Por unanimidad, con cinco votos a favor, este jueves la comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El hecho marca un hito si se considera que se arrastra con dos intentos de gobiernos anteriores que no lograron avanzar en iniciativas de este tipo.
Precisamente, en la segunda administración de la exPresidenta de la República Michelle Bachelet se creó una comisión asesora para el estudio de un nuevo SEIA y se presentó un informe. Mientras, en el segundo período del exMandatario Sebastián Piñera, se ingresaron al Congreso dos proyectos de ley para reformar el SEIA, pero ninguno logró llegar a una instancia de votación.
Tal como estaba programado, la comisión de Medio Ambiente del Senado escuchó la exposición del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri. Y, posteriormente, se procedió a votar a poco más de cuatro meses de que el Gobierno ingresara el proyecto de ley al Congreso.
En la antesala a la votación, la senadora Isabel Allende, si bien destacó que todos los invitados que han asistido a la instancia han coincidido que se tiene que tener este proyecto, reconoció: “Sigo sintiendo que nos cruzamos un poco con el proyecto de permisos sectoriales de la Cámara de Diputados. Aquí vino el ministro y lo expuso, pero no sé si es suficiente”. Y recalcó que ese cruce se le hace “un poco complejo”, porque “no logro percibir cómo vamos a evitar el que podamos lograr avanzar este proyecto sin tener claramente el espejo de qué es lo que ocurre con los permisos sectoriales”.
De todas formas, luego le dio luz verde a la iniciativa, valorando que este ya sería el tercer intento por impulsar una iniciativa de este tipo. “Llegó la hora de hacernos cargo de las autorizaciones y darle esta rectoría técnica, evitar duplicidades o de repente requerimientos que no corresponden propiamente tal al tema ambiental y dar en ese sentido las certezas que necesitamos todos”, sostuvo.
Esto también fue recogido por el senador Rafael Prohens quien calificó como “un éxito” llegar a esta instancia de votar el texto en general. Y planteó que no es partidario de eliminar el Comité de Ministros: “Pueden reestructurarlo, pero no eliminarlo”. Según explicó, el Consejo de Ministros en su etapa o en los tiempos que ha tenido que actuar, “no solamente ha actuado bien, sino que también ha hecho mejoras en algunos proyectos que en otras instancias no se pueden hacer”. Y puso de ejemplo el caso del proyecto Punta Alcalde.
El presidente de la comisión, Sergio Gahona, reconoció que lo votado es “un buen avance” y que hay nudos importantes todavía que los asesores ya están trabajando. De hecho, tras la votación, sostuvo a DF: “El acuerdo y la votación en general por unanimidad fue fundamentalmente dado por la necesidad de modernizar la legislación, pero no necesariamente porque hay un acuerdo respecto al proyecto de ley que hoy día está en discusión“. Entre los nudos que identificó, mencionó la participación ciudadana temprana y la robustez de ese proceso, la rectoría del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el tema de la carga dinámica de la prueba y también de la declaración jurada.
En cuanto al Comité de Ministros, reflexionó que “podrá ser una eliminación o no, pero hay que mirarlo desde la perspectiva del factor decisional, no de que no exista. Algunos creemos que tiene que ser un organismo más colegiado”.
En tanto, el senador Francisco Chahuán, quien en el debate sostuvo que era relevante que los permisos sectoriales estén incorporados dentro de las resoluciones de aprobación de impacto ambiental, destacó al votar que este proyecto busca resolver los temas de fondo.
Tras la luz verde, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, agradeció la votación unánime de la idea de legislar este proyecto: “Esta es la tercera vez que se intenta, y a lo largo de todos estos meses de audiencia hemos escuchado que es un proyecto necesario y que es un proyecto que algunos tendrán opinión sobre qué mejorar o no, pero que tienen los elementos para servir de base para tener una reforma que todos sienten que es necesaria, así es que estoy muy agradecida por esa evaluación”.
Próximos pasos
El próximo lunes se realizará la última sesión de audiencias donde asistirá la Asociación de Empresas Sanitarias y un académico. Asimismo, se espera llevar el articulado a votación en Sala el martes. Esto, dijo el senador Gahona, “para que tengamos tiempo para conversarlo con nuestras bancadas, para poder ordenar bien y no tengamos sorpresas después en la Sala, como ya nos ha ocurrido en algunos casos”. La idea de la comisión es aplicar un proceso de plazo para indicaciones que prevén que sea durante junio para empezar a votar en particular durante julio y ojalá despachar el texto alrededor de agosto.
En conversación con DF, Gahona dijo que esperan “tener en los próximos 60 días ojalá despachada la ley desde el Senado hacia la Cámara de Diputados” y que además tiene que ir en concordancia y con un ojo puesto en el proyecto de permisos sectoriales.
De cara al futuro, la ministra del Medio Ambiente señaló: “Esperemos que nos vaya bien también la próxima semana en la Sala, pero no era menor llegar acá porque otros dos proyectos fracasaron. Los asesores han estado trabajando bien intensamente y parece que además se le está poniendo el acelerador. Le estamos exigiendo no solamente una reunión a la semana, sino dos reuniones a la semana para para llegar a acuerdo”. Esto, en relación a la conformación de una mesa de trabajo para ir analizando las propuestas particulares del proyecto.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.