“El gobierno no va a tomar palco”. El lunes 9 -mientras el pleno extraordinario de la Corte Suprema abría un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, por los chats que revelaban favores mutuos con el penalista Luis Hermosilla-, La Moneda se concentró en dos comités políticos para tratar a fondo la crisis que estaba provocando el caso Audio en el Poder Judicial.

Ese día -a primera hora- el ministro Luis Cordero enfrentó ambas instancias con la decisión de no mirar el problema desde las tribunas y con una propuesta: enviar al Congreso la tan anhelada reforma al sistema de nombramiento de los jueces la primera quincena de octubre.

“La decisión fue tomar un rol. No quedarse en la pasividad, sino que encauzar, porque -por estos días- las instituciones están siendo las más afectadas”, dice una fuente de gobierno.

No era una postura en solitario ni de último minuto. La venía conversando desde hace rato con el Presidente Boric. Para La Moneda no era desconocida la decisión del ministro de hacer un cambio profundo al sistema de nombramientos del Poder Judicial, cosa que no había logrado ni Patricio Aylwin ni su ministro Francisco Cumplido a principios de los 90 -reforma de la que el secretario de Estado es un estudioso-.

Solo el año 97, en el gobierno de Eduardo Frei, se logró el sistema que rige hasta hoy y que se basa en la promoción de los integrantes de la Corte Suprema con la participación de los tres poderes del Estado. Pero desde esa fecha -hace 27 años- nadie lo ha podido cambiar. No lo hizo la administración Piñera con el ministro Hernán Larraín en 2021, ni menos los fallidos procesos constituyentes.

Las alarmas sobre la necesidad de dar un nuevo impulso se encendieron el año pasado, cuando el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, dio acceso a la identidad de testigos protegidos a la defensa de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en esa región. Ahí, Cordero -por instrucción del Presidente- acusó al magistrado de posibles incumplimientos de deberes funcionarios y envió los antecedentes a la Corte Suprema, para que dirimiera las posibles sanciones. El juez, al final, resultó absuelto por la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

El ministro -quien asumió en enero de 2023, tras la salida de Marcela Ríos– venía amplificando su postura en todas las tribunas. Pero, hasta ahora, sin piso.

De ahí que la crisis -con el caso Audio- se haya convertido en una inmejorable coyuntura para La Moneda, para reestructurar esa zona del Poder Judicial. Pero no solo eso. La decisión es hacerlo con un proyecto propio -a pesar de que hay una treintena de iniciativas dando vueltas-, para convertir a la administración Boric en la autora de esta inédita reforma. Esa sería su medalla.

Sobre esos cambios, Cordero iba a conversar el lunes -a las 9 de la mañana- con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, en una cita programada con anterioridad. Pero las revelaciones sobre Vivanco que se conocieron la noche del sábado tras la publicación de Ciper y la grave situación que se gatilló en dos frentes -el pleno de la Corte Suprema para ver el caso y el Congreso, por los anuncios de acusaciones constitucionales- cambiaron la agenda.

En el primer anillo del comité político -conformado por Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Camila Vallejo (Segegog)- no se oculta la preocupación por la profundidad de la crisis y su amplitud. Aunque tiene a su haber las lecciones que les dejó el caso Fundaciones.

Ese análisis fue el que se puso sobre la mesa en el comité político ampliado del lunes con los jefes de los partidos.

Ahí hubo concordancia en que las revelaciones no solo comprometen al Poder Judicial en su conjunto -en un momento clave en materia de seguridad, donde esas instituciones debieran contar con la mayor legitimidad para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia-, sino que golpea a la clase política en general en una suerte de “contaminación global”, si se adjunta el precedente del caso Convenios. Y, lo que es peor, en un año electoral.

“Estamos frente a una crisis que -si bien está claramente radicada en la derecha- impacta también a la clase política en su totalidad, y a instituciones tan relevantes como las de persecución criminal, en momentos en que tenemos prioridades en materia de seguridad. Por lo mismo, es clave salir de ella fortaleciendo a las instituciones, no debilitándolas. Y evitando acusaciones al voleo”, afirma el presidente del PPD, Jaime Quintana.

La mayor inquietud -según confiesan en Palacio- es el impacto en instituciones clave para la República, lo que obliga a tener una mirada más de Estado y menos de política coyuntural. De ahí que se haya optado por una fórmula para fortalecerlas: que la propia Corte Suprema sea la que adopte -en el caso de Vivanco y los otros jueces que están en la Comisión de Ética- las medidas y las sanciones que correspondan.

En este sentido fue bien valorado que Blanco -un ministro que hasta ahora había mantenido un bajo perfil en este tema- no solo haya citado el mismo domingo al pleno del máximo tribunal, sino que haya adelantado que se iba a tratar la situación de Vivanco, cosa que nunca había ocurrido.

