Tras dos años de un esfuerzo gubernamental de casi US$ 53.000 millones para apuntalar la industria estadounidense del chip, el impacto del programa es cada vez más claro: las grandes empresas que fabrican chips avanzados están recibiendo un impulso, pero hay límites a lo que el dinero puede hacer.

La Ley de Chips, aprobada en 2022 para impulsar la producción nacional de semiconductores, se supone que debe impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos. Pero incluso en sus primeras etapas, está siendo desafiada por el rápido crecimiento de las industrias de chips en los países competidores, la complejidad política relativa a las asignaciones en el país y el gasto de fabricación de chips.

La mayor parte de las asignaciones se han destinado a Intel y otros grandes fabricantes de chips que tienen previsto fabricar chips avanzados en Estados Unidos, mientras que algunas empresas importantes en otras partes de la cadena de suministro de chips se han quedado fuera. Mientras tanto, otros países han aumentado el gasto para seguir siendo competitivos.

La Casa Blanca califica esta política de victoria. En su discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado en marzo, el Presidente Biden se refirió a la escasez de chips durante la pandemia, que hizo subir los precios de los teléfonos móviles y los automóviles. En lugar de importar esos chips, dijo, las empresas privadas invierten ahora miles de millones en construir nuevas fábricas en Estados Unidos.

Se prevé que el programa triplique el número de chips fabricados en Estados Unidos para 2032, según un nuevo estudio de Boston Consulting Group encargado por la Asociación de la Industria de Semiconductores. El auge de la construcción debería elevar la cuota de Estados Unidos en la producción mundial de chips hasta cerca del 14% en 2032, según las previsiones del estudio, frente al 12% en 2020.

Ese modesto aumento global de la cuota de mercado estadounidense refleja en parte que los países europeos, Corea del Sur, Japón, Taiwán y China también están intensificando la inversión en sus respectivas industrias de chips, lo que subraya cómo la carrera mundial por producir más de los semiconductores más avanzados se está expandiendo y acelerando.

En cualquier caso, el dinero dará a Estados Unidos un gran impulso en la fabricación de los chips más avanzados, afirmó Jimmy Goodrich, asesor principal de análisis tecnológico de Rand, y es probable que cambie la trayectoria de una industria estadounidense que se había quedado rezagada respecto a gran parte del resto del mundo. Sin el programa, de acuerdo a estimaciones de Boston Consulting, la cuota estadounidense habría caído al 8% en 2032.

“Lo que la Chips Act va a hacer es detener ese declive terminal, enderezar el barco y devolverlo a una senda más estable”, comentó Goodrich. “Puede que aumente ligeramente la producción total de chips en Estados Unidos, pero el aumento más significativo será la cuota relativa” de la producción de chips avanzados.

De hecho, las subvenciones de la Chips Act se han centrado en fábricas de chips de última generación que requieren decenas de miles de millones de dólares de desembolso de capital, y en ese ámbito, el informe de Boston Consulting preveía que la cuota de Estados Unidos crecería de cero al 28%. Esto es más optimista que la reciente predicción de la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, que supervisa la financiación, de una cuota del 20% para finales de la década.

“Gracias a la Ley de Chips, todas las empresas capaces de producir semiconductores de vanguardia a gran escala se están expandiendo en Estados Unidos, y hemos reforzado la resistencia de la cadena de suministro y la seguridad nacional de nuestro país”, declaró Mike Schmidt, director de la Oficina del Programa de Chips.

La Ley de Chips era un intento de revitalizar la industria estadounidense de chips y defenderse de la creciente competencia de China en un sector cada vez más crucial para la seguridad nacional. Contemplaba subvenciones directas por un valor de US$ 39.000 millones para las fábricas de chips, además de financiamiento para iniciativas gubernamentales de investigación y desarrollo de mano de obra, entre otros esfuerzos. Como resultado, están surgiendo nuevas fábricas de chips en Arizona, Texas, Nueva York, Oregón y Ohio.

El gobierno recibió cientos de solicitudes de subvención de empresas deseosas de financiación. Las mayores cantidades de dinero fueron a parar a Intel, que obtuvo hasta US$ 8.500 millones en subvenciones para varios proyectos, y a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Samsung Electronics y Micron Technology, cada una de las cuales recibió más de US$ 6.000 millones para sus proyectos.

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, está invirtiendo más de US$ 65.000 millones en construir fábricas en Arizona. Samsung invertirá unos US$ 45.000 millones en Texas, y Micron, fabricante de memorias, proyecta nuevas instalaciones por valor de hasta US$ 125.000 millones en Nueva York e Idaho.

