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Quién es Riley Keough, la nieta mayor de Elvis Presley

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Tras la muerte de su madre, Lisa Marie, Riley Keough se convirtió en la única heredera del patrimonio de su abuelo Elvis Presley. La actriz y productora, que este miércoles 29 cumple 35 años, fue quien detuvo la venta de Graceland, la icónica mansión del Rey del Rock and Roll ubicada en Memphis, Estados Unidos.

Fue gracias a una demanda que la guardiana del patrimonio de Elvis Presley frenó el intento de subasta, que se concretaría el pasado 23 de mayo. El lugar, además de ser el destino de peregrinación para los fanáticos de la música, también es el espacio donde descansa el cuerpo de su abuelo, su madre Lisa Marie, y su hermano menor Benjamin, quien se suicidó en 2020 a los 27 años.

Graceland

Si bien Riley Keough es catalogada como una de las insignes representantes del grupo de los nepo babies (hijos de celebridades que han sido famosos gracias a su origen), la actriz ha cosechado logros en el mundo del espectáculo, como dos nominaciones a los Globos de Oro y una a los Premios Emmy.

A pesar de una infancia caótica, debido al divorcio de sus padres y los nuevos enlaces de su madre— que incluyeron a figuras como Michael Jackson y Nicolas Cage—; así como a los problemas derivados de la administración del patrimonio Presley, Riley Keough hoy consolida su carrera en producciones de bajo perfil, pero exitosas. Asimismo, trabaja en las memorias de su madre Lisa Presley, titulado Más que la hija de Elvis, que se espera vea la luz este 2024.

Riley Keough

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis y Priscilla Presley, se casó con el músico y actor Danny Keough en 1988, cuando ella tenía 20 años y él 24.

El Rey del Rock and Roll había fallecido hace una década y no conoció a sus primeros nietos, Riley y Benjamin. No obstante, el matrimonio Presley-Keough se terminó en 1994, cuando Riley tenía cinco años. Según ha relatado la actriz, su infancia transcurrió entre las casas de sus padres, ambas muy diferentes entre sí. De vez en cuando, Riley Keough pasaba tiempo en la mansión Graceland y después en el departamento de su padre, que muchas veces no gozaba de una muy buena situación económica.

Los traslados de un lugar a otro se intensificaron cuando su madre contrajo matrimonio con Michael Jackson, un polémico romance que se rumoreaba que era falso y que duró dos años. “Estoy muy enamorada de Michael y dedicaré mi vida a ser su mujer. Le comprendo y le apoyo. Estamos ansiosos por crear una familia juntos” declaró entonces Lisa Marie. Eso impactó en la infancia de Riley Keough, quien visitó en varias oportunidades Neverland, el controversial y extravagante rancho del Rey del Pop.

REUTERS/Stringer/File Photo

“Creo que era similar a lo que experimentan los hijos de las Kardashian hoy en día (…) No podía hacer cosas normales”, explicó en Vanity Fair sobre sus primeros años de vida.

Ya en la adultez, la actriz vivió duros golpes en su vida familiar. En julio de 2020, su hermano menor, Benjamin, se quitó la vida a los 27 años de edad.

Riley Keough y su hermano, Benjamin

Tres años más tarde, el 12 de enero de 2023, fallece la madre de ambos, Lisa Marie Presley, producto de un paro cardiaco a los 54 años. “He pasado por mucho dolor. Parte de mí ha muerto y he sentido que mi corazón ha explotado, pero estoy tratando de seguir adelante fortalecida porque quiero puedo renacer ante la adversidad”, dijo a Vanity Fair.

A Lisa Marie Presley le sobrevivieron sus tres hijas, Riley Keough, y las mellizas Harper y Finley Lockwood, fruto de su matrimonio con el guitarrista y productor musical Michael Lockwood.

Luego de la muerte de Lisa Presley, surgieron tensiones entre Riley Keough y su abuela Priscilla Presley, a causa de la herencia de la única hija de Elvis.

