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Cementos Bío Bío arriesga multa por incumplimiento ambiental

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La compañía Cementos Bío Bío, propiedad de la familia chilena Briones y el grupo peruano Gloria, enfrenta un procedimiento sancionatorio levantado este lunes por la Superintendencia de Medio Ambiente, debido a supuestos incumplimientos en las medidas de control que debía implementar su planta Inacesa de Antofagasta en el manejo de emisiones.

Las instalaciones, que incluyen una planta de cal y otra de cemento, estaban sometidas a una serie de obligaciones para resguardar la calidad del aire, dado que en sus evaluaciones ambientales se habían identificado estos elementos como relevantes.

“Sin embargo, en actividades de fiscalización se pudo constatar que las medidas implementadas para el control de emisiones han sido deficientes y no cumplen su objetivo”, dijo la superintendencia.

En el caso de la planta de cal, se almacenó caliza fuera de la tolva de recepción y del galpón de acopio, y se observó además una fisura en el techo. Y en la planta de cemento, la caliza acopiada se encontraba descubierta, y sólo dos de las tres pilas de yeso acumuladas en el lugar se encontraban encarpadas.

A eso se sumó que al revisar los informes de seguimiento de calidad de aire, los inspectores pudieron constatar que se habían superado los valores máximos de material particulado en los periodos 2014-16 y 2018-23.

Sobre la base de esos antecedentes y a los incumplimientos a los permisos ambientales con que contaba la fábrica, se le imputó un cargo clasificado como “grave”, por el cual la empresa arriesga una multa de hasta 5.000 UTA (equivalentes a $3.946 millones); la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental; o la clausura temporal o definitiva.

“En las actividades de fiscalización, la oficina regional pudo observar distintos incumplimientos a las RCA del titular. Una de ellas relacionadas a la acumulación de polvo y al adecuado confinamiento de la caliza, ya que esta fue acopiada fuera de la infraestructura que integra el sistema de recepción y almacenamiento”, explicó la jefa regional de la SMA en Antofagasta, Sandra Cortez.

La empresa ahora tiene el derecho a presentar un plan de cumplimiento aceptando los cargos, para lo cual tiene 10 días hábiles de plazo, o 15 días hábiles, si prefiere formular sus descargos.

Cementos Bío Bío es una de las tres grandes cementeras que compiten en el país, y cuenta con plantas de cemento en Antofagasta, Teno y Talcahuano. Su propiedad la comparten la familia Briones, a través de la sociedad Inversiones Cementeras Ltda, que tiene el 41,81%, y el grupo peruano Gloria, a través de la sociedad Yura, con un 19,71%, y la familia Rozas, con el 11,29%.

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Tras fatal accidente: EFE informa que servicio de trenes a Rancagua y Chillán permanecerá suspendido por tres días más

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La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este viernes que el servicio de trenes en dirección al sur, que incluye destinos como Rancagua y Chillán, permanecerá suspendido por al menos tres días más tras el fatal accidente ocurrido la madrugada del jueves en San Bernardo.

Cabe recordar que la suspensión del servicio en dirección al sur comenzó tras el choque frontal entre un tren de pasajeros que realizaba pruebas de velocidad y un convoy de Fepasa que transportaba más de mil toneladas en láminas de cobre. El hecho dejó dos personas fallecidas de la máquina de carga y nueve heridos.

Este sábado se producirá la formalización del operador de vías y del maquinista de EFE, quienes fueron detenidos tras la tragedia.

Con todo, la empresa de trenes informó que las salidas a la Región de O’Higgins y del Ñuble permanecerán suspendidas durante este fin de semana y también hasta el lunes 24 por los trabajos que se realizan para volver a habilitar las vías férreas.

En el caso de los viajes a Chillán, la empresa habilitó un formulario para que los usuarios pueden solicitar la devolución del valor de sus pasajes, disponible en su sitio web.

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¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

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Se trata de un tema recurrente en los debates políticos en el último tiempo y que hoy vuelve a escena. Conocer el número real de las personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto, se ha transformado en una tarea compleja y donde se mezclan una serie de nudos difíciles de desatar.

El año pasado el clima político se encendió cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta de un fuerte crecimiento del empleo público en distintas mediciones. Una de ellas, del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, mostró un alza de los asalariados públicos de casi 100 mil personas (9,1%), el mayor incremento desde agosto de 2019, previo a la pandemia y a la crisis social.

