Se sella un nuevo hito en materia de descarbonización. La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió una resolución en que se autoriza a la exención de plazo presntada por AES Andes para retirar las unidades de generación 1 y 2 de la central termoeléctrica a carbón Norgener, que se ubican en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, y que suman 276 MW de capacidad instalada.
Así, queda el camino despejado para el retiro a partir del 31 de marzo, en vez del 31 de diciembre de 2025, como se había informado anteriormente.
“Las referidas unidades generadoras podrán ser retiradas, desconectadas y cesar sus operaciones a partir del 31 de marzo de 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos y en el artículo 34° del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional”, señala la resolución.
Lo anterior, luego que el Coordinador Eléctrico concluyó en su informe de seguridad que la desconexión y cese de operaciones de las unidades a partir del 31 de marzo de este año “no degrada la seguridad del sistema eléctrico nacional”.
Precisamente, en un comunicado, la CNE detalla que la autorización consideró el informe de seguridad entregado por el Coordinador Eléctrico, donde se indica que el retiro y desconexión de las unidades 1 y 2 para fines de marzo, no disminuye la seguridad y calidad de servicio del sistema eléctrico nacional, precisando que “no se prevé déficit de abastecimiento para las condiciones particulares de indisponibilidad en los tres casos estudiados, bajo escenarios hidrológicos extremos (secos), proyectando consumos de combustible diésel que no superan la capacidad empírica de distribución de diésel para generación eléctrica, esto es, 3.500 m3/día”.
A fines de 2023, AES Andes solicitó a la CNE la exención del plazo de 24 meses para el cese de operación de las unidades de generación a carbón Norgener 1 y 2, adelantando el retiro definitivo que en mayo había comunicado que se materializaría a partir del 31 de diciembre de 2025.
En ese tránsito, mientras se esperaba el informe de seguridad del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi encendió una alerta al solicitar al Coordinador que considerara en sus análisis determinados aspectos de cara a la salida de las unidades.
A esto se sumó una reunión solicitada al Coordinador por la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) -gremio donde Collahuasi es empresa asociada- para saber cómo estaba evaluando el organismo este retiro anticipado.
Avance en plan de descarbonización
En el comunicado, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, destacó que esta autorización “es otro paso para avanzar en el plan de descarbonización de los últimos años, pues con el retiro de estas dos unidades de AES Andes la capacidad instalada a fines de marzo pasará de los actuales 4.016 MW a 3.740 MW”.
“Como CNE hemos participado en las mesas de trabajo del plan de descarbonización que impulsa el Ministerio de Energía, que considera los ejes de infraestructura y modernización de la red eléctrica, la reconversión y los combustibles de transición que implica este proceso”, sostuvo la autoridad.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.