Según el testamento, Riley y Benjamin Keough serían los cofideicomisarios del patrimonio de Lisa Presley, gracias a una enmienda que ésta realizó en su testamento en 2016. Dicha modificación eliminaba a su madre Priscilla y a su exgerente comercial, Barry Siegel, como sus herederos.

Priscilla Presley y Riley Keough

Frente a ese escenario, la exesposa del Rey del Rock and Rock inició un litigio para esclarecer los cambios en el testamento de su hija. Después de varios rumores, que incluso incluyeron una supuesta prohibición a Priscilla Presley de entrar a Graceland, abuela y nieta llegaron a un acuerdo sobre el testamento, el que fue ratificado ante la justicia.

“Mi familia ha resuelto toda la confusión relacionada con nuestra declaración ante el tribunal y la solicitud de interpretación de documentos después del fallecimiento prematuro de mi hija Lisa Marie”, declaró Priscilla Presley a People.

En tanto, Riley Keough, declaró a Vanity Fair:Hubo un poco de agitación, pero ahora todo va mejor. Ella es una mujer hermosa y fue una gran parte de la creación del legado de mi abuelo y de Graceland. Él era el amor de su vida. Cualquier información en su contra me entristece porque, al final del día, todo lo que quiere es amar y proteger a Graceland, la familia Presley y el legado. Esa es su vida”.

Así, ambas se mostraron cercanas en la ceremonia de los últimos premios Emmy.

El año pasado, además, Riley Keough fue madre por primera vez, a través de subrogación. Según ha declarado la actriz y productora, tomó esa decisión para no poner en riesgo su salud, ya debilitada por la enfermedad autoinmune que padece (enfermedad de Lyme).

La carrera de Riley Keough comenzó en prestigiosas pasarelas, cuando ella solo tenía 14 años. Empezó en el modelaje en la colección Otoño/Invierno de Dolce & Gabbana en 2004 y los años posteriores posó para Dior y Balenciaga.

Con 20 años debutó en la pantalla con la película The runaways, protagonizada por Kristen Stewart y Dakota Fanning, donde dio vida a la música Marie Currie. Dos años después, participó en papeles secundarios en diversas cintas como Magic Mike (2012), Blancanieves y el cazador (2012) y Los Juegos del Hambre (2012).

Gracias a su rol de Capable en Mad Max: Furia en la carretera, aumentó su popularidad. Además, en el set de grabación conoció a su esposo, Ben Smith-Petersen.

De la pantalla grande pasó a interpretar a una estudiante de derecho convertida en una acompañante sexual, en la serie La experiencia de una amiga, papel que le valió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en 2016.

Fue con Todos quieren a Daisy Jones que el nombre de Riley Keough sonó con aún más fuerza. La exitosa adaptación a miniserie del libro de Taylor Jenkins Reid, emitida por Amazon Prime Video, hizo que la nieta de Elvis Presley cantara como la líder de una exitosa banda, donde también participaba como personaje el actor Sam Claflin. Su rol protagónico la llevó a estar nominada a un premio Emmy en 2023 y a un Globo de Oro en 2024.

CREDIT: Prime Video

Además de actriz, Riley Keough se desempeña como productora ejecutiva de diversos títulos alabados por la crítica. Gracias a War Pony (2022), obra que dirigió, fue ganadora del premio Cámara de Oro: mejor ópera prima, en el Festival de Cannes 2022.

Asimismo, la actriz está trabajando en la serie distribuida por Hulu, Disney+ y Star+ llamada Bajo el puente (2024) —donde también es protagonista con la nominada al Oscar Lily Gladstone— y la cinta Sasquatch Sunset, que contará con la participación del actor Jesse Eisenberg (Los ilusionistas).

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Bonos verdes: crece popularidad como alternativa de empresas

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En el mundo bursátil, los bonos verdes, usados por los emisores para financiar proyectos con fines medioambientales, están robándose las miradas.