Para contrarrestar las críticas sobre este aumento, en un año caracterizado por el alza del desempleo y el fantasma de la recesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relativizó las cifras del INE y las comparó con un alza más moderada de las estadísticas emanadas del llamado Gobierno Central, el que incluye sólo a ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

De esta forma, el secretario de Estado planteó que las cifras de empleo público del INE darían cuenta de una realidad en sectores públicos que no tienen relación con la administración del gobierno de Gabriel Boric. “Puede ser que haya otra parte donde está aumentando (el) personal, puede ser que sea en las municipalidades (…) que no tenemos información completa. Hay dificultad para validar a esa información”, explicó en la oportunidad, sin dar más detalles.

“Esta idea repetida, que se da en innumerables oportunidades, foros, entrevistas, de que acá toda la plata se está yendo a contratar funcionarios públicos, simplemente no cuadra con los datos”, aseguró el ministro entonces.

Sin embargo, la fuerte polémica revela un problema más de fondo: la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables acerca de cuál es la real cantidad de funcionarios públicos que hoy trabajan para el Estado de Chile y que van más allá de los empleados contabilizados en el Gobierno Central, los que llegan a 488.153 personas, según el último informe censal de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

De hecho, la última encuesta del INE cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril de 2024, ya que incluye a todos los que se autodeclaran como tales y, por lo tanto, suma a todo el Gobierno Central y al sector público descentralizado. Es decir, aglutina además a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las empresas públicas, de las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Pero al ser autodeclarado, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.

“La prueba más evidente de que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado es cuando el INE publica trimestralmente la evolución del empleo y, una parte relevante, se explicaba el año pasado por el aumento de las contrataciones en el sector público. Si tuviéramos la información, se podría explicar el origen, sector, localidad, tipo de empleados… y, en caso de identificar crecimientos de dotación que no se justifican, las autoridades podrían tomar las medidas correctivas. Pero el debate se enfoca en determinar responsabilidades de lado y lado, sin llegar a ninguna conclusión”, reclama el investigador asociado de CIES-UDD y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos.

Frente a la consulta de Pulso La Tercera sobre la estadística oficial de empleados que hoy tiene la administración pública en Chile, la Dipres respondió usando cifras “estimadas” de beneficiarios del reajuste del sector público que cada año entrega el Estado.

Para la ley tramitada en diciembre de 2023, los beneficiarios se estimaron en 844.934 personas. Esta proyección considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado, afirmó la Dipres. La proyección, sin embargo, excluye, por ejemplo, a quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, cree que no resulta “razonable” que el Estado carezca de una cifra oficial y confiable de todos quienes trabajan en el sector público, en momentos en que la tecnología permite una recopilación menos engorrosa respecto de décadas atrás.

Imagen David Bravo y Jere Behrmann41
David Bravo, académico de la UC.

“La pregunta es cómo se puede hacer gestión pública si no se tiene esa información de trabajadores públicos detallada. Habla mal del Estado no responder a una pregunta tan simple”, reclama el economista de la UC.

“Si un gerente (en el sector privado) llega a una empresa, pero no sabe si tiene 300 trabajadores o 3 mil, no es presentable”, añade Bravo, quien desliza también las posibles deficiencias que puede haber en la entrega a la Dipres de los datos de funcionarios públicos provenientes de instituciones como las municipalidades.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, profundiza acerca de la calidad y cobertura de la información entregada por varias instituciones públicas. Recuerda que en 2020, junto al ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, impulsaron la Ley 21.306, que obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.

“Esta falta de información alcanzó su peak el año 2020, donde producto de la pandemia se apreciaban cambios significativos en la información reportada el año anterior y no contábamos con un mecanismo para chequear la integridad de los datos, como sí existía en las cifras del Gobierno Central. Por esta y otras razones, propusimos la incorporación de este artículo en la ley de reajuste y se aprobó por unanimidad”, rememora Acevedo.

