Ni las mayorías que hoy componen la Cámara de Diputados ni las estadísticas pasadas -que dan cuenta del fracaso sistemático de todas las acusaciones en contra de ministros del Presidente Gabriel Boric– son alentadoras para la nueva aventura opositora en contra del titular de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Si bien la acusación constitucional en contra del secretario de Estado contó con las firmas de casi todas las bancadas de derecha -salvo de Evópoli-, los votos de la oposición no bastan por sí solos para aprobar la presentación.

Hipotéticamente, el libelo contra el ministro de Vivienda tendría un piso de 70 legisladores si es que la oposición actúa unida: 23 UDI, 22 RN, cuatro Evópoli, 12 del Partido Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera y del militante PDG Gaspar Rivas, quien suscribió la presentación a título personal.

Esa cifra -que ni siquiera está garantizada por probables descuelgues- tampoco es suficiente para que prospere la acción en contra de Montes. Para asegurar su aprobación se necesita una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar el próximo jueves 4 de enero, día en que la sala de la Cámara deberá pronunciarse por la acusación.

No obstante, en este punto las gestiones de la derecha entran en tierra pantanosa, pues diputados independientes o de partidos no alineados, como Demócratas, la DC, el Partido de la Gente (PDG) y el Movimiento Amarillos por Chile, ya han dado señales de que no apoyarán el libelo.

La apuesta de la derecha es tratar de lograr algunos respaldos en ese espacio parlamentario, especialmente en el PDG y los independientes, dentro de los próximos días.

En el grupo PDG -integrado por Rubén Oyarzo, Karen Medina, Gaspar Rivas y el independiente Francisco Pulgar-, la mayoría está reticente. Incluso, en el difícil caso hipotético de que la oposición logre convencer al PDG, recién llegarían a 74 votos, es decir a cuatro diputados de la meta.

Por ello, también pasó a ser clave para las fuerzas opositoras persuadir a los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Pamela Jiles, Viviana Delgado, además Mónica Arce (recientemente afiliada al nuevo Partido Humanista). “Como equipo, estamos estudiando la acusación”, señala Arce, quien hoy no es parte de ninguna bancada.

El problema para la oposición es que algunos de estos independientes están asociados a bancadas oficialistas. Si bien a ellos se les respeta su autonomía, hay hechos que no son aceptables desde el punto de vista político, como votar a favor de un proceso de destitución de un ministro. Por lo tanto, ello podría acarrearles más costos que beneficios.

Por ejemplo, Bianchi, como independiente, conforma un comité con el PPD, mientras que Delgado es parte de un grupo mixto donde participan radicales, liberales, democratacristianos y el diputado Andrés Jouannet, presidente del partido Amarillos.

Aunque el mismo Bianchi había dicho semanas atrás que estudiaría el libelo, antes del receso por Navidad, declaró que el texto no lo convencía.

“Conozco a Carlos Montes. No me imagino al ministro Carlos Montes haber facilitado los procesos de estos actos indecentes. Montes ha tratado de ser la solución, no el problema. Esta acusación tiene un tinte político, si lo hubiera en lo jurídico (algún antecedente), lo vamos a revisar, pero hasta el momento no hemos encontrado nada que valide una acusación”, dijo el actual diputado magallánico, quien en sus tiempos de senador fue compañero de fórmula con el socialista. Montes fue presidente del Senado entre 2018 y 2019, período en que Bianchi fue vicepresidente.

Adicionalmente, el gobierno cuenta con una poderosa batería de herramientas para ganarse la simpatía de los independientes, especialmente dando respuesta rápida a demandas que surjan de sus distritos, por ejemplo, la entrega de subsidios.

El eventual apoyo de Alinco al libelo también es difícil para la oposición. Él convivió muchos años con Montes en la Cámara y el ministro suele incluir al diputado patagónico en sus visitas a Aysén, como ocurrió en mayo de este año, en la ceremonia de entrega de 39 viviendas del proyecto Canal Darwin.

La situación de la diputada Jiles también es especial. Si bien ella se allanó a última hora a votar a favor de la acusación contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, que igualmente se cayó por falta de respaldos, por lo general la legisladora no ha participado de estas votaciones. El día en que la Cámara resolvió las presentaciones en contra de las exministras Izkia Siches, Marcela Ríos y Giorgio Jackson, Jiles no concurrió al Congreso por diversas razones.

A diferencia del camino cuesta arriba para la derecha, el oficialismo ya tiene el compromiso de algunas bancadas no alineadas de votar en contra del libelo.

El gobierno parte con una base de 66 legisladores (considerando a los diputados Félix González y Camila Musante, que no se declaran oficialistas, pero sí partidarios del programa gubernamental).

Si a ese grupo se le suman los cinco DC –Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño-, los cuatro legisladores del Partido Demócratas –Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio- y Jouannet, de Amarillos, la defensa de Montes llegaría a la sala con un respaldo hipotético de 76 parlamentarios.

“No hay condiciones políticas para aprobar una acusación constitucional al ministro Montes”, dijo Aedo (DC). “La acusación al ministro Montes parece extemporánea… huele a revancha”, señaló por su parte Calisto (Ind. Demócratas).

Considerando ese piso -más los mencionados casos de Bianchi y Delgado que hoy están más cerca de no aprobar- la acusación ya tendría 78 votos en contra. Con ello, se daría por rechazada, según admiten en la derecha, salvo que el próximo jueves haya descuelgues o ausencias sorpresivas del oficialismo.

“Dado que la DC y aparentemente Demócratas se aliaron y cedieron ante el gobierno, es difícil que se pueda ganar. Pero eso no nos amedrenta y debemos seguir adelante”, comentó el diputado José Miguel Castro (RN), quien presidió la comisión investigadora por los traspasos irregulares de fondos desde el Minvu.

Por su parte, la diputada Francesa Muñoz (Partido Social Cristiano), una de las patrocinantes de la acusación constitucional, señaló que “seguiremos sosteniendo que el ministro tiene responsabilidad política en el caso, y en las votaciones en el Congreso veremos quiénes están por la probidad y la transparencia y quiénes por la corrupción”.