Para los analistas, abundan las razones de su creciente atractivo. Pablo Bawlitza, gerente de finanzas corporativas de BCI, explica que la creciente importancia mundial por el cambio climático ha desarrollado la proliferación de fondos de inversión destinados a cartera de activos con calificación verde o ESG; y al mismo tiempo, los esfuerzos medioambientales han derivado en una gran cantidad de convenios y acuerdos internacionales que han puesto restricciones relevantes a la inversión en bonos no vinculados a actividades ESG.

“Los bonos verdes corresponden a instrumentos financieros de renta fija que califican en una de las categorías ESG (sustentables). Bonos cuyo uso de fondos o los compromisos asumidos por el emisor, están vinculados a actividades de protección y control de contaminantes provocados por las actividades de las empresas emisoras o sus filiales”, dice Bawlitza.

Raimundo Alcalde, jefe de ESG de LarrainVial Asset Management, destaca el rol de los SLB (bonos vinculados a la sostenibilidad por sus siglas en inglés), ya que las compañías que los emiten se comprometen a llevar a cabo ciertas metas predefinidas de sostenibilidad. “Si alguno de estos objetivos no se cumple, la empresa aumentará la tasa de interés del bono, beneficiando a los inversionistas y también presionando a la empresa para mejorar su desempeño en sostenibilidad”, asegura.

Bonos verdes: su creciente popularidad y por qué son una buena alternativa para las empresas

Basándose en la emisión de los bonos sostenibles por parte de las empresas, Alcalde asegura que los denominados verdes ocupan un papel preponderante: entre enero y marzo los SLB representaron casi un 11% de todos los bonos corporativos en circulación en Latinoamérica. “De todas las emisiones del primer semestre, el 27% fueron sostenibles, y los (bonos) verdes dominan”, agrega.

Así, casi un 70% tanto de los SLB en circulación como de las nuevas emisiones en el primer semestre, son bonos verdes. “Su popularidad puede ser explicada por el apetito que ha tenido el mercado por ellos, dada la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático en la región y la relevancia que ha cobrado para las empresas el impacto ambiental de sus operaciones en la sociedad. Por otro lado, y ligado a esto último, cada vez más inversionistas han comenzado a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus análisis de inversión”, señala.

Chile, Brasil y México son líderes del mercado de bonos en Latinoamérica, mediante la emisión de bonos sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Según un reporte de S&P Global de febrero, los SLB siguen siendo relativamente más frecuentes en A. Latina que en otras regiones.

Reinalina Chávarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, está convencida de que los bonos verdes estimulan la participación de las entidades financieras e inversionistas institucionales, a través de sus estrategias de negocios, para contribuir a la descarbonización de la economía.

Esta herramienta cuenta con la posibilidad de ofrecer inversiones a mayor plazo en actividades o proyectos con bajo impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y que, al mismo tiempo, generan resultados positivos en el medioambiente y sobre las personas. Para la académica, estos principios sirven para orientar las decisiones de inversión de una compañía o un conglomerado de negocios: “Es lo que conocemos como finanzas sostenibles”, puntualiza.

Según Chávarri, a corto plazo la sustentabilidad es una definición estratégica de las firmas: mirar el largo plazo con sus impactos y riesgos: “Lo anterior, permite diseñar e implementar estrategias con metas e indicadores que muestran de manera objetiva que, al adherir a tales principios de inversión, es posible crecer y desarrollarse a la vez”.

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Tras fatal accidente: EFE informa que servicio de trenes a Rancagua y Chillán permanecerá suspendido por tres días más

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La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este viernes que el servicio de trenes en dirección al sur, que incluye destinos como Rancagua y Chillán, permanecerá suspendido por al menos tres días más tras el fatal accidente ocurrido la madrugada del jueves en San Bernardo.

Cabe recordar que la suspensión del servicio en dirección al sur comenzó tras el choque frontal entre un tren de pasajeros que realizaba pruebas de velocidad y un convoy de Fepasa que transportaba más de mil toneladas en láminas de cobre. El hecho dejó dos personas fallecidas de la máquina de carga y nueve heridos.