El objetivo principal de la ley, añade, era saber cuánta gente trabaja en el sector público. “A la fecha, por distintas razones, seguimos sin saberlo. Además, el artículo establece multas y sanciones ante incumplimientos de esta obligación. No parece ser una exigencia muy compleja de cumplir, porque cualquier entidad, sea privada o pública, que no lleve un registro periódico de sus trabajadores denotaría un problema serio de gestión y control, y quiero creer que no es el caso. Pero a la larga, el incumplimiento de esta norma no ayuda a fortalecer la confianza de las personas en el Estado y en cómo gasta los recursos que los ciudadanos aportan”, concluye el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El artículo 70 de la Ley 21.306 precisa que la Dipres debe informar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación, la cual podrá iniciar un sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. “A raíz de esto, la Dipres ha reportado mediante siete oficios correspondientes a distintos períodos de tiempo la información recibida a la Contraloría General de la República, para que esta pueda aplicar las acciones que le correspondan. El oficio más reciente enviado por Dipres a la Contraloría aborda la información reportada por las instituciones públicas durante el primer trimestre de 2024 y da cuenta de 345 instituciones que no habían cumplido con su obligación ya sea completamente o en forma parcial (con uno o más períodos faltantes desde 2021)”, complementa el organismo liderado por Javiera Martínez.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

Pese a los oficios enviados por la Dipres y su obligación legal de establecer sanciones ante incumplimientos, la Contraloría se limitó a precisar a Pulso La Tercera que “no se han instruido sumarios por esta causa”.

La Dipres sostiene que tan importante como el reporte de la información de las instituciones es que estos datos sean de calidad, para que contribuyan al diseño de políticas públicas. Para ello, añade la repartición, la Dipres está trabajando en mejorar los mecanismos de reportabilidad histórica y hacia futuro.

Un exfuncionario de la Dipres, que prefirió el anonimato, explica que la mayor parte de las municipalidades del país quebrantan la ley y, muchas veces, no entregan la información requerida o envían datos parciales, difíciles de corroborar. “Muchas veces se entregan paquetes generales de información, sin especificar el RUT de cada empleado”, detalla la misma fuente.

Al respecto, la Dipres sostiene que la estimación global del número de los funcionarios municipales para efectos del reajuste del sector público se hace “considerando las fuentes de información disponibles en el Estado al momento de realizar la estimación”.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, anticipó que publicará semestralmente estadísticas consolidadas, según la información disponible, del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. “A partir del 28 de junio se publicarán los promedios anuales de 2021 a 2023 divididos por grupos más amplios que la información con la que se cuenta actualmente. Se entregará información sobre la administración central (ministerios y servicios públicos), organismos autónomos, empresas públicas, municipios, universidades y CFT estatales. Para reportar esta información se usarán tanto los datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público de Dipres para el nivel central, como los que se reportan en virtud del artículo 70 de la Ley 21.306 que son autorreportados por las instituciones”, concluye la Dirección de Presupuestos.

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Manny Maceda: “Chile es un lugar atractivo para invertir”

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El CEO a nivel global de Bain & Company, Manny Maceda, pasó recientemente por Chile, en el marco de las visitas que hace a los países donde la empresa tiene operaciones y en la que aprovechó de reunirse con sus clientes de grandes compañías con presencia en el país, los que prefiere no identificar. “El negocio de Bain aquí es muy sólido en múltiples mercados, en servicios financieros, comercio minorista, transporte y minería”, cuenta.

A cargo de la consultora mundial desde 2018, Maceda explica que el rol de la firma es ayudar a las “empresas a decidir” donde invertir. Y en su visión, Chile es un “mercado atractivo” y destacado en la región. Bain tiene cobertura en varios países de América Latina, pero oficinas en (Chile) Santiago, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Argentina (Buenos Aires) y Colombia (Bogotá).

¿Cuál es el objetivo de su visita a Chile?

-Me gusta visitar mercados importantes para nosotros. Llevamos mucho tiempo en Chile, más de una década. Es nuestro segundo mercado más grande en Sudamérica, el más grande es Brasil. Tenemos clientes muy importantes aquí, los principales directores ejecutivos de las grandes empresas. Otra parte es entender más el terreno de lo que está pasando en el mercado, porque también como multinacional global, en un mundo global, complicado en el que estamos, me ayuda a entender dónde encaja Chile.

¿Cómo ve el mundo y a Chile?

-Antes de centrarme en cualquier país individual, es importante poner lo que está sucediendo en un contexto global, porque resulta que operamos en negocios globales. El orden político ha estado cambiando mucho en los últimos cinco años. Hemos tenido que vivir con Rusia invadiendo Ucrania, China y Estados Unidos con tensiones, y teniendo una guerra en el Medio Oriente.

Otro de los temas que hemos estado siguiendo es la sostenibilidad y la transición energética, un tema donde Chile tiene un rol.

Otro tema es la tecnología, donde quiera que vaya, en cualquier parte del mundo, surge el tema de la inteligencia artificial (IA). La ola tecnológica ha sido una fuerza muy significativa que está cambiando el mundo.

