Quedan menos de 60 días para que los ciudadanos acudan a las urnas el 4 de septiembre para elegir entre aprobar o rechazar la nueva Constitución. Cadem realizó un especial para abordar, precisamente, la percepción de la ciudadanía sobre temas políticos y económicos clave del debate, que fue respondido por 2.614 personas vía correo electrónico, entre el 28 de abril y el 2 de mayo.
“La opinión pública frente a las propuestas constitucionales” es el título de la encuesta, que reveló que las tres cuartas partes prefieren que la nueva Constitución establezca que las personas podrán elegir entre una entidad pública y una privada para gestionar sus aportes a la seguridad social y la salud, frente a la existencia exclusiva de una opción estatal. Ello, ad portas que esta semana el Pleno dirimirá los restantes debates sobre derechos sociales.
“La opinión pública espera que este derecho de propiedad sea reconocido de la misma manera que se están reconociendo los derechos sociales garantizados”, dice Izikson.
El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, explica que el ejercicio redunda en “el fortalecimiento del derecho que tienen los chilenos a poder elegir”, refiriéndose precisamente a la seguridad social y la salud.
La encuesta también refleja que más del 60% de los participantes se inclina por que, además de consagrar en la Carta Magna el derecho a una vivienda digna, se especifica que el Estado permite considerar aristas como habitabilidad, espacio, seguridad y relevancia cultural, entre otros.
A juicio de Izikson, el apoyo de más del 80% que tenía “aprobación” en octubre de 2020 responde a dos cuestiones. “Por un lado tener una nueva Constitución, nacida en democracia, y por otro lado la garantía de los derechos sociales, y yo creo que este derecho a la vivienda está asociado a eso, a que es necesario que el Estado garantice ciertos derechos sociales en la vivienda, en la educación, en la salud”, señala.
Propiedad y expropiación
Un tema que los agentes económicos han seguido con especial atención es el que se refiere a la propiedad privada. La encuesta revela una marcada preferencia por que la Constitución establezca un “derecho de propiedad fuerte”, y que el Parlamento sólo puede establecer ciertas restricciones y excepciones. Esto se complementa con el hecho de que la muestra es más favorable a que los detalles sobre las expropiaciones están consagrados en la Carta Magna, y no a nivel de ley.
“Probablemente, lo que espera la opinión pública chilena es que se reconozca este derecho de propiedad de la misma manera que se están reconociendo los derechos sociales garantizados, que es otro anhelo importante”, dice Izikson.
El experto detalla que este reconocimiento del derecho de propiedad “implica que si va a haber expropiaciones, no se basan en un precio justo, sino en un precio establecido por el mercado, y las formas de pago de esa expropiación son debidamente establecido. ”. A su juicio, el derecho de propiedad tiene una “doble condición”. “Por un lado es proteger mi patrimonio y por otro lado proteger el emprendimiento, la iniciativa privada, el rol del sector privado en el modelo económico de Chile y la libertad de las personas para poder elegir entre diferentes alternativas”, dijo. subraya
Los jefes de Defensa de China y Estados Unidos se acusaron mutuamente de las tensiones entre las dos superpotencias durante un foro de seguridad que concluyó este domingo en Singapur sin diálogo directo entre las dos partes, mientras barcos de los dos países casi chocan en el Estrecho de Taiwán. .
Según informa EFE, el Shangri-La Dialogue -el foro anual de seguridad más importante de Asia- finalizó hoy sin que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, presentes en la conferencia, se sentaran a dialogar. , como había ocurrido entre representantes de ambos partidos en ediciones anteriores.
Beijing había negado la solicitud de Washington de que los dos se reunieran en Singapur el lunes, y culpó de la decisión a Estados Unidos, que sancionó a Li en 2018 tras acusarlo de comprar armas a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.
Entonces, Li y Austin no intercambiaron más que un breve saludo y un apretón de manos en público en la cena de apertura del viernes.cuando compartieron mesa, además de escuchar las recriminaciones que ambos se dedicaron cuando subieron al podio a pronunciar discursos por separado, el estadounidense el sábado y el chino este domingo.
En su discurso, Li dijo el jueves que su país está “abierto” a la comunicación con la parte estadounidense, pero subrayó que “si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo“, un día después de que Austin instó a su homólogo chino a hablar para “evitar errores de cálculo que conduzcan a un conflicto”.
Incidente en el Estrecho de Taiwán
Unos comentarios que coincidieron con un nuevo episodio de tensión en el Estrecho de Taiwán, donde un buque militar chino maniobró el sábado a escasos 137 metros del destructor estadounidense USS Chung-Hoon, mientras realizaba maniobras conjuntas con la Armada canadiense, evitando una colisión in extremis. .
EE.UU. y Canadá dicen que estaban en aguas internacionales, mientras que Pekín insiste en que esas son sus aguas territoriales, y en un comunicado, el portavoz del Comando Oriental del Ejército chino, Shi Yi, defendió que las fuerzas chinas actuaron dentro de la legalidad. .