Este sábado se producirá la formalización del operador de vías y del maquinista de EFE, quienes fueron detenidos tras la tragedia.

Con todo, la empresa de trenes informó que las salidas a la Región de O’Higgins y del Ñuble permanecerán suspendidas durante este fin de semana y también hasta el lunes 24 por los trabajos que se realizan para volver a habilitar las vías férreas.

En el caso de los viajes a Chillán, la empresa habilitó un formulario para que los usuarios pueden solicitar la devolución del valor de sus pasajes, disponible en su sitio web.

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¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

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Se trata de un tema recurrente en los debates políticos en el último tiempo y que hoy vuelve a escena. Conocer el número real de las personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto, se ha transformado en una tarea compleja y donde se mezclan una serie de nudos difíciles de desatar.

El año pasado el clima político se encendió cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta de un fuerte crecimiento del empleo público en distintas mediciones. Una de ellas, del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, mostró un alza de los asalariados públicos de casi 100 mil personas (9,1%), el mayor incremento desde agosto de 2019, previo a la pandemia y a la crisis social.

Para contrarrestar las críticas sobre este aumento, en un año caracterizado por el alza del desempleo y el fantasma de la recesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relativizó las cifras del INE y las comparó con un alza más moderada de las estadísticas emanadas del llamado Gobierno Central, el que incluye sólo a ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

De esta forma, el secretario de Estado planteó que las cifras de empleo público del INE darían cuenta de una realidad en sectores públicos que no tienen relación con la administración del gobierno de Gabriel Boric. “Puede ser que haya otra parte donde está aumentando (el) personal, puede ser que sea en las municipalidades (…) que no tenemos información completa. Hay dificultad para validar a esa información”, explicó en la oportunidad, sin dar más detalles.

“Esta idea repetida, que se da en innumerables oportunidades, foros, entrevistas, de que acá toda la plata se está yendo a contratar funcionarios públicos, simplemente no cuadra con los datos”, aseguró el ministro entonces.

Sin embargo, la fuerte polémica revela un problema más de fondo: la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables acerca de cuál es la real cantidad de funcionarios públicos que hoy trabajan para el Estado de Chile y que van más allá de los empleados contabilizados en el Gobierno Central, los que llegan a 488.153 personas, según el último informe censal de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

De hecho, la última encuesta del INE cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril de 2024, ya que incluye a todos los que se autodeclaran como tales y, por lo tanto, suma a todo el Gobierno Central y al sector público descentralizado. Es decir, aglutina además a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las empresas públicas, de las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Pero al ser autodeclarado, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.

“La prueba más evidente de que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado es cuando el INE publica trimestralmente la evolución del empleo y, una parte relevante, se explicaba el año pasado por el aumento de las contrataciones en el sector público. Si tuviéramos la información, se podría explicar el origen, sector, localidad, tipo de empleados… y, en caso de identificar crecimientos de dotación que no se justifican, las autoridades podrían tomar las medidas correctivas. Pero el debate se enfoca en determinar responsabilidades de lado y lado, sin llegar a ninguna conclusión”, reclama el investigador asociado de CIES-UDD y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos.

Frente a la consulta de Pulso La Tercera sobre la estadística oficial de empleados que hoy tiene la administración pública en Chile, la Dipres respondió usando cifras “estimadas” de beneficiarios del reajuste del sector público que cada año entrega el Estado.

Para la ley tramitada en diciembre de 2023, los beneficiarios se estimaron en 844.934 personas. Esta proyección considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado, afirmó la Dipres. La proyección, sin embargo, excluye, por ejemplo, a quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, cree que no resulta “razonable” que el Estado carezca de una cifra oficial y confiable de todos quienes trabajan en el sector público, en momentos en que la tecnología permite una recopilación menos engorrosa respecto de décadas atrás.

Imagen David Bravo y Jere Behrmann41
David Bravo, académico de la UC.