Los ejecutivos del sector se han mostrado en gran medida satisfechos con el despliegue del programa, aun cuando los conflictos laborales, los costos más elevados y las prolongadas revisiones medioambientales están ralentizando el trabajo en comparación con otros países.

Algunos han dicho que el éxito del programa aún está en duda porque no está claro si todas las fábricas de chips prometidas se construirán en su totalidad. Además, se espera que TSMC y Samsung mantengan su producción de chips más avanzada en Taiwán y Corea del Sur.

Una portavoz de TSMC señaló que la decisión se basaba en las dificultades prácticas de trasladar la fabricación de chips avanzados a Estados Unidos y no en consideraciones políticas. Samsung se rehusó a hacer comentarios.

Algunos inversores están preocupados por la cantidad de dinero que se está gastando en nuevas construcciones. Elliott Investment Management, un inversor activista, adquirió una participación de US$ 2.500 millones en Texas Instruments (TI) y escribió una carta el mes pasado a su consejo de administración instando a ralentizar el gasto en crecimiento de la fabricación para impulsar los flujos de caja. Se espera que TI reciba subvenciones en virtud de la Ley Chips.

Algunas empresas se quedaron fuera. Hace casi dos años, el fabricante estadounidense de chips SkyWater Technology desveló sus planes de construir una planta de investigación y producción de US$ 1.800 millones en West Lafayette, Indiana, supeditada a la financiación gubernamental en virtud de la Ley de Chips.

Una disposición de la ley de gastos de marzo establecía que US$ 3.500 millones de la Ley de Chips se reservaran para un proyecto seguro de fabricación de chips para la industria de defensa, que se espera que vaya a parar a Intel.

Este cambio llevó a la oficina que reparte el dinero a cancelar la financiación de instalaciones de investigación y producción de chips comerciales que estaban planeando empresas como SkyWater y Applied Materials, fabricante de equipos de fabricación de chips.

SkyWater decidió recientemente cancelar el proyecto y liberar su opción sobre el terreno. La fundición, con sede en Bloomington, Minnesota, fabrica chips de generaciones anteriores para el ejército, entre otros clientes.

“El proyecto está en suspenso y no hay un plan definitivo para seguir adelante, pero el concepto es viable”, declaró Tom Sonderman, director ejecutivo de SkyWater. SkyWater estudiará las oportunidades que se presenten “cuando existan mecanismos gubernamentales de apoyo a las instalaciones de I+D”, añadió.

Applied Materials sigue planeando construir su centro de investigación, cuyo costo inicial se preveía en US$ 4.000 millones, pero podría no hacerlo en una única instalación y parte de ella podría estar fuera de Estados Unidos, según personas relacionadas con la situación.

El impacto del programa también se ve limitado por el costo de las fábricas de chips. Una sola fábrica de chips avanzados puede costar más de US$ 20.000 millones, y las instalaciones estadounidenses previstas no estarán operativas hasta finales de esta década. Estas realidades significan que ni siquiera un programa histórico de subvenciones de US$ 39.000 millones puede inclinar la balanza mundial a favor de Estados Unidos.

“Esto sólo podría apoyar a unas pocas grandes fábricas, pero creo que es el punto de partida”, sostuvo Ajit Manocha, director ejecutivo del grupo industrial SEMI y exdirector ejecutivo del fabricante de chips GlobalFoundries. “Estoy bastante seguro de que el Departamento de Comercio y el Gobierno en general entienden que tenemos una enorme brecha que cerrar”, agregó.

Según Manocha, para colmar esa laguna se necesitarán probablemente varios cientos de miles de millones de dólares y se tardará una década, suponiendo que el Congreso apruebe nuevas reposiciones de la financiación de la Ley de Chips.

Las empresas de chips consideran que el programa es un buen punto de partida para un impulso a largo plazo que probablemente requerirá más dinero, aunque no está claro que los legisladores estén dispuestos a apoyar a la industria con más subvenciones.

A falta de más subvenciones, las desgravaciones fiscales para la compra de equipos de fabricación de chips podrían acabar teniendo un mayor impacto, según los ejecutivos del sector. La Ley de Chips incluía una desgravación fiscal del 25% para esos equipos, que algunos ejecutivos estiman que ya ha canalizado decenas de miles de millones de dólares hacia el sector.

El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, aseguró en una entrevista que los incentivos fiscales eran el mecanismo más importante para mantener el impulso del programa a largo plazo, entre otros esfuerzos para apoyar la cadena de suministro y la innovación nacional.

La desgravación fiscal expira en 2026, y los grupos de presión del sector ya se están preparando para presionar a favor de una prórroga.