Convención aprueba que el Sistema Nacional de Salud esté integrado por prestadores públicos y privados y desecha polémica norma que excluía a clínicas con fines de lucro
este miércoles la sesión plenaria de la convención constituyente comenzó la votación del último informe emitido por el comisión de derechos fundamentales que contemplaba normas relacionadas con derechos sociales como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social.
En medio de aplausos y notorios festejos, la Cámara despachó el proyecto de nueva Constitución con varios artículos relacionados con el derecho a la Salud.
Para los convencionalistas, la votación de este informe ha sido clave ya que muchos de ellos han reconocido que parte del éxito del proceso está en juego en los derechos sociales que logren llegar al proyecto de nueva Constitución. Esto porque para algunos constituyentes las demandas que surgieron en el estallido social, y que derivó en el Acuerdo de Paz que abrió el camino al proceso constituyente, se basaban principalmente en la necesidad de contar con un Estado más fuerte, que sea garante de los derechos sociales. . .
En este pleno, los convencionalistas terminaron de votar los detalles de las normas que regulan el derecho a la salud y que dan forma constitucional a lo que será, en caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, el Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, los convencionales preveían que este sistema estaría compuesto tanto por proveedores publicos y privadossiendo deber del Estado “velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”.
Previamente, el pleno había aprobado que los aportes de los trabajadores -que actualmente van a Fonasa oa una Isapre- sólo podrán tener como finalidad “contribuir solidariamente a la financiación” del Sistema Nacional de Salud. Ya no habrá libertad de elección ya que estos fondos serán administrados por un organismo público que será determinado por ley.
El Pleno rechazó las indicaciones presentadas por el convencional giovanna grandon (Coordinadora Plurinacional) que buscó que a los proveedores privados que se integren al Sistema Nacional de Salud “se les prohibirá toda forma de lucro”.
Este fue un punto clave y controvertido del debate. En el informe anterior, la propuesta de la mayoría de la Comisión de Derechos Fundamentales buscaba excluir del sistema a las clínicas. Esto se debe a que este tipo de proveedores actualmente tienen ganancias. Por lo tanto, al incluir esta cláusula, se prohibía que este tipo de instituciones pudieran funcionar. Esta idea habría implicado un cambio severo en todo el sistema.
Sin embargo, dadas las críticas recibidas así como la consideración de las consecuencias que podría traer esta regla, la mayoría del plenario decidió rechazar esta idea. La votación de este día era predecible porque el segundo informe de la comisión ya llegó sin este artículo.
El pleno también aprobó la norma que establece que “es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”.
Sobre este tema, en tanto, los constituyentes dejaron fuera del proyecto de nueva Constitución un artículo que se refería al seguro privado. “Pueden existir seguros privados voluntarios, con el único objeto de complementar o complementar las coberturas garantizadas por la financiación del Sistema Nacional de Salud”, decía la norma en cuestión.
De la misma forma, los convencionales tampoco dieron los votos, por lo que se rechazó el inciso que decía así, por no alcanzar el quórum de 2/3: “Se priorizará el acceso a las prestaciones de salud según criterios de salud”. y no por la capacidad individual de pago. También se rechazó una indicación promovida por la derecha que consagró la objeción de conciencia en la Constitución.
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Mientras tanto, por primera vez, la Constitución permitirá pueblos y naciones indigenas tener “derecho a sus propias medicinas tradicionales, para mantener sus prácticas de salud y conservar los componentes naturales que las sustentan”. Ese párrafo también añadía que “el Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos, así como a quienes los imparten, de conformidad con esta Constitución y la ley”.
Otro de los temas más esperados de la instancia fue el derecho a la educación. Las convenciones aprobaron el artículo 16, que establece que “toda persona tiene derecho a la educación” y que ésta es un deber “primordial e ineludible” del Estado.
El Pleno también entregó el 2/3 para despachar el proyecto del siguiente artículo: “El Estado debe financiar este sistema en forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, para el cumplimiento cabal y equitativo de los fines y principios de la educación”, lo que implica un cambio en el modelo de financiamiento de la educación pública a través del sistema que se ha denominado “bono”.
De igual manera, sucedió con la propuesta de la nueva Carta Magna de que la educación será universalmente accesible en todos los niveles, siendo un deber “primordial” e “ineludible” del Estado. Asimismo, de aprobarse la propuesta de la Convención, la educación será obligatoria desde el nivel básico hasta el bachillerato.