“La pregunta es cómo se puede hacer gestión pública si no se tiene esa información de trabajadores públicos detallada. Habla mal del Estado no responder a una pregunta tan simple”, reclama el economista de la UC.

“Si un gerente (en el sector privado) llega a una empresa, pero no sabe si tiene 300 trabajadores o 3 mil, no es presentable”, añade Bravo, quien desliza también las posibles deficiencias que puede haber en la entrega a la Dipres de los datos de funcionarios públicos provenientes de instituciones como las municipalidades.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, profundiza acerca de la calidad y cobertura de la información entregada por varias instituciones públicas. Recuerda que en 2020, junto al ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, impulsaron la Ley 21.306, que obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.

“Esta falta de información alcanzó su peak el año 2020, donde producto de la pandemia se apreciaban cambios significativos en la información reportada el año anterior y no contábamos con un mecanismo para chequear la integridad de los datos, como sí existía en las cifras del Gobierno Central. Por esta y otras razones, propusimos la incorporación de este artículo en la ley de reajuste y se aprobó por unanimidad”, rememora Acevedo.

El objetivo principal de la ley, añade, era saber cuánta gente trabaja en el sector público. “A la fecha, por distintas razones, seguimos sin saberlo. Además, el artículo establece multas y sanciones ante incumplimientos de esta obligación. No parece ser una exigencia muy compleja de cumplir, porque cualquier entidad, sea privada o pública, que no lleve un registro periódico de sus trabajadores denotaría un problema serio de gestión y control, y quiero creer que no es el caso. Pero a la larga, el incumplimiento de esta norma no ayuda a fortalecer la confianza de las personas en el Estado y en cómo gasta los recursos que los ciudadanos aportan”, concluye el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El artículo 70 de la Ley 21.306 precisa que la Dipres debe informar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación, la cual podrá iniciar un sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. “A raíz de esto, la Dipres ha reportado mediante siete oficios correspondientes a distintos períodos de tiempo la información recibida a la Contraloría General de la República, para que esta pueda aplicar las acciones que le correspondan. El oficio más reciente enviado por Dipres a la Contraloría aborda la información reportada por las instituciones públicas durante el primer trimestre de 2024 y da cuenta de 345 instituciones que no habían cumplido con su obligación ya sea completamente o en forma parcial (con uno o más períodos faltantes desde 2021)”, complementa el organismo liderado por Javiera Martínez.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

Pese a los oficios enviados por la Dipres y su obligación legal de establecer sanciones ante incumplimientos, la Contraloría se limitó a precisar a Pulso La Tercera que “no se han instruido sumarios por esta causa”.

La Dipres sostiene que tan importante como el reporte de la información de las instituciones es que estos datos sean de calidad, para que contribuyan al diseño de políticas públicas. Para ello, añade la repartición, la Dipres está trabajando en mejorar los mecanismos de reportabilidad histórica y hacia futuro.

Un exfuncionario de la Dipres, que prefirió el anonimato, explica que la mayor parte de las municipalidades del país quebrantan la ley y, muchas veces, no entregan la información requerida o envían datos parciales, difíciles de corroborar. “Muchas veces se entregan paquetes generales de información, sin especificar el RUT de cada empleado”, detalla la misma fuente.

Al respecto, la Dipres sostiene que la estimación global del número de los funcionarios municipales para efectos del reajuste del sector público se hace “considerando las fuentes de información disponibles en el Estado al momento de realizar la estimación”.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, anticipó que publicará semestralmente estadísticas consolidadas, según la información disponible, del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. “A partir del 28 de junio se publicarán los promedios anuales de 2021 a 2023 divididos por grupos más amplios que la información con la que se cuenta actualmente. Se entregará información sobre la administración central (ministerios y servicios públicos), organismos autónomos, empresas públicas, municipios, universidades y CFT estatales. Para reportar esta información se usarán tanto los datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público de Dipres para el nivel central, como los que se reportan en virtud del artículo 70 de la Ley 21.306 que son autorreportados por las instituciones”, concluye la Dirección de Presupuestos.

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