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“Criterio Tohá” pone presión sobre la continuidad de Jadue en Recoleta

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Los ministros del comité político y el Presidente Gabriel Boric estaban preparados para recibir la noticia. Pese a que no tenían claridad de la fecha exacta en La Moneda ya estaban al tanto de que era cosa de días para que se diera a conocer la solicitud de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista) por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, luego de que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, asegurara la semana pasada que evalúan acciones legales contra la autoridad.

Pero la información llegó también en medio de otro debate, ya que el gobierno en los últimos días ha sido cada vez más explícito con el denominado “criterio Tohá”, que consiste en que se le solicitará la renuncia a los funcionarios que dependen del Ejecutivo que sean formalizados, lo que ha abierto la discusión sobre el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado por omisión en delitos ocurridos en el marco del estallido social en octubre de 2019.

Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”, dijo la ministra del Interior la semana pasada, postura que ha respaldado en todas sus intervenciones al igual que las otras autoridades del gobierno, como por ejemplo la vocera Camila Vallejo (PC) en la vocería de este lunes.

Antes ya habían habido señales. El 18 de marzo el Presidente, en una actividad en Maipú, aseguró: “Hemos establecido un criterio como gobierno y vamos a seguir en esa dirección”.

Si bien en el gobierno marcaron una diferencia desde el inicio sobre la aplicación del criterio -ya que los municipios son instituciones autónomas que no dependen del Ejecutivo-, lo cierto es que autoridades del Ejecutivo han tenido que salir a aclarar el punto nuevamente. Esto, en medio de algunos reparos de parlamentarios del oficialismo, quienes transmiten que lo establecido genera un enredo y doble discurso de Palacio.

El diputado Raúl Soto, por ejemplo, sostuvo que “le pido al gobierno que tome decisiones, que deje de tirar la pelota hacia el córner. Acá se requiere que el Presidente, el gabinete, tomen las decisiones y transparenten ante el país cuál es su posición respecto al general Yáñez y todas las autoridades que están comprometidas en procesos judiciales, caso a caso. Tomemos decisiones. Evidentemente que la situación del alcalde Jadue hoy día viene a explicitar aquello. Se ha planteado un criterio que aplica para algunas autoridades, pero ahora quedan atrapados respecto de ese criterio con una autoridad cercana a uno de los partidos de gobierno. Eso evidencia una contradicción en el relato que obviamente hace que este pierda fuerza ante los ojos de la ciudadanía”.

Cómo el “criterio Tohá” pone presión sobre la continuidad de Jadue en la alcaldía y enreda a La Moneda

El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, reconoció a este medio que él es “detractor del criterio impuesto por el gobierno”, puesto que “la formalización es un acto sin control judicial y, por tanto, no puede ser el punto de inflexión”.

Y agregó que “cuando decimos evaluación caso a caso, es precisamente para no pillarse los dedos con la puerta, porque lo que todo el país va a observar es qué hace el gobierno con el alcalde de Recoleta y qué hace con el general director de Carabineros. ¿Qué van a decir ahora los diputados del PC que piden la salida del general Yáñez? Se va a armar un tremendo problema. En definitiva, se trata de cuánto pesa la presunción de inocencia y hasta donde estamos dispuestos a respetarla”.

En la oposición, en tanto, tampoco tardaron en reaccionar. La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, publicó en su cuenta de X que “según criterio Toha, (Jadue) debe dejar cargo! Ojo creo que debe revisarse caso a caso, no comparto criterio de ministra”.

En este escenario, la salida comunicacional que definió el equipo político de La Moneda es marcar ese punto, pero no desistir en el criterio sobre los formalizados que sí trabajan para el gobierno y en remarcar los efectos negativos que tiene para las instituciones que funcionarios que las lideren enfrenten procesos judiciales.

Un ejemplo que se conversó entre ministros es que si Jadue trabajara en un ministerio sí se le pediría la renuncia -para no afectar a la institución para la que trabaja y por el desgaste que significa una defensa judicial-, pero que en la Municipalidad es el Concejo el que tiene que definir una postura ante los antecedentes que se revelen.

“En este caso, lo hemos dicho muchas veces, cuando ha habido procesos de distinta naturaleza contra sujetos de distinta orientación política, como gobierno no tenemos doble estándar. En todos los casos aplicamos la misma norma, se debe investigar, no se debe anticipar juicios, se debe permitir que la justicia trabaje sin interferencia y no se debe utilizar con objetivos políticos o partidistas el trabajo que están haciendo los fiscales y, en su momento, los tribunales cuando les toque intervenir”, sostuvo la ministra Tohá este miércoles en Radio ADN.

En todo caso, el alcalde de Recoleta -quien fue respaldado por la directiva del Partido Comunista- actualmente tiene relaciones cortadas con Palacio. La opinión interna, compartida por integrantes del gabinete es que los hechos que se le imputan al excandidato presidencial son “de máxima gravedad”.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, por su parte, sostuvo que “nosotros como Ejecutivo podemos decir cuáles son nuestros estándares y nuestros principios que hemos determinado desde el Presidente de la República. Cuando se trata de funcionarios o funcionarios de gobierno que están en procesos de formalización, o eventualmente estarían en procesos de formalización, hemos definido un criterio. Son momentos de inflexión. Pero nosotros no determinamos, ni instruimos, ni decidimos cómo tienen que actuar los partidos frente a esto. Sí tenemos un proyecto de ley para municipios cuando suceden este tipo de situaciones, el rol de la Contraloría, el rol del CDE. Tenemos iniciativa legislativa, pero los partidos son autónomos”.