Además, la cámara aprobó la creación de un Sistema Nacional de Educación que estará integrado por “los establecimientos e instituciones de educación preescolar, básica, media y superior, creados o reconocidos por el Estado”. El artículo también menciona que será el Estado quien administre y financie este sistema “laico y gratuito”.
La instancia plenaria también despachó a la propuesta de nuevo texto constitucional el reconocimiento del “rol fundamental de los docentes, como profesionales en el Sistema Educativo Nacional”. En concreto, la indicación indica que “se valorará y fomentará la contribución de los educadores y auxiliares educativos, incluidos los educadores tradicionales. Los trabajadores de la educación son agentes clave para garantizar el derecho a la educación”.
Finalmente, también se incluyó en el proyecto el artículo relacionado con la libertad de enseñanza. El texto sostiene que los padres, madres y tutores tienen libertad para “elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes”. Además, se refrendó la norma que establece que “los profesores gozarán de libertad académica en el ejercicio de sus funciones”.
Los convencionalistas también deliberaron sobre asuntos de lugar de residencia. Este derecho ya estaba en el borrador de la nueva Constitución. Había sido aprobado en el pleno anterior, que fue celebrado transversalmente por los constituyentes. Sin embargo, en esa ocasión, los incisos que daban una reducción práctica a este derecho fueron rechazados y devueltos a la comisión.
Sobre este tema, destacó la aprobación de una serie de párrafos al artículo 4 del informe. En ese marco, el pleno aprobó la norma que establece que “El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda”.
Asimismo, se indicó que el Estado tendrá especial consideración con las personas “con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos cuyos derechos son especialmente vulnerados” en el diseño de políticas de vivienda y que garantizará la creación de albergues en casos de violencia de género “y otras formas de vulneración de derechos”.
Por otra parte, la creación de un Sistema Integrado de Tierras Públicasque tendrá la facultad de “dar prioridad al uso, manejo y enajenación de terrenos públicos para fines de interés social, así como para adquirir terrenos privados”.
Asimismo, se refrendó que el Estado garantizará la protección y el acceso equitativo a “los servicios, bienes y espacios públicos básicos; movilidad segura y sostenible; conectividad y seguridad vial”, además de promover la “integración socioespacial” y participar de “la plusvalía que genere su acción urbanística o normativa”.
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El economista Sebastián Edwards en el seminario “El Chile que viene, el país que queremos” de KPMG se refirió a la reforma a los permisos sectoriales que el gobierno anunciaría antes de terminar el año, y que promete reducir el número de días en los que demora un proyecto en ser aprobado. “582 días se demora, y se quiere reducir a 328, eso es un parche curita. Tenemos que desterrarlo de nuestra manera de pensar”, dijo.
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“Nicolás Grau no debería estar enfocado en reducir el número de días de los permisos, sino que debería estar pensando en eliminarlos todos para después reinstaurar. Es empezar de 0. Hay que eliminar todo lo que sobra. El parche curita no sirve (…) El proceso de tratar de mejorar en el margen no va a funcionar”, agregó.
Lo anterior, viene del análisis del economista que apunta a que Chile está enfrentando una emergencia en torno a lo económico y lo político desde hace mucho tiempo, que “hemos estado enfrentando como aficionados, y dándonos vuelta en una discusión sin avanzar mayormente”, afirma el economista. Una emergencia focalizada en un menor crecimiento, y un deterioro de la productividad.
Respecto a este último problema, señaló que “cuando se transforma en persistente debería convertirse en una preocupación nacional, de Estado y que nos hace sentir que esto no es una cuestión de un año, sino que es una emergencia”. Así, reiteró que “ante esa emergencia nosotros hasta ahora hemos estado dándole parches curita. Eso tiene que terminar, y requiere mirar al problema desde otro punto de vista”.
En pro de poder solucionar los problemas sociales, políticos y de polarización, Edwards apuntó a ver a Chile como una empresa, observando a otras que han tenido éxito para poder aprender de ellas. Entre estas, mencionó a Space X, Starlink, The Boring Company, Optimus y Tesla, todas compañías de Elon Musk y que “son las más eficientes del mundo”, explica el economista.
