Cuatro fueron las regiones en las que la Policía de Investigaciones (PDI) allanó una serie de domicilios para lograr la detención de 25 personas, las cuales, según los antecedentes que manejaba la policía civil, estaban involucradas en una megaestafa. Mecanismo que buscaba engañar a las personas a través de créditos falsos entregados por Internet.

La investigación realizada por la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) comenzó a partir de cerca de 1.800 denuncias recibidas por el Ministerio Público a nivel nacional, las cuales daban cuenta de una misma forma de operar tras este engaño. El mecanismo utilizado por los delincuentes consistía en crear falsas entidades bancarias a través de Internet, las cuales ofrecían supuestos créditos de fácil acceso, a los cuales en general acudían personas que no cumplen con los requisitos para realizar dicha transacción en las entidades establecidas.

En general, los clientes conocían la oferta de créditos a través de una búsqueda en Internet y luego entraban a sus sitios web. Incluso, se ofrecían accesos por medio de redes sociales y con la oferta de dinero de manera rápida. Ya con este contacto venía el engaño. El jefe de la Bridec Metropolitana, prefecto Marcelo Romero, explica que a través de WhatsApp los falsos prestamistas “enviaban digitalmente documentos que simulaban ser la solicitud del préstamo para crear mayor credibilidad y seriedad en el proceso, y para que la víctima tuviera la convicción de que realmente estaba tratando con una empresa que se dedica al préstamo de dinero”.

Pero no quedaba ahí. Según explica el prefecto, “luego de eso, de que la víctima le envía firmada la solicitud de crédito y fotocopia de su documento de identificación, como es usual en este tipo de tramitaciones, la contraparte le solicitaba dinero previo al otorgamiento del crédito por concepto de ‘gastos operacionales’, que se consideraban gastos notariales y principalmente por concepto de seguros asociados al préstamo”. Finalmente, la entrega del préstamo nunca se concretaba, pero el falso banco se queda con el dinero solicitado para el trámite.

A las miles de denuncias de las víctimas directas de este tipo de estafas, además se sumó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que también acusó ante el Ministerio Público a estas falsas instituciones. A raíz de aquello, el fiscal nacional, Ángel Valencia, agrupó todas las investigaciones sobre las supuestas entidades financieras que ofrecen préstamos falsos a través de Internet y asignó la investigación a la Fiscalía Regional de O’Higgins en marzo del 2023.

El inicio de esta investigación asegura el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, “fue la constatación de la existencia de un aumento inusitado de estafas cometidas a través de Internet, que en general se archivan porque son estafas de muy bajo monto”. Por lo mismo, para llevar a esta indagatoria se utilizaron herramientas de análisis masivos de datos e inteligencia artificial.

A partir de aquello, y de la investigación llevada adelante por la Bridec comenzaron a realizar diversas diligencias para dar con los responsables tras estas falsas entidades bancarias. El jefe de la Bridec explica que el trabajo comenzó, “identificando los sitios web, verificando si están vigentes o no, rastreando las direcciones IP, identificando números telefónicos y nombres de personas que aparecen como contactos o supuestos ejecutivos en estas páginas”. En ese sentido, explica el Romero, se lograron identificar cerca de 50 sitios de los cuales utilizaban IP para la cambiar la ubicación.

En ese sentido, Arias explica que “estas son páginas que se crearon en el extranjero, no son de Chile, sino que a diversos países de América. También estamos investigando ese aspecto. Estamos investigándolo en conjunto con la Fiscalía General de Colombia”.

El subprefecto Jorge Zapata del grupo de Investigación Preferente de Alta Complejidad O’Higgins, quien también integró esta indagatoria, explica que “la investigación se basó en una primera etapa, en análisis de datos, es decir, cuantificando la cantidad de víctimas, el número de operaciones y de cuentas a los cuales estas personas habían depositado, porque aquí no se trata de un solo imputado”.

Ya con eso definido, explica el oficial Zapata, uno de los puntos complejos de esta investigación es que quien hace la estafa no es necesariamente quien recibe el dinero, “sino que reclutan receptores a lo largo del país para que proporcionen sus cuentas”, personas que en algunas ocasiones -al igual que las víctimas- también necesitan dinero ante lo cual acceden a cambio de una comisión.

Por lo mismo, el equipo investigativo comenzó a filtrar la cantidad de personas que habían recibido los depósitos, acotando en esta etapa la investigación a aquellas que eran la “primera línea” de la estafa al ser quienes eran los principales receptores de los pagos. La indagatoria dirigida por el fiscal Arias permitió despachar órdenes de detención -por ahora- para 41 personas que tenían este rol.

En ese sentido, desde el lunes 22 de abril, la Bridec de la PDI ha realizado allanamientos en las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso y Los Ríos, los que han permitido la detención de 25 personas, las cuales no necesariamente tienen relación entre ellos, pero sí compartían el modo de operar, facilitando sus cuentas para esta megaestafa que superaría los $ 1.000 millones.

Todos los detenidos hasta ahora, y los que falta por detener, están siendo investigados bajo el delito de invasión del giro bancario y el de estafa por la recepción de los dineros obtenidos de manera ilícita. De todos los imputados, cinco de estos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se pudo acreditar que junto con recibir dineros, también reclutaban a más personas para utilizar sus cuentas.

Pero como esta se trataba sólo de la primera parte de una gran investigación, el fiscal Arias afirma que “ahora viene una etapa de análisis y luego la ampliación a la persecución”, por lo que los investigadores continúan indagando a quienes encabezan estas estafas. El subprefecto Zapata explica que “esas personas tienen un conocimiento más avanzado” en materia tecnológica para “poder crear estas plataformas aparentemente legales y poder engañar a las personas”.

El jefe de la Bridec Metropolitana concluye recomendando y recordando que las solicitudes de crédito -y su tramitación- siempre se hacen de forma presencial y no a través de redes sociales. Romero también hace un llamado a “verificar la reputación comercial o eventuales descargos que existen en Internet de los nombres de las páginas con las que están interactuando, revisar en la CMF donde constantemente se está publicando, denunciando y generando alertas de instituciones falsas que han sido detectadas”.

Y, por último, se debe considerar que si está solicitando dinero, la entidad financiara nunca pide un pago a cambio. “Si le piden dinero para prestar dinero, debieran sospechar que se trata de una posible estafa”, concluye el oficial de la PDI.