Hoy, pasadas las 9:00 horas, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, se inició el juicio oral contra el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, quien es imputado por el Ministerio Público por los delitos de coacción ilegítima y lesiones graves/muy graves cometidos contra la hoy senadora Fabiola Campillai.
El ex uniformado, quien actualmente cumple arresto domiciliario total, es acusado de disparar una bomba lacrimógena en medio de una protesta ocurrida la tarde del 26 de noviembre de 2019, en San Bernardo. El proyectil golpeó en la cara a la actual senadora, dejándola ciega. Campillai, a eso de las 20:30 horas de ese día, se encontraba con su hermana en la esquina de Pasaje Ángel Guido y Fermín Vivaceta. La fiscalía pide 12 años de prisión para él.
“El imputado Patricio Maturana Ojeda, al constatar la presencia de personas ubicadas en dicho cruce, sin que ello afecte la libre circulación de peatones o vehículos ni ponga en peligro la vida o seguridad de las personas que circulaban en ese momento por el sector, abusando de su cargo y con el fin de expresar dolordisparó un tiro con la carabina lanza gas que portaba, que se dispara de frente, dirigiéndola directamente a las personas ubicadas en ese lugar, en un ángulo menor de 10 grados, sin hacer ninguna parábola, impactando en el rostro de la víctima Fabiola Campillai Rojas, quien se encontraba aproximadamente a 51 metros del imputado”. relató el juez Héber Rocco como parte de la acusación de la fiscalía.
Rocco señaló que tras el impacto en la cara, Campillai “cae al suelo perdiendo el conocimiento”. Campillai, que se sometió a varias operaciones, perdió la vista de ambos ojos y tuvo pérdida del olfato, además de secuelas físicas.
En su cuenta de Twitter, la senadora manifestó: “El primer acto de reparación es obtener justicia para quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos y espero que los tribunales estén a la altura en la sentencia”.
En su acusación, que duró casi 25 minutos, la fiscal Paola Zárate afirmó que “con las pruebas que rendirá el Ministerio Público se establecerá en primer lugar que no hubo alteración del orden público. Se establecerá mediante testimonios, audiovisuales y pruebas periciales que lo ocurrido ese día fueron palabras referidas por un reducido grupo de personas que insultaron a los policías y arrojaron intermitentemente algunos objetos. Se podrá apreciar como había personas que transitaban por el lugar, que regresaban del trabajo, iban a comprar pan, incluso circulaban vehículos. Tampoco puede establecerse que hubo un ataque a carabineros al momento del control realizado por policías respecto de estos terceros”.
En esa línea, agregó que “el imputado, capitán de Carabineros en la época de los hechos, con amplia experiencia, con formación, y habiendo superado todos los cursos sobre el uso de armas, no podía dejar de conocer el resultado que tendría el mal uso”. causa. de este armamento. Y es por ello que el Ministerio Público sostiene que existe una intención deliberada de realizar el uso de forma incorrecta para que esta arma no produzca el efecto deseado, pero, como se indica en la autoacusación, dirigido a causar dolor”.
Según se informó en marzo, cuando comenzaron los preparativos para el juicio oral, la fiscalía presentará más de 70 testigos y 117 elementos de prueba.
Junto a la defensa particular del senador, encabezada por la abogada Alejandra Arriaza, y la labor de la fiscal Paola Zárate, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Municipio se suman como querellantes contra el ex policía. de San Bernardo, y el Grupo de Derechos Humanos de las Víctimas del Palacio de La Moneda.
Por su parte, la abogada de Maturana, Catherine Lathrop, refutó la hipótesis de la fiscalía de que no hubo alteración del orden público en el momento de los hechos. “Ese día en San Bernardo a esa hora hubo un foco de desórdenes públicos y violencia por lo que se requirió su comparecencia en la localidad de Cinco Pinos”.
El abogado dijo que los manifestantes interrumpieron la vía del Metrotren con barricadas. Incluso, dijo, quitaron las barreras del tren.
El abogado dijo que pedirán la absolución de Maturana, porque “no se va a derrocar la presunción de inocencia de la que goza. Asimismo, vamos a poder demostrar que la prueba contra la acusación no podrá generar una condena en juicio más allá de toda duda razonable”.
Además, denunció que la Fiscalía ha tenido “visión de túnel” en la investigación. El letrado dijo que durante el juicio “no se puede acreditar como única posibilidad que la lesión provocada a la víctima haya sido exclusiva y exclusivamente provocada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno”.
Además, pondrá en duda el planteamiento que ha actuado el ex uniformado con malicia y con el objetivo de lesionar.
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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.
Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.
Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.
Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.
El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.
Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.
Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.
El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.
Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.
Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.
A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.
También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.
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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.
De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.
En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.
El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.
En desarrollo…
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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.
En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.
El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.
En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.
Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.
“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.
De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.
El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.
En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.
Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.
El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.
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