Tras una serie de rencillas entre el Tribunal Constitucional peruano (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), finalmente el expresidente Alberto Fujimori fue liberado el miércoles del penal de Barbadillo, en Lima, causando la indignación entre el antifujimorismo que convocó a protestas en el país.

Justo en momentos en que cumple un año en el poder, fue el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte el que tuvo la última palabra respecto de la liberación de Fujimori. Tras una reunión entre el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se decidió acatar el nuevo fallo del TC.

Alberto Fujimori se encontraba cumpliendo una condena de 25 años de prisión efectiva impuesta por la Corte Suprema de Justicia en 2009, por su participación como “autor mediato” en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. De acuerdo al Poder Judicial, el exgobernante habría cumplido esta pena en 2032.

Fujimori fue finalmente liberado a las 18:30 horas de la tarde del miércoles, aproximadamente. Según el diario Perú 21, a su salida de Barbadillo lo esperaban su abogado, Elio Riera, así como su hija Keiko y su hijo Kenji, quien lo recibió entre lágrimas. También lo aguardaba un gran grupo de simpatizantes, que celebró su salida en medio de vítores.

Tanto Keiko como Kenji llegaron hasta el penal antes de conocer la decisión del gobierno sobre la excarcelación, indicó El Comercio.

Minutos después del arribo de los hermanos Fujimori Higuchi, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno confirmaron al diario que en la reunión entre Boluarte, Otárola y Arana se decidió ejecutar el fallo del TC.

“(Si no se hacía) se perdía el apoyo de los fujimoristas en el Congreso, eso se había previsto, el gobierno no tiene una bancada”, remarcaron.

Perú 21 señaló que el exmandatario dejó Barbadillo en una camioneta gris, que lo trasladó inmediatamente a la residencia de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja, en Lima. Unas horas después de su excarcelación, la lideresa de Fuerza Popular brindó declaraciones a los medios desde su domicilio y en compañía de su hermano.

Primero hizo uso de la palabra Kenji Fujimori, quien expresó su agradecimiento al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su “simpatía y sensibilidad” al haber concedido el indulto a su padre en 2017 que el TC ahora restituyó. Ese año fue Kenji Fujimori el artífice de la liberación del exmandatario, al negociar a cambio los votos de un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular en contra del proceso de vacancia que PPK afrontaba en ese momento.

Keiko Fujimori, por su parte, indicó que su progenitor ostenta un “frágil” estado de salud y que con su liberación, “la justicia y la humanidad se impusieron”. “Creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar”, sentenció.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular dijeron a El Comercio que se ha pedido a sus dirigentes y congresistas mesura y señalaron que el expresidente tendrá un perfil bajo, alejado de la política.

“La prioridad será su salud, que el expresidente se reencuentre con su familia. Por ello, su familia decidió que viva con Keiko Fujimori (en la casa de San Borja que le pertenecía a la ex primera dama Susana Higuchi y que sus hijos heredaron tras su muerte), que esté al lado de sus nietas y cerca de Kenji. La idea es que se recupere, que haya una terapia familiar”, expresaron al periódico.

También descartaron que exista a corto o mediano plazo “un plan político” para el exjefe de Estado.

Pese a haber salido en libertad, su situación judicial está aún lejos de resolverse, puesto que se encuentran pendientes otros juicios seguidos en su contra. Por ejemplo está el caso Pativilca, en el que es investigado por ser presuntamente responsable, en calidad de “autor mediato”, del homicidio de 6 comuneros de la pampa de San José de Pativilca y Caraqueño. En 2017, la Fiscalía solicitó 25 años de cárcel en su contra por este caso.

En marzo de 2022, el Poder Judicial dispuso 18 meses de impedimento de salida contra Fujimori por este caso, medida que tuvo vigencia hasta septiembre de este año. En noviembre se dispuso que el juicio oral en su contra se inicie el lunes 18 de diciembre. Este miércoles, tras conocerse que sería liberado, la Fiscalía solicitó la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de detención domiciliaria.

También se encontraría el caso de esterilizaciones forzadas. La Corte Suprema ordenó el jueves la paralización del proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante su mandato. Así, tras acoger una demanda de amparo presentada por el investigado Alejandro Aguinaga Recuenco, la Sala Constitucional y Social del máximo tribunal ordenó que el proceso judicial retorne al punto en que se encontraba en octubre de 2018, es decir, a la presentación de la denuncia fiscal contra los responsables de este crimen contra los derechos humanos.

Con el lema “Que se vayan todos”, diversas organizaciones sindicales y civiles iniciarán este jueves una movilización en Lima y en diferentes regiones del país, que continuará el viernes y sábado, para exigir las renuncias de la presidenta Boluarte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el cierre del Congreso -con la más alta desaprobación- y en rechazo a la liberación del exdictador Alberto Fujimori.

Así lo manifestó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, quien señaló que la clase trabajadora y la ciudadanía en general, representada en coordinadoras, movimientos regionales, frentes estudiantiles y otros, “están cansados de los actos de corrupción y las maniobras de las malas autoridades como la presidenta Boluarte, la fiscal de la Nación y los congresistas, que hacen componendas para sacar autoridades y colocar en puestos claves a personajes ineficientes como el Defensor del Pueblo”.

La protesta ocurre justo cuando la mandataria cumple su primer de haber llegado al Palacio de Pizarro después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Su gestión tiene un alto rechazo. La última encuesta de IEP arroja un 85% de desaprobación, la más alta desde que asumió la presidencia. Citando cifras de Datum Internacional, El Comercio aseguró que la aprobación de Dina Boluarte tras su primer año de gestión es la más baja de las últimas dos décadas.

A juicio de Paulo Vilca, director del Observatorio Regional de 50+1, el balance negativo a la gestión de Dina Boluarte se sustenta en la falta de iniciativas sostenibles en políticas públicas que haya podido emprender desde el Ejecutivo. Además, comentó a El Comercio, el gobierno tampoco ha mostrado autonomía frente a grupos de interés contrarios a reformas o a la implementación de políticas de calidad.

“A lo largo de los meses hemos visto que, más allá de haber contenido las protestas con todos los saldos en violaciones a derechos humanos que han señalado diferentes instituciones, es muy poco lo que ha podido hacer. Se ha caracterizado por una escasa iniciativa para plantear soluciones a problemas como la seguridad ciudadana, el estado de emergencia, frente al eventual fenómeno de El Niño, la reactivación económica. Por otro lado, es un gobierno sin autonomía frente a sectores opositores a las reformas o políticas públicas vinculadas a la educación superior (Sunedu), a la lucha contra las economías ilegales (minería ilegal), o a la lucha contra la corrupción”, opinó.