Columna de Sebastián Edwards: Bochorno y asambleísmo de gobierno

Una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar un funcionario es que sus superiores lo corrijan en público. Cuando eso sucede -lo que de por sí es raro- el funcionario sufre una humillación de la que es difícil recuperarse. Así le sucedió hace unos días al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien afirmó que el gobierno realizará una consulta ciudadana para “legitimar” la política comercial chilena. Horas después, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que su cartera -que tenía algo que decir al respecto- no tenía idea de lo que hablaba el subsecretario, y la canciller, Antonia Urrejola, aclaró que solo se trataba de , para recabar opiniones, y que los resultados del proceso no eran vinculantes. La política de comercio exterior, agregó Urrejola, será definida por el Presidente de la República.

Más allá de la vergüenza, hay dos aspectos del episodio que merecen comentario. El primero es la creencia (incorrecta) de que Chile es un país “extractivista”, que desperdicia la posibilidad de exportar bienes sofisticados, tecnológicos y de altísimo valor agregado. Esto se debe a la desidia de los empresarios chilenos, que prefieren ser “rentistas” antes que innovadores, ya la estrategia de apertura externa seguida durante los últimos 40 años. La llamada “consulta ciudadana” buscó el apoyo “popular” a esta idea, y en base a ella emprender una serie de revisiones a los acuerdos comerciales y otros aspectos de la política exterior.

El problema con este punto de vista es que ignora la evidencia técnica, empírica, estadística y comparativa que se ha acumulado durante décadas de investigación académica. Esta evidencia indica de manera concluyente que un país pequeño, remoto y relativamente aislado como Chile tiene grandes dificultades para participar competitivamente en las cadenas globales de suministro industrial. Nuestra matriz exportadora no se debe a la desidia de los empresarios; ni porque Elon Musk no se haya dado cuenta de que podría producir Teslas en el norte del país, aprovechando el litio chileno. Nuestra matriz exportadora -que, como ha concluido Patricio Meller, incluye productos de alto valor agregado- se debe a nuestra lejanía ya que contamos con pocos operadores técnicamente preparados. Nuestras exportaciones son, de hecho, más “complejas” y sofisticadas que las de Australia, otro país aislado, lejano y con una gran dotación de recursos naturales.

¿Se puede mejorar esta situación? Por supuesto. Más inversión en investigación y desarrollo, más capital de riesgo y un salto cualitativo en la educación técnica ayudarían. Cancelar y expirar los tratados y acuerdos comerciales iría en la dirección opuesta.

El segundo aspecto de esta vergüenza es la propensión del gobierno a realizar “consultas ciudadanas” antes de iniciar procesos legislativos. En principio, esta práctica no es objetable; Siempre es bueno consultar. Pero se corre el peligro de dar una importancia exagerada a “consultas” parciales y con muy pocos participantes, como la consulta indígena en la Convención Constitucional. Este peligro está relacionado con el origen asambleísta-estudiante de la gran mayoría de los altos ejecutivos del gobierno. Cualquiera que haya participado en una asamblea sabe que no son precisamente democráticas. Predomina quien grita más fuerte y tiene mayor perseverancia.

También debería preocuparnos que estas consultas sean manipuladas para generar resultados sesgados y precocinados por parte de una camarilla política.

Un ejemplo evidente de consulta sesgada son los “diálogos sociales” que se realizarán entre el 27 de abril y el 8 de junio, como antesala a la presentación del proyecto de reforma de pensiones. En estos diálogos se pedirá a los participantes que califiquen el actual sistema de pensiones, utilizando una escala del 1 al 5. El ejercicio se centra en la evaluación de seis atributos de la capitalización individual: universalidad, solidaridad, igualdad, participación, suficiencia y sostenibilidad. El problema, por supuesto, no son las seis características investigadas, el problema es lo que queda fuera de la evaluación. No pregunta sobre la propiedad de los ahorros, el rendimiento de las inversiones, la heredabilidad o la calidad de la gestión. Además, no se pregunta el sistema total (PGU+AFP), sino que las evaluaciones se enfocan en un solo componente de nuestro sistema mixto. Este es un sesgo por omisión, el gobierno está omitiendo deliberadamente algunos de los atributos del sistema más valorados por la gente. Estos son los peligrosos sesgos del movimiento asambleísta Frente Amplio.