Un 2023 marcado por un incremento en las fiscalizaciones, así como en la cantidad de huelgas y de trabajadores involucrados, tuvo la Dirección del Trabajo (DT).
Según explica el director del servicio, Pablo Zenteno, el alza de la labor fiscalizadora es parte de las prioridades que definió para la etapa post pandemia al asumir el cargo a inicios del 2022.
“Asumimos con posterioridad a una pandemia, con posterioridad a una situación en la que el país abrió todo un proceso político también complejo. Existía la necesidad de fortalecer algunos puntos y, desde el 2022, venimos aumentando la cobertura en fiscalización y su efectividad”, señaña el abogado.
En cifras, durante el 2023 el servicio realizó 90.961 fiscalizaciones. De ellas, 73.427 respondieron a denuncias y 17.534 a programas de fiscalización.
Al comparar con 2022, se observa un incremento de 10,2%, ya que en dicho período se realizaron 82.532 fiscalizaciones en total, destacando el mayor escrutinio del comercio y los servicios administrativos y de apoyo (ver tablas).
“En materia de fiscalización hemos apostado no solamente a aumentar la fiscalización, sino que a ser más eficaces a la hora de fiscalizar e incorporar estos otros elementos”, dice Zenteno.
¿Qué implica esto? El foco central de la institución es avanzar en el cumplimiento de la legislación laboral, por lo cual dentro del ejercicio anterior se implementaron diversos programas para apoyar a los sectores productivos y a las empresas a cumplir con las normas a través del diálogo social.
“La fiscalización es una herramienta que ejerce el Estado para lograr el cumplimiento de la legislación laboral, y es una herramienta que siempre es importante fortalecer. Sin embargo, es evidente que hay distintos sectores económicos a los que hay que entregarles más información. Lo estamos haciendo, por ejemplo, a través de la unidad Mipyme, en donde hemos implementado un programa de trabajo decente que nos ha llevado a capacitar a un gran número de PYME”, destaca Zenteno, agregando que también se han levantado programas de inspección que han sido elaborados en estrecha colaboración con los sectores productivos y sus trabajadores, como en el caso de la construcción.
De las fiscalizaciones realizadas en 2023, 28.027 finalizaron con multas, involucrando montos por $ 132.674 millones. La cifra es superior a lo registrado en 2022, cuando las multas iniciales aplicadas totalizaron $ 91.853 millones, un avance de 44,4% anual.
Negociaciones y huelgas
Asimismo, el 2023 cerró con 2.988 negociaciones colectivas. Cifra inferior en un 7,5% a las 3.231 registradas en 2022.
¿Y las huelgas? En el ejercicio anterior se aprobaron 696 paralizaciones, involucrando a 115.932 personas. Sin embargo, de dichas cifras, solo se terminaron efectuando 108 huelgas, con 11.941 personas relacionadas. Ambos datos son levemente mayores a los registrados en 2022, cuando se concretaron 94 paralizaciones de las 661 aprobadas.
“En términos numéricos, tanto en negociación colectiva, huelgas aprobadas, huelgas efectivas, en general en el país en los últimos dos años no hemos tenido una gran variación. Más bien se mantienen estables los números”, destaca el titular de la DT.
Lo que se viene
Zenteno anticipa que el año que comienza se caracterizará por dar continuidad al trabajo realizado del 2023. Es decir, se continuará trabajando y monitoreando a sectores económicos con niveles significativos de incumplimiento de la legislación. Eso de la mano de un trabajo que incluirá un diálogo constante con los actores.
“Los programas de fiscalización novedosos o nuevos se han armado precisamente porque hay una solicitud de que actuemos. Así lo hicimos en el transporte público en regiones, por ejemplo. El trabajo que hicimos respecto a las condiciones laborales de los buzos, lo que hicimos en materia de comercio”, destaca Zenteno.
Ahora, el servicio se encuentra evaluando los resultados de esos programas de fiscalización, análisis clave para definir cómo se avanzará.
“Tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento de las empresas también a la hora de haber sido notificadas de la situación del incumplimiento en la que se encuentran y en función de eso determinaremos cómo continúan estos programas. Pero acá, insisto, los programas tienen como objetivo, por cierto, si hay denuncias, constatar esas denuncias y aplicar las sanciones correspondientes, pero también de alguna manera mostrarle a los empleadores que tienen que adecuar su conducta, exigirles la adecuación de su conducta a la normativa laboral vigente”, sostiene la autoridad.
Otro eje en el que el servicio estará trabajando es en su centenario.
“Constituimos la Comisión del Centenario, que es un espacio de reflexión presidida por el ex director general de la OIT, Juan Somavía, pero que está integrado por todos los directores y directoras del Trabajo desde la transición en adelante, de distintos colores políticos, los empleadores, trabajadores y nuestros funcionarios. Porque creemos que en la medida que todos y todas nos comprometamos, avanzamos en ser líderes en impulsar el trabajo decente”, cuenta Zenteno.
La conmemoración de este hito -que se celebrará en septiembre-, incluye, además, diversas actividades y espacios de reflexión en los que se discutirá cómo continuar avanzando en el cumplimiento de la legislación laboral y la promoción del trabajo decente.
Dictámenes 40 horas
El pasado jueves en la tarde, el servicio publicó dos dictámenes interpretativos de la Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas.
Consultado respecto a si serán los únicos pronunciamientos o habrá nuevos, Zenteno aclara que “existen algunas consultas particulares y generales donde estamos estudiando el tipo de pronunciamiento jurídico que eventualmente les dé respuesta. Así que en ese sentido, es probable que en los próximos días y de cara ya a la entrada en vigencia próxima, se vayan dando respuesta a esos requerimientos”.
Con relación al rol que jugará el servicio en la implementación de esta ley, el titular de la DT reitera que desde desde la promulgación de la normativa han estado activando diversas líneas de trabajo desde el servicio.
“Evidentemente, la Dirección del Trabajo va a poner a disposición tanto su línea de relaciones laborales con mesas de trabajo u otras, y también su línea de atención de usuarios para facilitar y obviamente, tener una implementación exitosa de esta reforma emblemática para el país”, complementa.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.