Si bien en el gobierno marcaron una diferencia desde el inicio sobre la aplicación del criterio -ya que los municipios son instituciones autónomas que no dependen del Ejecutivo-, lo cierto es que autoridades del Ejecutivo han tenido que salir a aclarar el punto nuevamente. Esto, en medio de algunos reparos de parlamentarios del oficialismo, quienes transmiten que lo establecido genera un enredo y doble discurso de Palacio.

El diputado Raúl Soto, por ejemplo, sostuvo que “le pido al gobierno que tome decisiones, que deje de tirar la pelota hacia el córner. Acá se requiere que el Presidente, el gabinete, tomen las decisiones y transparenten ante el país cuál es su posición respecto al general Yáñez y todas las autoridades que están comprometidas en procesos judiciales, caso a caso. Tomemos decisiones. Evidentemente que la situación del alcalde Jadue hoy día viene a explicitar aquello. Se ha planteado un criterio que aplica para algunas autoridades, pero ahora quedan atrapados respecto de ese criterio con una autoridad cercana a uno de los partidos de gobierno. Eso evidencia una contradicción en el relato que obviamente hace que este pierda fuerza ante los ojos de la ciudadanía”.

El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, reconoció a este medio que él es “detractor del criterio impuesto por el gobierno”, puesto que “la formalización es un acto sin control judicial y, por tanto, no puede ser el punto de inflexión”.

Y agregó que “cuando decimos evaluación caso a caso, es precisamente para no pillarse los dedos con la puerta, porque lo que todo el país va a observar es qué hace el gobierno con el alcalde de Recoleta y qué hace con el general director de Carabineros. ¿Qué van a decir ahora los diputados del PC que piden la salida del general Yáñez? Se va a armar un tremendo problema. En definitiva, se trata de cuánto pesa la presunción de inocencia y hasta donde estamos dispuestos a respetarla”.

En la oposición, en tanto, tampoco tardaron en reaccionar. La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, publicó en su cuenta de X que “según criterio Toha, (Jadue) debe dejar cargo! Ojo creo que debe revisarse caso a caso, no comparto criterio de ministra”.

En este escenario, la salida comunicacional que definió el equipo político de La Moneda es marcar ese punto, pero no desistir en el criterio sobre los formalizados que sí trabajan para el gobierno y en remarcar los efectos negativos que tiene para las instituciones que funcionarios que las lideren enfrenten procesos judiciales.

Un ejemplo que se conversó entre ministros es que si Jadue trabajara en un ministerio sí se le pediría la renuncia -para no afectar a la institución para la que trabaja y por el desgaste que significa una defensa judicial-, pero que en la Municipalidad es el Concejo el que tiene que definir una postura ante los antecedentes que se revelen.

“En este caso, lo hemos dicho muchas veces, cuando ha habido procesos de distinta naturaleza contra sujetos de distinta orientación política, como gobierno no tenemos doble estándar. En todos los casos aplicamos la misma norma, se debe investigar, no se debe anticipar juicios, se debe permitir que la justicia trabaje sin interferencia y no se debe utilizar con objetivos políticos o partidistas el trabajo que están haciendo los fiscales y, en su momento, los tribunales cuando les toque intervenir”, sostuvo la ministra Tohá este miércoles en Radio ADN.

En todo caso, el alcalde de Recoleta -quien fue respaldado por la directiva del Partido Comunista- actualmente tiene relaciones cortadas con Palacio. La opinión interna, compartida por integrantes del gabinete es que los hechos que se le imputan al excandidato presidencial son “de máxima gravedad”.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, por su parte, sostuvo que “nosotros como Ejecutivo podemos decir cuáles son nuestros estándares y nuestros principios que hemos determinado desde el Presidente de la República. Cuando se trata de funcionarios o funcionarios de gobierno que están en procesos de formalización, o eventualmente estarían en procesos de formalización, hemos definido un criterio. Son momentos de inflexión. Pero nosotros no determinamos, ni instruimos, ni decidimos cómo tienen que actuar los partidos frente a esto. Sí tenemos un proyecto de ley para municipios cuando suceden este tipo de situaciones, el rol de la Contraloría, el rol del CDE. Tenemos iniciativa legislativa, pero los partidos son autónomos”.

Al interior de los partidos del oficialismo también hay quienes hacen una distinción con el “criterio Tohá”. Por ejemplo, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, dijo a este medio que el principio “es para los cargos de designación política, un alcalde es por elección popular”.

Si bien el diputado Raúl Leiva (PS) reconoció que “la formalización es muy grave por los delitos que eventualmente se imputan, especialmente por el de cohecho”, enfatizó que “hay que tener claro que es una investigación que recién se formaliza y hay que ver los antecedentes en su mérito. En ese entendido, respecto al criterio adoptado por el gobierno, el diputado afirmó que “claramente no aplica a órganos autónomos constitucionales como los Municipios que no tienen dependencia alguna del gobierno”.

En esa misma línea, el diputado Marcos Ilabaca, también socialista, reafirmó que “el Ejecutivo estableció un criterio para todos los funcionarios de confianza que me parece correcto. Pero el alcalde Jadue, como cualquier autoridad electa, no le obliga este criterio”.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, concuerda: “El criterio Tohá se estableció respecto de los funcionarios de gobierno. El alcalde es una persona electa popularmente. La formalización es un acto de comunicación del fiscal a una persona que está siendo investigada (…). La decisión sobre si sigue o no ejerciendo su cargo una vez formalizado es personal”.

En su partido han salido a respaldar a Jadue. “No es primera vez que enfrenta acusaciones, el ha logrado demostrar su inocencia”, dijo el senador Daniel Núñez.