Así resaltó los 5 principios de Musk que Chile debería adoptar y adaptar para las condiciones de nuestro país (definidas en una biografía del magnate); cuestionar todos los requisitos, eliminar los requisitos posibles, simplificar y optimizar, acelerar los ciclos, y automatizar.
Según Edwards, en Tesla “gastaron mucho tiempo y esfuerzo optimizando procesos que habría que haber eliminado. Primero los eliminamos y después de los optimizamos. Una vez que has hecho todo eso puedes acelerar el proceso. Recién aquí viene bajar a la mitad de días, pero sólo los procesos que quedan vigentes”, explicó.
En ese sentido señaló que tanto el sistema de permisos sectoriales como el sistema impositivo hay que pensarlos desde 0.
“Estoy siendo realista, tenemos una emergencia y seguimos enfrentándola con medicina casera. Hay que empezar a pensar en formas radicales y fuera de la caja. Si todos nos ponemos las pilas podemos transformar a Chile en una empresa de éxito”, concluyó.
“Me sorprende la facilidad con la que tanta gente se abanderó con una de las decisiones. No es fácil decidirse. Hay cosas buenas y cosas malas en ambas propuestas. Lo que nos falló es que someter a una votación algo que tiene tantas aristas y tantas dimensiones lograr un acuerdo es muy muy difícil. La indecisión es lo lógico”, declaró en relación al plebiscito de salida y a su columna “En defensa de la indecisión”.
El economista expresó que el proceso constitucional no es tan relevante en la crisis como piensan las personas, apuntando a que “en esta situación no nos jugamos la vida, no es tan serio como el 4 de septiembre. En mi opinión sería mejor si ganara el a favor”, declaró.
Sin embargo, también hizo una crítica a los abanderados por las distintas posturas, diciendo que “ambos lados han exagerado los méritos de su propia postura, o han exagerado los defectos de la otra. Uno de los méritos que se le atribuyen al favor es ganar en gobernabilidad, pero es exagerado el nivel”.
En relación a esto último, declaró que Chile “se jodió” y tuvo su punto de inflexión con el reemplazo del sistema binominal por uno proporcional. “No fue ni el crecimiento de los partidos políticos ni el aumento del número de diputados. El problema político de gobernabilidad fue haber reemplazado el binominal al proporcional. Y nadie lo quiere decir porque el binominal es asociado a la dictadura”.
“Hay otros sistemas que son usados por otros países que evitan los vicios que tiene el sistema proporcional: al haber proporcionalidad hace sentido para partidos nichos irse a los extremos. El binominal obligaba que la gente se moviera al medio”, finalizó.
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El futuro de Jordhy Thompson se resuelve en varios frentes. En el deportivo, está claro que no jugará más en Colo Colo y que los albos están decididos a aceptar un préstamo que lo saque del país y reduzca las posibilidades de recaer en la conducta que lo ha tenido en problemas durante todo el año. En el judicial, esa situación depende de que se consiga la respectiva autorización para que pueda salir del país, pues sobre él pesa la medida cautelar de arraigo nacional. Esa decisión es compleja por todo lo que conlleva: hasta la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, advirtió que no podría salir del país. “Aunque sea al Real Madrid”, ejemplificó.
Los albos tienen en sus manos la propuesta del Orenburg, de la Primera División rusa. Los europeos aceptan pagar los US$ 300 mil que involucra la cesión y aceptan la opción de compra sobre el pase del jugador por un monto cercano a los US$ 1,5 millones, los pisos que habían establecido los labos. ¿El detalle? La cesión será por un año, lo que coincide con el término de la relación contractual entre Thompson y Colo Colo. Es decir, el jugador quedaría libre después de la cesión.
En el Cacique tienen claro que la salida de Thompson es ineludible. De hecho, decidieron no considerarlo más en esta temporada, pese a que el antofagastino era una pieza importante del equipo y salió del penal Santiago I donde cumplió prisión preventiva, aunque por un plazo mucho menor a los 45 días que se habían establecido inicialmente para la reclusión, en función del tiempo que se había decretado para desarrollar las indagatorias.
Sin embargo, tienen la misma claridad para considerar que se trata de un patrimonio institucional. Antes de las agresiones a su pareja, Camila Sepúlveda, de hecho, se le concebía como el elemento de mayor proyección, tanto en utilidad para la escuadra de Gustavo Quinteros como para un potencial negocio futuro.