Cómo el “criterio Tohá” pone presión sobre la continuidad de Jadue en la alcaldía y enreda a La Moneda

Al interior de los partidos del oficialismo también hay quienes hacen una distinción con el “criterio Tohá”. Por ejemplo, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, dijo a este medio que el principio “es para los cargos de designación política, un alcalde es por elección popular”.

Si bien el diputado Raúl Leiva (PS) reconoció que “la formalización es muy grave por los delitos que eventualmente se imputan, especialmente por el de cohecho”, enfatizó que “hay que tener claro que es una investigación que recién se formaliza y hay que ver los antecedentes en su mérito. En ese entendido, respecto al criterio adoptado por el gobierno, el diputado afirmó que “claramente no aplica a órganos autónomos constitucionales como los Municipios que no tienen dependencia alguna del gobierno”.

En esa misma línea, el diputado Marcos Ilabaca, también socialista, reafirmó que “el Ejecutivo estableció un criterio para todos los funcionarios de confianza que me parece correcto. Pero el alcalde Jadue, como cualquier autoridad electa, no le obliga este criterio”.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, concuerda: “El criterio Tohá se estableció respecto de los funcionarios de gobierno. El alcalde es una persona electa popularmente. La formalización es un acto de comunicación del fiscal a una persona que está siendo investigada (…). La decisión sobre si sigue o no ejerciendo su cargo una vez formalizado es personal”.

En su partido han salido a respaldar a Jadue. “No es primera vez que enfrenta acusaciones, el ha logrado demostrar su inocencia”, dijo el senador Daniel Núñez.

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Jugadores de Fernández Vial denuncian graves precariedades laborales

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Uno de los clubes más tradicionales del fútbol chileno, atraviesa por graves problemas. Hablamos de Fernández Vial, el cual enfrenta serias acusaciones de parte de su plantel y podría ser sancionado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Es que un comunicado que se hizo público en la tarde de este martes, los jugadores denuncian sueldos impagos y precarias condiciones laborales. “El club presenta deudas por remuneraciones correspondientes a marzo de 2024 con sus jugadores y cuerpo técnico. Parte de este último, además, registra deudas impagas de años anteriores”, se lee en la carta que postearon en redes sociales.

Luego agregan que “se adeudan diversas sumas por atrasos en los pagos de viviendas (arriendos y pensiones), lo que ha generado que a algunos compañeros se les exija el abandono inmediato de su lugar de residencia”.

Y por si ambas razones no fueran suficientes para encender las alarmas, el plantel del Almirante señala que “los últimos cuatro meses hemos lidiado con precarias condiciones laborales que no se condicen ni son aptas para el desarrollo de nuestra actividad de manera profesional, como por ejemplo, inadecuados lugares de entrenamiento, viajes, alimentación, indumentaria deportiva, entre otras”.

Pese a lo expuesto, ni jugadores ni cuerpo técnico dejarán de cumplir sus labores y se presentarán a a jugar contra Real San Joaquín, este viernes a las 19 horas. “Seguiremos cumpliendo nuestras labores, demostrando nuestro profesionalismo y compromiso con la hinchada vialina. Esperamos una pronta solución a todas estas problemáticas, por el bien de la institución, sus trabajadores, trabajadoras e hinchas”, anuncian.

Sin embargo, el conflicto no se terminará con su presentación en el gramado pues el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) pide sanciones inmediatas para los regentes del Inmortal. “Solicitamos a la ANFP que procedan con la retención de la garantía de participación de Fernández Vial por sueldos impagos de marzo. Además, club adeuda finiquitos de dos jugadores y pagaré por operación de accidente laboral a otro futbolista”, exigieron.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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Revisa los recintos que mantendrán suspensión de clases en la Región de Atacama

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Este martes, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que este miércoles 17 de abril tres establecimientos educacionales de la Región de Atacama mantendrán la medida de suspensión de clases, debido a los efectos de las intensas precipitaciones que se han registrado durante el fin de semana pasado.

Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) del Mineduc, de las 17.00 horas de este martes, la medida contempla un liceo de Copiapó y dos escuelas de Tierra Amarilla.

Los recintos con suspensión corresponden a dos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y un liceo particular subvencionado.

Cabe señalar que según el último reporte emitido a las 19,15 horas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en torno a la situación meteorológica de la región, 20 familias que estuvieron aisladas en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran en buenas condiciones tras la habilitación de la Ruta C-35, mientras que otras diez personas que se mantenían albergadas en la comuna de Alto del Carmen retornaron a sus hogares.

Asimismo, de las cuatro viviendas con daños en evaluación en la comuna de Alto del Carmen, tres resultaron con daño mayor y una se mantiene en evaluación, contabilizando a seis personas damnificadas, quienes fueron trasladados a Posta de Salud Rural para su evaluación médica y posteriormente a casa de familiares.

En tanto, se informó que 160 personas se mantienen sin suministro de agua potable por falla en Servicio Sanitario Rural (SSR) de Conay Alto y Malaguín, en la comuna de Alto del Carmen.

Copiapó:

Liceo Sagrado Corazón

Tierra Amarilla:

Escuela Paul Harris

Escuela Amolanas

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