expectante al sector energético era el inminente ingreso del proyecto de ley que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y sumar así US$ 900 millones para cubrir los años 2024 al 2026.
A casi dos meses después de su anuncio, ayer el Gobierno ingresó con urgencia el proyecto de ley al Congreso que busca mitigar las alzas en las cuentas de la luz a la totalidad del 40% de los hogares más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de familias que involucran a cerca de 10 millones de personas.
“Estamos tratando de apretar lo máximo posible la calendarización (…) La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado”.
El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “esperamos una tramitación expedita”. Más concretamente, dijo que “estamos tratando de apretar lo máximo posible la calendarización (…) La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado”.
“Idealmente buscamos tramitarlo antes de que venga la nueva alza de la tarifa eléctrica en octubre, pero obviamente eso va a depender de los tiempos de tramitación legislativa. Este es un proyecto que busca movilizar cerca de US$ 900 millones y es natural que genere discusión de parte de los sectores productivos que se van a ver más afectados con estos mecanismos de recaudación”, indicó el secretario de Estado.
Ministro de Energía, Diego Pardow. Foto: agencia Uno
Financiamiento
Los principales objetivos del proyecto de ley están puestos en aumentar la cobertura del subsidio y extender su duración hasta el 2027, además del perfeccionamiento de las facultades de la SEC para mejorar la calidad del servicio de clientes.
El texto contempla tres nuevas fuentes de financiamiento. De éstas, destacó los aportes de los cargos por retiros de energía, que al año entregarán US$ 150 millones, la mitad de todo el subsidio eléctrico.
Esto considera un cargo transitorio durante los años 2025 al 2027, imputado a todos los retiros de energía del Sistema Eléctrico Nacional, cuya recaudación será destinada a aumentar la cobertura al subsidio eléctrico.
Este pago por retiro no recae solamente en los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) donde si bien no se modificaría el precio estabilizado de estas unidades, se mantendría la lógica de que se sumen al esfuerzo de recaudación a través de un cargo a sus ingresos.
Junto a ello, el Gobierno propuso un aumento temporal al impuesto al carbono y así duplicar durante los años de vigencia del subsidio la tasa del impuesto verde de US$ 5 por tonelada de CO2 a US$ 10 por tonelada de CO2 equivalente. Con esto, se proyecta que las recaudaciones sobre emisiones CO2 gravadas para los períodos operacionales 2024, 2025 y 2026 serán en torno a US$ 70 millones.
Por otro lado, el Ejecutivo planteó como otro pilar de financiamiento la recaudación del IVA neto originado por el alza de las tarifas eléctricas, la cual es de aproximadamente US$ 80 millones.
Facultades de la SEC
El proyecto de subsidio eléctrico no sólo cuenta con dichos pilares. También, en medio de la contingencia de los extensos cortes de luz que afectaron a gran parte de la zona central, el Gobierno dio a conocer que a través de este articulado se incorporarán mayores multas para las empresas eléctricas por infringir la calidad del servicio y un aumento en las compensaciones a los usuarios.
Esto, para dar señales inmediatas y no esperar el ingreso del proyecto de fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que aún no tiene fecha de presentación.
“Hay un diagnóstico transversal de que las multas son muy bajas y también hay un diagnóstico transversal de que las compensaciones son muy bajas. Ambas son duplicadas en el proyecto de ley”, sostuvo el ministro de Energía.
Así, según especifica el documento, para las infracciones “gravísimas”, su monto se eleva de 10.000 a 20.000 Unidad Tributaria Anual (UTA) lo que equivale a unos $ 16.000 millones; para las “graves” el monto se eleva de 5.000 a 10.000 UTA y para las leves, su monto se eleva de 500 a 1.000 UTA.
Otro tema incluido en el proyecto busca disminuir las tarifas eléctricas para MiPymes y los servicios de agua potable rural, con la creación de bolsas de precio preferente de energía que permita disminuir el precio de la electricidad.
Frente a esto y en relación a las ideas del proyecto de ley presentadas por el Gobierno en materia de subsidio, desde el gremio Generadoras de Chile señalaron que “la fórmula presentada por el Gobierno afecta la predictibilidad regulatoria necesaria de una industria que es estratégica para el desarrollo y la reactivación económica que Chile requiere y que las personas ansían”.
Además, agregaron que “esta propuesta recarga la responsabilidad del financiamiento en los mismos actores que, durante cuatro años, asumieron el costo de sus contratos adjudicados por el Estado de Chile”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Rafael Loyola, sostuvo que “creemos que, en cuanto a los PMGD, el proyecto omite abordar el tema de fondo, que es cómo terminar de forma razonable con el actual subsidio cruzado que distorsiona el precio de la energía a los clientes, ya que, a nuestro juicio, deberían salir a competir como cualquier otro generador”.