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Día clave en la CC: Pleno aprueba en general polémico informe de Medio Ambiente que estatiza la explotación minera y dicta nuevo estatuto de aguas

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Quedan pocos días para que la Convención Constituyente entregue a la ciudadanía el texto definitivo de lo que será la propuesta de la nueva Carta Magna. Y la reunión de este sábado es clave, ya que esta mañana -y tras rechazarse el informe en primera instancia- el Pleno aprobó con carácter general la inclusión del informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente en el borrador final, que propone, entre otras medidas, la nacionalización de la explotación de minerales -con cierta participación minoritaria de particulares-, y un nuevo Estatuto de Aguas que desglose los derechos de explotación tal como los conocemos hoy.

Cabe señalar que en primera instancia el Pleno debía votar el informe en general, y en caso de obtener 103 votos a favor (obtuvo 114 aprobaciones, 34 en contra y 3 abstenciones), se pasa directamente al proyecto . Mientras si éste fue rechazado, queda totalmente excluido del borrador final. Por lo que ahora continúa la deliberación de cada una de las reglas y su posterior despacho.

Desde cerca de las 10 de la mañana que sesiona el Pleno de la Convención Constituyente en lo que es la 98 reunión de políticos dentro del ex Congreso, y en lo que se espera sea una larga jornada, la convencional tendrá que deliberar a favor o en contra de más de 50 artículos, con sus respectivas indicaciones.

Así, el informe de reemplazo llega este día con una serie de nuevas indicaciones y cambios respecto a dos grandes temas que han generado mayor discusión no solo al interior de la CC, sino también de diferentes expertos en la materia, y que son los estatutos de Minería y Agua.

En cuanto al primer sector, el texto propone, entre otras cosas, que “el Estado realizará exclusivamente la actividad minera”, y que “en el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrán hacerlo en asociación con particulares, salvaguardando siempre la participación mayoritaria del EstadoY además -según uno de los indicios de la convencional María Rivera- se indica que “en virtud del dominio patrimonial del Estado sobre todos los bienes estratégicos, no habrá lugar a compensación alguna por los derechos sobre la minería”. y los activos de hidrocarburos ya que por mandato constitucional pertenecen al Estado de Chile”.

En cuanto al sector saneamiento, el documento propone no solo eliminar los derechos de uso y dar paso a las “autorizaciones de uso de agua” “no comercializables” que otorgará la Agencia Nacional del Agua, sino que también propone excluir a las empresas de saneamiento de cualquier actividad para proveer estos recursos. Y desde el principal gremio que aglutina a estas empresas ya han alzado la voz.

Riesgos de la nacionalización de los servicios de agua y saneamiento

Una de ellas es la indicación 17, propuesta por Camila Zárate, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, que agrega un nuevo artículo inmediatamente después del artículo 4 del Estatuto Constitucional del Agua. Y establece lo siguiente: “Es deber del Estado prestar los servicios de producción y distribución de agua potable, así como los servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales a fin de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Dicha disposición serán realizadas directa y exclusivamente por las entidades públicas estatales, o por las organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento, establecidas de conformidad con la ley.

Es decir, de aprobarse, esta indicación dará paso a la nacionalización de las tareas de administración y saneamiento del agua que actualmente realizan las empresas sanitarias del país. Y desde la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias (Andess) ya advierten sobre los riesgos de esta posible acción”para más de 15,6 millones de habitantes de Chile que viven en la zona urbanarespecto a la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado en medio de la peor sequía de la historia”, señalaron en un comunicado.

“La iniciativa desconoce el alto estándar que hoy tienen las ciudades chilenas gracias a la inversión privada supervisada por el Estado, donde hasta ahora se ha evitado el racionamiento, y no se responsabiliza del grave problema que enfrentan las localidades vulnerables que ya están sufriendo los efectos de la sequía, con racionamiento o intermitencia, donde no operan las empresas privadas de agua”, dijo el gremio.

Y especifica que de aprobarse, “esta iniciativa requeriría una cantidad importante de recursos del Estado tanto para pagar la compra de empresas hoy, como para financiar las obras que se requieren para enfrentar el cambio climático en el futuro. restar los recursos que requiere el Estado para financiar las diversas emergencias sociales en educación, salud, vivienda, pensiones, etc.” E indica que ambos conceptos representan unos US$20.000 millones, es decir, casi el 25% del presupuesto anual del Estado.

“Hacemos un llamado a reorientar el debate, a tomar en cuenta las evidencias y focalizar esfuerzos para que todos los habitantes del país puedan tener garantizado su Derecho Humano al Agua y Saneamiento sin importar donde vivan, es decir, avanzar en las brechas de acceso de zonas rurales y campamentos, y Evaluar los avances que tenemos actualmente en materia de seguridad hídrica en las ciudades de ChileAndess concluye.

Carta con preocupación de la red Compromiso Minero

En tanto, la red de más de cien organizaciones del sector minero chileno y su entorno agrupadas en Compromiso Minero -que incluye a las empresas más grandes del sector como Antofagasta Minerals, Anglo American, Escondida-BHP, SQM, Barrickentre otros- enviaron una carta a los convencionales en la que expresaron su preocupación por la normativa minera contenida en el informe de sustitución de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.

“El informe que se votará este sábado contiene varias normas que, de ser aprobadas, será muy perjudicial para todo el sector minero chileno: pequeñas, medianas y grandes empresas; pueblos, ciudades y regiones que viven de esta industria; el empleo que sustenta y su cadena de valor; y el país en general”, indicaron en la misiva.

“Como red estamos convencidos de que una nueva Constitución debe reconocer que la El Estado tiene el control absoluto de todas las minas, pero también contiene normas que permiten a las empresas privadas -pequeñas, medianas y grandes- realizar esta actividad con seguridad jurídica y estabilidad.protegiendo siempre el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo social, especialmente de los territorios”, dijo.

“Consideramos vital preservar la esencia de la regulación que ha permitido el desarrollo de los tres pilares de la minería chilena: el Estado, liderado por Codelco; el mayor sector privado, tanto de capital nacional como extranjero; y el sector privado nacional, pequeños y Esta alianza público-privada ha sido clave para el desarrollo del país”, agrega la carta.

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Ministro Grau y el desempleo de 8,9%: “La tasa sigue en un nivel más alto del que nos gustaría”

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Otras dos empresas del rubro de la construcción piden su quiebra voluntaria

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Multimillonario inversionista apuesta que Fed bajará las tasas en el primer trimestre

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