Tras realizar una auditoría a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso a entidades privadas sin fines de lucro mediante asignaciones directas entre el 1 de enero de 2021 y 31 de mayo de 2023, la Contraloría dio a conocer esta tarde su informe final.

En este, la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso informa que se instruyó un procedimiento disciplinario contra el GORE, “tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas” de los funcionarios involucrados en los hechos donde el ente contralor determinó la existencia de irregularidades.

Asimismo, estableció un plazo de 60 días para que el Gobierno Regional responda a la serie de incumplimientos que fueron detectados en la auditoria.

En lo medular, la Contraloría comprobó que “el GORE de Valparaíso capacitó a 14 organizaciones privadas sin fines de lucro y universidades privadas, para postular al financiamiento de transferencias con cargo al subtítulo 33 (…) sin que se adviertan los fundamentos que tuvo en vista ese GORE para invitar a esas organizaciones y no otras”.

En este punto, el ente fiscalizador destaca que tal información no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas administradas por el GORE, por lo que ordena a la repartición pública “adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de situaciones similares, lo que deberá informar en un plazo de 60 días hábiles a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Asimismo, la Contraloría advirtió que “las actividades programadas en los convenios con la Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, costos globales, sin que esa entidad haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa”.

Así, ordena al Gore de Valparaíso “adoptar las medidas y mecanismos de control pertinentes, que le permitan contrastar el monto requerido con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los montos solicitados, tales como tablas referenciales de costos, cotizaciones u otros antecedentes que justifiquen sus estimaciones económicas, todo lo cual deberá ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles”.

También el ente contralor comprobó que “el convenio con la Fundación Procultura para la ejecución del proyecto “1a Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera -Rossengärd, Suecia”, que alcanza $ 25.000.000, también contempló un aporte de la Municipalidad de La Calera, por $5.000.000, sin precisar en qué se utilizarían esos recursos”.

Al respecto, “se advirtió que la fundación adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluye ítems que también serían financiados con los recursos del GORE”.

En este sentido, la Contraloría indicó que el GORE de Valparaíso, en coordinación con el municipio de La Calera, “deberán adoptar las medidas comprometidas para velar por el debido empleo y correcta justificación de los gastos de que se trata, informando de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días.

En un cuarto punto, la Contraloría verificó que la Fundación Procultura, en el marco del mismo convenio señalado anteriormente, entregó al GORE dos cotizaciones, una de un particular por $21.230.800, y otra de una SpA, por $18.750.000. Sin embargo, la Contraloría comprobó que tanto el particular como el dueño de la firma son trabajadores de la citada fundación, “desconociéndose en esas condiciones, si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo han hecho de forma concertada, existiendo una duda razonable en torno a si el monto por el cual se aprobó la iniciativa corresponde o no al precio de mercado”.

En este caso, se ordena que la “repartición deberá implementar las medidas pertinentes y necesarias para velar por el debido empleo y la correcta justificación de los gastos de dicho convenio, debiendo informar en el plazo de 60 días a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR”.

Asimismo, la Contraloría señala que “en relación a los cuatro puntos precedentes, esta sede regional procederá a instruir un procedimiento disciplinario, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos”.

Además, en el texto de la Contraloría se detalla que “entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023, el GORE realizó 53 transferencias a entidades privadas con cargo al subtítulo 24 por un total de $1.370.822.396, vía asignación directa de recursos, vulnerando el artículo 9° de la ley N° 18.575, en relación a que la regla general para la asignación de fondos fiscales es el concurso público y que, excepcionalmente, procederá el trato directo en circunstancias calificadas, debidamente fundadas”.

Debido a que, según señala el texto, esto no se acreditó en estos 53 casos, se ordena al gobierno regional a “adoptar, en lo sucesivo, las medidas que correspondan a fin de favorecer la regla general y atenerse a la regulación que impongan futuras leyes de presupuestos”.

Asimismo, la Contraloría advirtió que “al 30 de junio de 2023 los recursos pendientes de rendición otorgados a entidades privadas sin fines de lucro con cargo a los subtítulos 24 y 33, mediante asignación directa, alcanzan un total de $15.954.199.276″ y que “se verificó que el GORE incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha, se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por $ 553.437.480, las cuales no habían sido revisadas”.

En este sentido, ordena al gobierno regional “adoptar las medidas que correspondan para lograr un control y monitoreo oportuno de las rendiciones de cuentas que se encuentran pendientes informando documentadamente el plan de acción concreto a realizar, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles”.

Finalmente, la Contraloría constató que la ejecución presupuestaria del GORE de Valparaíso de los años 2021 y 2022, de los subtítulos 24 y 33, se concentró en el segundo semestre de cada año, específicamente en el mes de diciembre, “lo que no se ajusta al artículo 11 del decreto ley N° 1.263, de 1975, por lo que esa repartición, deberá adoptar las medidas de control para que tales recursos sean ejecutados de manera homogénea durante el transcurso del año”.

En este sentido, destacan que “las transferencias otorgadas a la Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, a través de asignación directa de recursos, con cargo al subtítulo 33, por $401.863.000, $400.000.000 y $380.556.000, respectivamente, se materializaron el 31 de diciembre de 2022, en una única cuota, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos, lo que vulnera el numeral 5.13 de la glosa 02 común para todos los Gobiernos Regionales de la ley de Presupuestos para el Sector Público año 2022″.