Por último, está el costo del capital. En los últimos años, a nivel mundial, ha aumentado significativamente. En el pasado, en la mayoría de los mercados del mundo, la deuda era barata. El capital y las tasas de interés eran bajas, pero ha aumentado mucho en los últimos dos años y medio.

Un país no es una isla, porque abastecen al resto del mundo, tienes clientes en otras partes del mundo o talento de otras partes. Chile es un país interesante en este contexto. Chile, en un contexto global, es un lugar bastante atractivo para invertir y hacer negocios. Por eso tenemos una oficina aquí y estoy de visita. El país tiene muy buena demografía, tiene muy buenos recursos naturales, es una buena fuente de talento y tiene una relativa estabilidad en comparación con muchos otros mercados. Entonces, para nosotros, es un mercado importante.

Manny Maceda, CEO a nivel global de Bain & Company.

¿Y cómo ve la región en el mundo?

-En América del Sur probablemente están un poco más protegidos de todos estos grandes conflictos globales que suceden en otras partes del mundo, y deberían considerarse afortunados por ello. Sé que han tenido sus propios desafíos aquí, pero, por ejemplo, la mayoría de nosotros pensó que Medio Oriente estaba en su camino hacia la paz e Israel estaba en su camino hacia la paz, buscando sus relaciones con el Reino de Arabia Saudí, y entonces ocurrió lo del 7 de octubre, y ahora quién sabe cuál es el camino para resolverlo.

¿Cómo enfrenta las discusiones de los cambios de legislaciones, como una reforma tributaria?

-Cuando se trata de inversionistas de capital privado, uno mira un horizonte temporal para realizar inversiones. No inviertes esperando que tenga un retorno mañana. Si estás invirtiendo en un gran proyecto, ya sea una fábrica o una mina, sé que mi retorno de la inversión tendrá que esperar varios años. Una de las cosas que todos evaluamos es el riesgo y la previsibilidad para obtener ese retorno de la inversión con el tiempo.

Así, reformar o cambiar las regulaciones es solo una de las cosas que tomas en cuenta sobre cómo estás haciendo la inversión. Cuando se sepan las reglas, es más claro hacer la inversión, pero el clima varía mucho por país. Yo soy de Estados Unidos y no sé qué gobierno va a estar en el futuro.

¿Y qué piensa sobre el esfuerzo de Chile con el desarrollo de energías renovables?

-Esa es una de las grandes fuerzas en el mundo. Antes del Covid-19 y la guerra en Ucrania, probablemente era la fuerza más grande que estaba influyendo en las decisiones estratégicas globales y ahora hay que equilibrarlo con todo lo demás. La IA necesita mucha energía para su desarrollo y también está el escenario en que el planeta se está calentando. Entonces en el tema de las energías, Chile está en una gran posición.

¿Cómo ve el futuro del capital privado?

-La tendencia a largo plazo en el capital privado ha sido que cada vez es más grande, pero también lo que ha sucedido en el mercado de capital privado es algo no lineal. Sube y baja con la actividad, al igual que las inversiones extranjeras directas. También se ha convertido en un conjunto mucho más sofisticado de clases de inversión. Así que lo que solíamos llamar capital privado, ahora lo llamamos activos alternativos, porque se han diversificado.

Ante este contexto algunos de los grandes fondos se convirtieron en globales y luego se hicieron públicos. Lo que ha sucedido es que se ha convertido en una verdadera escala global. Una fuente legítima de capital en el mundo. Es eficiente, pero no es tan líquido como un mercado de valores, aunque también se están creando mercados comerciales internos muy eficientes. Está diversificando las clases de activos y está aumentando su liquidez.

Y en Chile es cada vez más importante. Ustedes han visto una gran cantidad de inversiones, una gran cantidad de fondos buscando empresas, y ves sólo los que básicamente invierten, pero tenemos mucha actividad de due diligence que no invierten, todo el mundo está buscando para la compra de activos en Chile que se puedan escalar y hacer que crezca en otros países de América Latina. Eso es entre bastidores: nuestro producto principal en esta industria es que les ayudamos a evaluar la inversión. Y la mayoría de las veces, la respuesta es no.

La mayoría de las ofertas de capital privado ahora tienen múltiples compradores. No son acuerdos cerrados en propiedad. Van a subasta y para ganar tienes que tener una mejor tesis de inversión que todos los demás. Y ahí es donde nos involucramos porque trabajamos con estos clientes para ayudarles a entender ¿Este activo realmente vale esto?

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