En esa línea, en Macul se resguardan. “Es necesario por supuesto para que pueda irse a préstamo que tenga el contrato vigente, así que se va a extender. Está ya prácticamente acordado, creo que falta la firma. Una (temporada más) tengo entendido”, declaró el timonel de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, al término de la sesión de directorio de la concesionaria que administra al Cacique.
En ese contexto, con las cifras ya cerradas, el paso fundamental es conseguir la venia de la justicia para que Thompson pueda cruzar las fronteras nacionales sin problemas y encontrar la fórmula legal para que se dé por entendido que está cumpliendo con las medidas cautelares, que también consideran el arresto parcial. Esa materia, que está en manos de los abogados del jugador, es más compleja de resolver que el acuerdo con el club popular.
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Varias revelaciones hizo este martes el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, en el seminario “Pensiones, un necesario rediagnóstico”, organizado por la Asociación de AFP, en materia de tasas de reemplazo, uno de los principales indicadores para determinar la suficiencia de un sistema de pensiones, y que según cómo se calcule, puede dar resultados bastantes diferencias.
Allí el economista que lideró la comisión que se creó en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet para reformar el sistema de pensiones, presentó los hallazgos en materia de tasas de reemplazo que hizo a partir del acceso que tuvo por primera vez a información sobre historias laborales de los afiliados y pensionados.
Bravo confesó que cuando en 2014 lideró la comisión que llevó su nombre, lo primero que hicieron fue solicitar a la Superintendencia de Pensiones acceso a la información de todas las historias laborales de los cotizantes del sistema, desde 1981 hasta esa fecha. Sin embargo, esa información no estaba disponible, por lo que cuando tuvieron que hacer su diagnóstico, lo hicieron solo con los datos que tuvieron disponibles: el promedio de remuneraciones de los últimos diez años antes de que se pensionen las personas.
Pensiones: tasas de reemplazo serían mucho más altas que cálculo oficia, según estudio de David Bravo.
“Ha sido bien decepcionante, que han pasado casi diez años desde entonces, y cuando tuvimos reuniones a partir de esta iniciativa de los centros (de estudio) para pedir información, la respuesta fue la misma”, comentó Bravo este martes. Por eso, dijo que decidieron ir a buscar la información. Porque además, considera que cuando este y otros gobiernos han mostrado las tasas de reemplazo que estiman para el sistema, se ha hecho en base a información poco precisa, utilizando la última remuneración disponible de la persona pensionada, y entregando una tasa de reemplazo bruta, no líquida, como Bravo cree que debería ser.
“Las tasas de reemplazo, cuando se consideran los líquidos, son 20% superiores a las que típicamente se usan (y que ha mostrado el regulador y los gobiernos), entonces, salvo que uno quiera infligirse algún daño y mostrar la situación lo más deteriorada posible, lo que uno tendría que estar haciendo es exactamente lo que se ha hecho, usar las tasas de reemplazo brutas, usar las tasas de reemplazo considerando la última remuneración. Eso no es correcto”, comentó.
La presentación de Bravo señaló que “no se pueden definir apropiadamente los objetivos de una reforma sin información apropiada sobre las tasas de reemplazo”. Por eso, a juicio del economista, es necesario revisar el diagnóstico: hubo tres retiros entre 2020 y 2022, donde “en vez de ahorrar más, desahorramos como país, giramos US$50 mil millones o más de los fondos de pensiones, básicamente hicimos una antirreforma (…) El escenario base que teníamos sin reforma de pensiones, cambió significativamente, también cambió porque se introdujo la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero también el diagnóstico es necesario porque no ha sido posible contar con información detallada de las historias laborales para calcular las tasas de reemplazo”.
Para su estudio, Bravo accedió a una base de datos proveniente de seis de las siete AFP en funcionamiento, con una muestra innominada del 15% de los afiliados, incluyendo pensionados y no pensionados, con el historial completo de cotizaciones, desde mayo de 1981 o desde la fecha de su afiliación, hasta diciembre de 2022.
Tomando todo ese historia laboral, apuntó a tener indicadores de la tasa de reemplazo, midiendo cuál es la pensión neta o líquida que tendrá la persona hasta el final de su vida, comparado con el promedio del ingreso neto que tuvo en el periodo de la edad activa.
Pensiones: tasas de reemplazo serían mucho más altas que cálculo oficia, según estudio de David Bravo.
