There is no such thing as a free lunch (“no hay un almuerzo gratis”) es un aforismo popularizado por el gurú de los Chicago Boys, Milton Friedman.

Friedman tiene razón. Es demagogia que el Estado prometa la provisión de algún servicio o prestación “gratuita” sin explicar cómo la financiará.

Alguien tiene que pagar la cuenta. Y antes de ordenar el menú, todos los comensales debemos estar de acuerdo en cómo la repartiremos.

Por eso es tan insólito que muchos herederos de Friedman en Chile insistan en ordenar el menú sin tener antes las cuentas claras.

Lo vemos en la caótica discusión de la reforma previsional. Hay acuerdo en la necesidad de aumentar la pensión garantizada universal y reforzar las jubilaciones de la clase media. Pero la oposición se niega tajantemente a destinar parte del aumento de las cotizaciones a ese fin. Todo debe ir a las cuentas individuales de las AFP, insisten.

Eso aumentará las pensiones de quienes están cotizando hoy cuando jubilen, en 20, 30 o 40 años más. ¿Qué hacemos con los jubilados de hoy? “Debe financiarse con cargo a las rentas generales”, es la respuesta. Ok, ¿y qué impuestos vamos a subir entonces? No, no se pueden subir impuestos.

La conversación es enervante. Porque para financiar gastos permanentes necesitamos ingresos permanentes, salvo que queramos ir por el camino argentino de endeudar al Fisco o de emitir billetes para que el “impuesto inflación” haga esa tarea. Tampoco las frases tipo “el crecimiento proveerá” son una respuesta seria.

¿Quién pagará la cuenta?

Mientras los políticos se hacen los lesos (a algunos les sale bastante natural), los dueños del capital, más avispados, ya se están anticipando.

Su consigna es simple: la cuenta la pagará cualquiera, menos ellos.

Para ello, partieron por descarrilar la reforma tributaria del ministro Marcel, que planteaba que, en un país con un nivel tan extremo de concentración económica, al menos parte de la cuenta deben pagarla quienes concentran ese capital. El impuesto a los súper ricos fue atacado inmisericordemente por la bien aceitada industria de defensa de la riqueza, hasta hacerlo naufragar.

Si no quieren pagar más impuestos, al menos que paguen los que corresponden, fue el siguiente razonamiento de Marcel. Un estudio del Servicio de Impuestos Internos (SII) calculó que el impuesto corporativo, que pagan los dueños de empresas, tiene un “incumplimiento tributario” del 51,4%. O sea, menos de la mitad de los tributos que deberían pagar llega efectivamente a las arcas del Fisco. Según el ministerio de Hacienda, en países desarrollados esa brecha no supera el 15%.

Esto equivale a una cantidad gigantesca: 4,7 puntos del PIB. Para hacerse una idea, el gasto fiscal en la PGU y el aporte del pilar solidario de las pensiones hoy es de 2 puntos del PIB.

Que paguen el almuerzo quienes hasta ahora están haciendo perro muerto, entonces. Justo y necesario.

Para ello, hay que “darle dientes” al SII para aplicar la norma antielusión, como ocurre en todos y cada uno de los países de la OCDE. Las únicas excepciones son Chile y Suiza, que obviamente no es un ejemplo de transparencia en el control de capitales.

Así es en Alemania y en Estados Unidos; en Corea del Sur y en Nueva Zelanda; en Francia y en Noruega; en breve, en cualquier economía capitalista que podamos mirar como ejemplo. Pero en Chile, el titular de El Mercurio es “Congresistas y expertos cuestionan uno de los ejes de la norma antielusión”. Vamos al cuerpo de la nota. ¿Quiénes son esos connotados expertos que saben más y mejor que todas las economías capitalistas sobre el Planeta Tierra? Les ahorro el click: son el presidente de la CPC y algunos socios de bufetes tributarios. O sea: los que quieren pagar menos impuestos, y quienes trabajan para ellos.

¿Quién pagará, entonces? Los dueños del capital ya tienen dos candidatos. El primero: la clase media. El segundo: los más pobres.

La gremial de los grandes empresarios, la CPC, pide bajar el impuesto a las empresas, de 27 a 23%. Y a cambio “ampliar la base de contribuyentes”. Lo mismo propone el Instituto Libertad y Desarrollo. Esto es, que las personas con sueldos mensuales menores a $850.000, hoy exentas, paguen impuesto a la renta. El argumento es que en los países desarrollados las clases medias sí pagan ese tributo.

Pero claro, ser de clase media en Suecia o Dinamarca es bastante diferente que serlo en Chile. No sólo por el nivel de ingresos (mucho mayor) y la desigualdad (mucho menor), sino porque a cambio el Estado provee a esa clase media de servicios públicos de calidad, en materias como salud o educación.

Hoy, uno de cada cuatro chilenos paga impuesto a la renta. Macarena Navarrete, consejera de la Sofofa, dice que “no es razonable que el país sea mantenido por una parte tan pequeña de la población”.

No. Muchos obreros, empleados por cuenta propia, dueñas de casa y jubilados

no pagan impuesto a la renta, pero de todos modos pesa sobre sus hombros una fuerte carga. Porque pagan una gran proporción de sus exiguos ingresos en IVA, que en Chile es una anomalía: nuestro país recauda 42,7% de sus ingresos mediante el IVA, contra sólo 20,2% del promedio OCDE, donde las tasas son más bajas y muchos productos de primera necesidad están exentos.

En Chile, en el decil más pobre, el IVA se lleva el 25,4% de los ingresos del hogar; en el decil más rico, apenas 7,2%.

Pese a ello, el CEP plantea subir el IVA. Y el exministro y asesor de empresas Juan Andrés Fontaine lo resume así: que “más gente” pague el impuesto a la renta, y si eso no alcanza “aumentar el IVA”.

En resumen, los grupos que concentran la riqueza proponen hacer aun más regresivo el sistema tributario. En vez de acercarnos al mundo desarrollado, alejarnos aun más de él.

Hacer que la cuenta, otra vez, la paguen aquellos que menos tienen.