Quedan menos de 60 días para que los ciudadanos acudan a las urnas el 4 de septiembre para elegir entre aprobar o rechazar la nueva Constitución. Cadem realizó un especial para abordar, precisamente, la percepción de la ciudadanía sobre temas políticos y económicos clave del debate, que fue respondido por 2.614 personas vía correo electrónico, entre el 28 de abril y el 2 de mayo.

“La opinión pública frente a las propuestas constitucionales” es el título de la encuesta, que reveló que las tres cuartas partes prefieren que la nueva Constitución establezca que las personas podrán elegir entre una entidad pública y una privada para gestionar sus aportes a la seguridad social y la salud, frente a la existencia exclusiva de una opción estatal. Ello, ad portas que esta semana el Pleno dirimirá los restantes debates sobre derechos sociales.

“La opinión pública espera que este derecho de propiedad sea reconocido de la misma manera que se están reconociendo los derechos sociales garantizados”, dice Izikson.

El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, explica que el ejercicio redunda en “el fortalecimiento del derecho que tienen los chilenos a poder elegir”, refiriéndose precisamente a la seguridad social y la salud.

La encuesta también refleja que más del 60% de los participantes se inclina por que, además de consagrar en la Carta Magna el derecho a una vivienda digna, se especifica que el Estado permite considerar aristas como habitabilidad, espacio, seguridad y relevancia cultural, entre otros.

A juicio de Izikson, el apoyo de más del 80% que tenía “aprobación” en octubre de 2020 responde a dos cuestiones. “Por un lado tener una nueva Constitución, nacida en democracia, y por otro lado la garantía de los derechos sociales, y yo creo que este derecho a la vivienda está asociado a eso, a que es necesario que el Estado garantice ciertos derechos sociales en la vivienda, en la educación, en la salud”, señala.

Propiedad y expropiación

Un tema que los agentes económicos han seguido con especial atención es el que se refiere a la propiedad privada. La encuesta revela una marcada preferencia por que la Constitución establezca un “derecho de propiedad fuerte”, y que el Parlamento sólo puede establecer ciertas restricciones y excepciones. Esto se complementa con el hecho de que la muestra es más favorable a que los detalles sobre las expropiaciones están consagrados en la Carta Magna, y no a nivel de ley.

“Probablemente, lo que espera la opinión pública chilena es que se reconozca este derecho de propiedad de la misma manera que se están reconociendo los derechos sociales garantizados, que es otro anhelo importante”, dice Izikson.

El experto detalla que este reconocimiento del derecho de propiedad “implica que si va a haber expropiaciones, no se basan en un precio justo, sino en un precio establecido por el mercado, y las formas de pago de esa expropiación son debidamente establecido. ”. A su juicio, el derecho de propiedad tiene una “doble condición”. “Por un lado es proteger mi patrimonio y por otro lado proteger el emprendimiento, la iniciativa privada, el rol del sector privado en el modelo económico de Chile y la libertad de las personas para poder elegir entre diferentes alternativas”, dijo. subraya