“Con eso tomó el control de la situación”, dice una fuente de Palacio.

Esa actitud hizo que el Presidente -quien ha delegado este tema en su equipo- se desistiera de hacer uso de sus atribuciones constitucionales. Entre ellas, las tipificadas en el numeral 13 del artículo 32, que lo facultan para “velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial” y requerir de la Corte Suprema -si procede- que declare su mal comportamiento.

Y que tampoco echara mano a la establecida en el artículo 80 de la Constitución, que precisa que “la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

La decisión del pleno permitió -según distintos análisis- que la crisis tomara un cauce por parte de la propia Corte Suprema.

A diferencia de lo sucedido el 17 de enero de 2003, con el acuerdo político transversal que se produjo entre el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira (UDI), para dar vuelta la página tras los escándalos provocados por los casos MOP-Gate y Coimas, la fórmula de la administración Boric no va por ese camino. Sí contempla enmiendas estructurales y puntuales. Entre ellas, el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y la regulación de los conflictos de interés.

“Desde el estallido del caso, la línea discursiva se ha mantenido invariable. Y apunta a la mejora de la legislación, al esclarecimiento total del caso Audio y a la aplicación de justicia y sanciones. En eso no se va a retroceder”, dice una fuente de gobierno.

La vía fue delineada por el propio Presidente el 15 de noviembre, un día después de que Ciper diera a conocer el contenido de la grabación, donde el abogado Luis Hermosilla -hasta ese minuto uno de los más prestigiados de la plaza- hablaba de supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en una reunión con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, y admitía que “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”.

Boric acababa de aterrizar en San Francisco (EE.UU.), donde iba a participar en un foro de la APEC, cuando marcó la línea a seguir con el siguiente posteó en su cuenta X: “Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda (…). Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”.

Y el 27 de agosto endureció su postura con un fuerte matiz político, cuando Hermosilla quedó recluido en la cárcel Santiago 1.

“Mandaron a prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tienen que ser iguales para todos”, sentenció Boric, lo que desató una dura reacción de la defensa, advirtiendo que debían darse a conocer todos los chats que Hermosilla tuvo con fiscales y ministros.

La guerra estaba declarada.

Por eso, ese mismo día La Moneda ordenó un exhaustivo control interno. Envió a los ministros, subsecretarios y asesores una instrucción pidiéndoles revisar si habían tenido alguna comunicación por WhatsApp con Hermosilla.

Especial foco se puso en las comunicaciones que tuvo el jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, con Hermosilla, debido a que fue su representante legal en el caso Convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. El vínculo terminó en noviembre del año pasado, una vez que estalló el caso Audio.

No fue el único rastreo. El primero -más superficial- se hizo en noviembre del año pasado, cuando se filtró la grabación.

En La Moneda se asegura que no han tenido reportes de intercambios de mensajes entre ministros y el penalista. Pero que igual se mantiene atenta la mirada a los chats -hay un millón de páginas en total- que va a revelar la defensa, encabezada por Juan Pablo Hermosilla, en las próximas semanas.

Para una mayor inspección se crearon grupos de análisis para monitorear hallazgos y hacer frente a la contingencia.

En los partidos del oficialismo tampoco se observa viable un acuerdo de las características del 2003. Menos aún aparecer en una foto levantando las manos tras el logro de un consenso.

“La ciudadanía ya no está para ese tipo de acuerdos, que generan la sensación de que se está escondiendo la suciedad bajo la alfombra. Lo que se nos exige es un alto estándar de probidad y transparencia. Y ahí hay que actuar en dos direcciones: buscar justicia y verdad y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir, haciendo todas las modificaciones que sean necesarias”, afirma Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.

En el socialismo el análisis es similar. Su presidenta Paulina Vodanovic afirma que “la solución del avestruz aquí no cabe. No podemos repetir el bochorno de las clases de ética. Hay que buscar fórmulas para fortalecer la institucionalidad, partiendo por revisar el sistema de nombramientos, los conflictos de interés y los estándares en probidad y transparencia”.

En paralelo, el mayor temor de La Moneda es que el caso termine golpeando la agenda de gobierno y, con ello, reformas estrella para la administración Boric, como la previsional.

No solo por las rencillas entre oposición y oficialismo que han generado estas revelaciones, sino que también por el uso del tiempo legislativo en la tramitación y aprobación de las acusaciones constitucionales que se están levantando en contra de Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Mario Carroza y Sergio Muñoz, todos jueces de la Suprema, en medio de una campaña electoral, tal como lo advirtió el ministro Cordero.

Una encrucijada contra el tiempo que también afecta al máximo tribunal, que aspira a zanjar la situación que afecta a sus jueces antes que el Parlamento le gane la partida.