Preguntado por el incidente, Li denunció hoy que “No se trata de viajes inocentes, sino de provocaciones“y reiteró la posición de China sobre Taiwán, una isla autónoma que Beijing ha considerado una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se retiraron allí en 1949 después de perder la guerra civil.
Combinando el tono firme con la reafirmación de que China busca la reunificación “pacífica”, el ministro subrayó que su país “no promete ceder la fuerza” para apoderarse de Taiwán si surgen provocaciones, reiterando que “depende de China decidir cómo resolver ” el asunto.
Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, que abastece de armamento a la isla y en principio la defendería en caso de ataque, había afirmado el sábado que su país “cContinuará oponiéndose categóricamente a un cambio del statu quo (de Taiwán) por cualquiera de las partes.“.
“No buscamos el conflicto o la confrontación, pero no flaquearemos ante la coerción o el abuso”, agregó, haciéndose eco de Li.
La titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones de la presidenta (S) de la Sala Tercera y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dijo que hay que devolver los excedentes de las isapres solo “a las personas que demandaron”: “Esto es una novedad (…) Lo que se debe hacer, a través de la Superintendencia (de Salud), es pedir aclaraciones sobre el alcance de estas declaraciones”.
Las declaraciones fueron realizadas a través de una entrevista, por lo que corresponde solicitar un recurso de aclaración formal, dijo. Agregó que el Gobierno ha pedido previamente aclaraciones, pero no sobre este asunto en particular, porque “no parecía haber duda”.
Eso sí, aclaró que esto “no altera el rumbo del proyecto presentado por el Ejecutivo”, porque “no habla de montos, sino de mecanismos que se utilizarán para el pago de los montos correspondientes”.
En este sentido, la ministra aseguró que “estamos dispuestos a conversar, pero sí hay que tener en cuenta algunos principios como que cualquier modalidad que busquemos para que lo que ordena el juzgado se pague no se basa en impedir que se pague”. pagado o haciendo una especie de ‘lo siento'”.
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Y apuntó: “Buscamos que sea de pago, pero sin que el sistema sea inviable”, porque “no queremos que las personas afiliadas al sistema queden desprotegidas”.
En medio del debate por la situación financiera de las isapres, luego de que se emitiera un fallo que obliga a las aseguradoras a devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados y el gobierno propusiera un proyecto de ley abreviado para cumplirlo, el presidente (S) de la Sala Tercera y portavoz del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco, explicó los alcances del dictamen.
El ministro afirmó en entrevista con La Tercera que élLos excedentes deben devolverse solo a quienes demandaron. “ASi nunca ha demandado, no tiene nada que cobrar. Los excedentes que tienen que devolver las isapres son para las personas que demandaron”. Eso sí, aclaró que “el resto de los afiliados, a partir de esta sentencia, pueden exigir que se ajusten sus planes en adelante”.
El ministro explicó que desconocían el impacto económico que tendría ni a cuántas personas beneficiaría. “A nosotros Cuando dimos la extensión del plazo, fuimos claros en decir que estos estudios nunca nos habían sido presentados, cuál era el universo sobre el que se calculaban y cómo se calculaba.Eso nunca se nos presentó. Tampoco nos ha hecho ninguna pregunta ningún titular de estos procesos, es decir, ni la Superintendencia, ni las isapres”.
Sobre los cálculos de que el fallo favorecería a 700.000 afiliados, dijo que “es un número similar a los que han demandado, pero ese es un cálculo que solo te puedo decir en base a lo que hemos recibido a través de los medios”.
El ministro enfatizó que no estaban al tanto del costo de la resolución, porque “Son los titulares quienes deben hacernos conscientes de los costos que esto significa y en qué medida esos costos concuerdan o no con nuestra decisión. No podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no depende de nosotros”.
Vivanco también defendió la labor de los jueces y prestó atención al tono de las críticas que han recibido. “No es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se les llame a no cumplir sentencias judiciales cuando molestan. parece muy serio Y digo esto tanto si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre la detención de una persona, como si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre una industria que paga excedentes o si se respetan las normas ambientales”.
El magistrado afirmó que respetan el cumplimiento de la Constitución, “y La Constitución contempla a la fecha la prestación mixta de servicios, y esto se da en educación, seguridad social, salud, etc.No tenemos animosidad ni tenemos especial simpatía por ninguna industria. eso quiere decir que vamos a fallar a su favor o en contra y lo único que hemos hecho es analizar los antecedentes jurídicos que se nos exponen, hacernos cargo de una situación de extrema judicialización”.
Asimismo, dijo que no son los verdugos de las industrias. “SSi las isapres o cualquier industria, no importa, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho de expresarlo así. y la autoridad sectorial tendrá que considerarlo así, porque esta sentencia nunca ha pretendido que la salud privada deje de existir. Si deja de existir la sanidad privada, no será por mandato ni por orden de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales”.