La discusión venía de hacía meses. La idea del Ministerio del Trabajo, encabezado por Jeannette Jara (PC), de hacer un spot a través de la Subsecretaría de Previsión Socialpara endurecer la posición por el proyecto de ley de reforma de pensiones surgió luego de que se trabara la negociación en la comisión del Senado -tras la aprobación en la Cámara de Diputados- y desde ahí que en La Moneda el debate estaba sobre la mesa.
En un principio no todos estaban de acuerdo con la difusión de los videos de la campaña “Mejores pensiones para Chile”. Desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom), por ejemplo, se advirtió que endurecer el tono podría traer consecuencias muy negativas en la búsqueda de un acuerdo y también en el clima previo a la cuenta pública.
No fueron los únicos. De hecho, advertencias similares también se hicieron dentro del comité político, cuando se le dio suma urgencia al proyecto en la comisión en el Senado dado que recién se había establecido un cronograma de trabajo.
Pero la ministra Jara, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo, insistieron en el tema. La intención era hacer frente a las campañas publicitarias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), como dijo este lunes la secretaria de Estado para justificar la difusión de la campaña.
“Lo que el gobierno ha hecho en general es informar, y vamos a seguir haciéndolo con todas sus virtudes, con todos sus desafíos que este proyecto de ley tiene”, dijo Jara, quien acusó a las AFP de invertir“una gran cantidad de recursos en, más que informar, desinformar a la ciudadanía”.
Para la difusión del spot, parte de una campaña que comenzó a mediados de mayo, los equipos jurídicos de la ministra, en coordinación con La Moneda y en consulta con el ministro de Justicia, Luis Cordero -experto en derecho administrativo-, estudiaron la legalidad y las consecuencias que podría traer.
Como antecedente revisaron lo ocurrido el año pasado con la gira por regiones de Jara y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por los encuentros ciudadanos por pensiones y por la cual la derecha fue a Contraloría.
De hecho, en el marco de los cuestionamientos, desde La Moneda suspendieron un despliegue de ministros en regiones para difundir el proyecto de ley que aún no ha sido despachado por el Parlamento.
Pero finalmente el ente fiscalizador dictaminó -según la resolución Nº E427443 que el gobierno no incurrió en proselitismo y que sí podía difundir un proyecto de ley mientras se especificara que estaba en trámite.
“No existen elementos para suponer que las actividades realizadas y los eventuales gastos incurridos en ellas se hayan destinado a fines proselitistas o de propaganda política, en contravención al principio de probidad administrativa o a lo previsto en el citado artículo 3° de la Ley n.° 19.896, considerando, además, que han tenido por finalidad poner en conocimiento de sectores de la población la acción gubernamental desplegada para alcanzar las reformas necesarias para implementar políticas públicas de alto interés social”.
Además había otro antecedente sobre la mesa de los equipos jurídicos: un informe de Contraloría de 2019 en que se planteaban argumentos similares.
Con toda esa información en el ministerio, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, hicieron un contrato de $430 millones con CyberCenter S.A. -representada por Daniela Weinstein y Florencia La Iglesia- para la realización de varias campañas que incluye varias entregas sobre la materia que está firmado por el subsecretario Claudio Reyes.
Posterior a esta publicación, desde la Subsecretaria precisaron que “el costo neto del spot específico de la reforma de pensiones fue de $47.501.123 con IVA y comisión″.
“Tanto el spot de referencia como toda la comunicación, campaña o difusión de este y los elementos asociados a la difusión de la reforma al sistema de pensiones, cumplen con cada uno de los requisitos que indica el informe de Fiscalía para la realización de información pública de una medida incluida en un proyecto de ley”, plantearon desde la Subsecretaria al ser consultados por las críticas de la oposición.
La arremetida del gobierno contra la oposición no fue algo improvisado. En los días previos a la cuenta pública le han transmitido en distintas instancias, y a través de documentos, a los partidos que se interpelará a la derecha por su obstruccionismo en materia de pensiones.
Por ello, la jugada de La Moneda generó la reacción inmediata de la oposición, que acusó de ilegalidad la campaña -antes ya habían criticado los plazos que impuso el Presidente- e ingresaron un recurso en Contraloría para que investigara el caso.
“El Ejecutivo no solamente ha traspasado un límite, al utilizar los recursos que les pertenecen a todos los chilenos para hacer proselitismo político e impulsar su propia visión ideológica sobre un proyecto tan importante para nuestro país, como es la reforma de pensiones, sino que también -a nuestro entender- ha transgredido una serie de normas que dicen relación con la administración financiera y el buen uso de los recursos públicos. Por eso es que como Chile Vamos decidimos recurrir a la Contraloría, porque nos parece absolutamente grave que el Gobierno esté utilizando esta burda estrategia para tratar de convencer a los chilenos que el mejor camino para subir las pensiones es el sistema de reparto, cuando todos saben que no es así”, plantearon desde la oposición.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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