Primero, mostró una tabla donde se refleja la diferencia que hay al calcular las tasas de reemplazo según la última remuneración, el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años, y el promedio de remuneración de toda la vida. Para un hombre que se pensionó entre 2012 y 2019, en el primer caso la tasa de reemplazo de su pensión autofinanciada sería de 37%, en el segundo caso sería 53% y en el tercer caso sería de 81%. Para una mujer de iguales características, en el primer escenario sería 15%, en el segundo 29%, y en el tercero 59%.
“Típicamente las tasas que se han usado para hombres, yo creo que subestiman del orden de un 50%, y la subestimación es aún más fuerte para las mujeres. Entonces, sí tiene un efecto usar los indicadores incorrectos. Yo creo que un diagnóstico que no utiliza los indicadores adecuados, nos puede llevar a decisiones equivocadas, pero nos podemos dar cuenta solamente cuando tenemos los datos, como en este caso”, dijo Bravo.
Luego enseñó la mediana de las tasas de reemplazo netas que tienen los pensionados actuales, utilizando su fórmula con el historial completo de cotizaciones, y separando a los pensionados en dos: aquellos que jubilaron entre 2012 y 2019, y quienes lo hicieron en la época de los retiros de AFP, entre 2020 y 2022.
Pensiones: tasas de reemplazo serían mucho más altas que cálculo oficia, según estudio de David Bravo.
Cuando se consideran solo las pensiones autofinanciadas, Bravo concluyó que un hombre que cotizó por 35 años o más, tiene una tasa de reemplazo de 80% si se pensionó antes de los retiros, y de 68% posterior a ellos. Bajo las mismas condiciones, las mujeres tienen una tasa de reemplazo de 58% antes de los retiros, y 50% después de ellos.
La presentación de Bravo sostuvo que las “tasas de reemplazo actuales para Chile considerando solo la pensión autofinanciada serían similares al nivel OCDE. En el caso de las mujeres un poco inferiores”.
Al ver las pensiones totales y no solo las autofinanciadas, es decir, incorporando la PGU, la mediana de tasa de reemplazo neta para un hombre que cotizó 35 años o más, es de 106% si se pensionó entre 2012 y 2019; y sería de 100% si se pensionó entre 2020 y 2022. Para quienes cotizaron menos, las tasas de reemplazo son incluso mayores. En el caso de una mujer con las mismas características, su tasa de reemplazo sería de 82% y 64%, respectivamente.
Pensiones: tasas de reemplazo serían mucho más altas que cálculo oficial
“Con la PGU, son tasas de reeemplazo superiores al 100% en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres son más bien cercanas al 80%, antes de los retiros. En 2020 y 2022 cayeron fuertemente con los retiros”, puntualizó.
Por otro lado, Bravo también mostró que la tasa de reemplazo sería 40% superior para mujeres si la edad de jubilación fuera de 65 años, versus los 60 años de hoy.
Y en su presentación también indicó que las “pensiones absolutas siguen siendo bajas o insuficientes”.
Bravo también calculó cuáles serían las tasas de reemplazo futuras, simulando una densidad de cotizaciones para 2023-2042 similar a la individualmente registrada entre 2013 y 2022 por cada afiliado, y proyectando una rentabilidad real promedio de los fondos de pensiones del 3%, entre otras variables.
Ahí encontró que las tasas de reemplazo netas, considerando solo las pensiones autofinanciadas, son entre 20 y 30 puntos porcentuales (pp.) inferiores para hombres y mujeres que las registradas para los pensionados actuales (2012-2022). Esto, porque según sus estimaciones, la mediana de tasa de reemplazo neta para quienes se van a pensionar entre 2023 y 2024, y que cotizaron 25 años o más, será de 48% en el caso de los hombres y 36% en el caso de las mujeres.
Cuando se agrega la PGU, las tasas de reemplazo mejoran, pero igualmente al compararla con los pensionados actuales (2012-2022), son entre 20 y 25 pp. inferiores. Para hombres que cotizaron 35 años o más, serían de 79%, y en el caso de las mujeres 63%.
Bravo afirmó que “a todas luces, si no cambia la densidad de cotizaciones, y se mantienen los supuestos de este escenario 2023-2042, se puede discutir si la situación va a ser igual a la que estamos mostrando acá, o peor”.
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