El camino económico del gobierno de Gabriel Boric, que recién comienza, ya se ve rocoso. La alta inflación que se ubica en 10,5% en doce meses y la perspectiva de desaceleración económica prevista en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) para este año y el próximo, con una estimación del crecimiento de la Producto interno bruto (PIB) de 1,5% y 0,4%, respectivamente, anticipan un viento en contra que habrá que superar.
Y aunque para 2024 y 2025 las proyecciones de expansión de la economía mejoran a 3% para ambos años, en todo caso el promedio esperado para esta administración es de apenas 2% en su cuatrienio.
Así, de materializarse esta previsión, el periodo de gobierno de Boric sería el segundo con el crecimiento más bajo desde 1990, superando solo al del segundo mandato de Michelle Bachelet, que registró una expansión promedio del PIB de 1,8%, y algo menor al 2,6% de la segunda administración de Sebastián Piñera.
El crecimiento de la economía desde el retorno a la democracia, cuando el gobierno de Patricio Aylwin logró una expansión promedio de 7,4%, ha mostrado una caída bastante sostenida: el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle registró 5,5%, mientras que el de Ricardo Lagos concluyó con 4.8%. A su vez, el primer ciclo de Bachelet se despidió con 3,5%, mientras que la excepción estuvo en el mandato de Piñera 1, donde se anotó un promedio de 5,4%.
Ese es el cuadro de la historia y cada período tuvo algunas complicaciones externas, siendo la más aguda la crisis asiática que afectó el final del gobierno de Frei y el comienzo de Lagos. En la primera administración de Bachelet, hacia el final del período, llegó la crisis subprime. El segundo gobierno de Píñera enfrentó la crisis del Covid-19, el mismo factor que condiciona las perspectivas de actividad del actual gobierno bórico, más los efectos de la guerra en Ucrania.
Los analistas consultados advierten que la proyección de 2% para estos cuatro años tiene riesgos a la baja, y puede ser inferior al nivel esperado. Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, sostiene que “si hay que añadirle un sesgo a esa proyección, es a la baja, ante un escenario interno y externo inusualmente incierto, y cuya resolución o desenlace podría demorarse”.
Mientras que Francisca Pérez, economista jefe de Bci, señala que “nuestras estimaciones son algo inferiores al 2%, con un crecimiento promedio cercano al 1,5% del PIB en el escenario base. El próximo año creceremos cerca del 0% y la recuperación será bastante lenta”. En ese sentido, destaca que “en este momento vemos que los riesgos negativos son mayores que un escenario positivo. Nuestro escenario negativo es que el período promedia alrededor del 0%”.
Carlos García, académico de la Universidad Alberto Hurtado, destaca que “el 2% es optimista, nos costará llegar a esa cifra”. Y Carolina Grünwald, economista jefe de Banchile, menciona que en su proyección base “tenemos un escenario bastante alineado con el IFP para los años 2022 y 2023. Sin embargo, los siguientes años el IFP incorpora una cifra de 3%, por encima del crecimiento estimado. tendencia Eso me parece un poco optimista “.
De esta forma, los consultados se inclinan más por un crecimiento medio en torno al 1,5%. De concretarse, sería el periodo de menor actividad desde 1990.
Los riesgos que ven los expertos son variados. Los hay internos y externos. Los primeros tienen su origen en una inflación que no cede y, por tanto, en un tipo de interés que seguirá subiendo, lo que podría provocar una mayor “ralentización” de la actividad el próximo año. A esto se suma la incertidumbre por el proceso constituyente, que más allá de que en septiembre se conocerá el resultado del plebiscito de salida, la implementación, en caso de que se apruebe el nuevo texto, no será de la noche a la mañana, lo que podría afectar decisiones de inversión.
Externamente, los riesgos están asociados a la extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la política monetaria de Estados Unidos, que podría ser más agresiva de lo esperado, afectando la recuperación mundial.
Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, sostiene que “si el conflicto internacional sigue escalando o el proceso político social que enfrenta el país produce más incertidumbre, podríamos ver cifras más bajas. Algo similar sucedería si la inflación no disminuye y el Banco Central se ve obligado a mantener tasas de interés más altas por más tiempo. Por otro lado, entre los riesgos positivos se encuentra un ciclo donde los precios de commodities como el cobre continúen al alza, por mayor demanda de China o como resultado de la transformación energética.
Para Alarcón, uno de los factores que puede conducir a un menor crecimiento “viene de una eventual extensión del conflicto en Ucrania y sus consecuencias asociadas”. A esto se suma una posible recesión en Estados Unidos por el ciclo alcista de la Fed y una desaceleración más fuerte en China. A nivel local, los riesgos a la baja se concentran “en el proceso constituyente: uno, por las normas económicamente dañinas contenidas en el proyecto de Constitución, y dos, por un proceso constitucional que puede demorar una eternidad, ya sea por las constantes reformas si el I aprobar, o por un nuevo proceso si gana el rechazo”.
La visión de García apunta a que “este año tenemos un peor escenario internacional por el aumento del precio del petróleo, los alimentos y las tasas de interés internacionales, junto con una política fiscal menos laxa y un Banco Central subiendo tasas. Todos estos elementos indicarían un fuerte sesgo a la baja en las proyecciones de crecimiento”.
Francisca Pérez indica que “nuestro escenario base tiene como elemento principal un mantenimiento de la incertidumbre política, donde la confianza económica no se recupera y eso debilita las instituciones”. En ese contexto, agrega que “creemos que si gana la aprobación será por un margen muy bajo, dando poca legitimidad a la nueva Constitución y que si gana el rechazo se promoverá otro proceso constitucional, lo que mantendrá a los agentes reacios a invertir”. decisiones y consumo”. Allí menciona que “los principales riesgos que vemos son una mayor tensión social y un gobierno que no logra contener la violencia y pierde el control de la agenda económica”.
Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, afirma que “el balance de riesgos es negativo”, pero menciona que “la buena noticia es que aún hay tiempo de volver a poner el crecimiento en el centro del debate Personalmente, veo que la reforma fiscal podría hacer un guiño al crecimiento económico”.
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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.
Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.
Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.
Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.
El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.
Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.
Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.
El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.
Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.
Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.
A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.
También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.
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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.
De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.
En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.
El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.
En desarrollo…
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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.
En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.
El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.
En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.
Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.
“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.
De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.
El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.
En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.
Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.
El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.
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