No había margen para el error esta vez. Luego del inesperado rechazo de la reforma tributaria en marzo del año pasado en la Cámara de Diputados, la mayor derrota política del equipo económico, el gobierno no estaba dispuesto a un nuevo fracaso de la reforma que busca transformarse en el único legado de gran tonelaje de la administración de Gabriel Boric.

La aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones el miércoles pasado, luego de 14 meses de trámite legislativo, no sólo dio un respiro a un agobiado comité político de La Moneda, sino también despejó los fantasmas que rondaban en Palacio de convertir los dos últimos años de gobierno en un simple ejercicio de administración.

“El gobierno no podía exponerse a nuevo ‘trago amargo’. Lo que pasó en la tributaria se transformó en una alerta para todo el gobierno. Esta vez hubo una mayor gestión política que en la tributaria. Además de Hacienda y Trabajo, la Segpres intensificó su trabajo. Se generaron planillas con los votos de cada diputado; chequeos tras chequeos”, relata una alta autoridad del comité político al describir el trabajo transversal que hizo el gobierno para evitar una nueva derrota.

Pero el desahogo oficialista tras la votación de esta semana tuvo un sabor agridulce. El llamado “corazón de la reforma”, que incluía un alza de la cotización del 6% (3% a cuentas individuales y 3% un seguro social), no sobrevivió a la votación en la Cámara, por lo que, en la práctica, en el Senado deberá negociar y diseñar gran parte de un proyecto fuertemente debilitado.

Sin embargo, este complejo escenario que deberá zanjarse en el Senado estaba en los cálculos que manejaba el gobierno. “Nadie dijo que iba a ser fácil, pero esperamos que haya un acuerdo en el Senado”, anticipa una fuente de gobierno que participará en el “segundo tiempo” de negociaciones.

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, es más optimista. “En el Senado viene una discusión más profunda, más técnica, con menos ideologismo. Con menos fantasmas, podemos llegar a acuerdos”, estima Reyes.

Pero el tránsito de la reforma previsional en los 14 meses de trámite legislativo vivió momentos complejos. “A medianos del año pasado sentimos que la reforma se estaba estancando y que había un riesgo de que tuviera una ‘muerte natural’ dadas las trabas que ponía la oposición”, relata una alta autoridad de gobierno, quien confidencia que la decisión estratégica del gobierno en ese momento fue de apurar el tranco en las negociaciones.

“El Presidente de la República nos ha encomendado agotar todas las gestiones. Hacer lo imposible para que esto ocurra”, dijo en octubre del año pasado la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dos meses antes de enviar una indicación con la fórmula de incremento de la cotización que incluía tres puntos a reparto, dos puntos a cotización individual y un punto para medidas en favor del empleo femenino.

Pero la estrategia para asegurar los votos del centro político fue más allá y el gobierno decidió adoptar una semana antes de la votación de la idea de legislar en la Cámara la propuesta de la Democracia Cristiana (DC) de un 3% a cuentas individuales y un 3% al seguro social. El calculado trabajo de “joyería” en que trabajaba el gobierno desde semanas antes para asegurar los votos del centro político también incluyó contactos con diputados clave como Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Érika Olivera, del partido en formación Demócratas, quienes dieron los sufragios necesarios para el paso de la reforma al Senado. El proyecto se aprobó finalmente con holgura: 84 votos a favor (requería 78), 64 en contra y 3 abstenciones.

“No nos confiamos ni hasta el último momento, a diferencia de lo que ocurrió con el recuento de votos de la reforma tributaria el año pasado. Por primera vez el centro político adquirió relevancia como ‘factor bisagra’, lo que es muy bueno e importante en términos políticos”, confidencia una fuente de gobierno.

A diferencia del estupor en los rostros del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la entonces ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, tras el inesperado rechazo a la reforma tributaria en marzo del año pasado, el miércoles pasado el comité político presente en la testera del hemiciclo respiró aliviado.

Pese al deslavado contenido con que la reforma enfrenta su paso en el Senado y la distancia pública que hay en las posturas entre el gobierno y la oposición sobre la distribución del incremento del 6% de cotización, en el seno del oficialismo creen que podría haber un acuerdo más pronto de lo esperado.

“Habrá un acuerdo en el Senado. La negociación que hay que zanjar es la de definir cuál es el mecanismo de solidaridad que puede mejorar las actuales pensiones. Hay que salir de este debate sobre cuál es la distribución del 6%”, afirma una autoridad de gobierno, sin entrar en mayores detalles.

“Hay posibilidades de un acuerdo más cercano de lo que se cree. Vemos que hay una intención (de la oposición) de llegar a consensos”, complementa el subsecretario Claudio Reyes.

De hecho, recientes declaraciones de senadores de oposición que serán decisivos en la discusión tuvieron una positiva recepción en las filas del gobierno. “Me parece que vamos a tener un acuerdo. Las posibilidades de alcanzar un acuerdo en el Senado son mucho más altas que en la Cámara de Diputados”, dijo esta semana a radio Pauta el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien a partir de marzo ingresará a la clave Comisión de Trabajo.

La instancia será presidida por el senador UDI Iván Moreira, cuya participación fue relevante en el acuerdo con el gobierno que impulsó la Ley de 40 horas.

A contrapelo de los diputados de su partido y días antes de la votación en la Cámara el senador RN, Francisco Chahuán llamó a aprobar la idea de legislar de la reforma, lo que fue bien valorado internamente en La Moneda.

El presidente del mismo partido, Rodrigo Galilea, a quien el gobierno considera un actor clave para lograr un acuerdo previsional, da algunas señales sobre el camino que puede tomar el debate en el Senado y afirma que recursos para solidaridad no son incompatibles con que los 6 puntos extra de cotización vayan a cuentas individuales.

“Los seis puntos extra deben estar en las cuentas individuales, pero eso no es incompatible con que se generen esquemas de solidaridad (…) Un esquema de seguro, que hay que estudiarlo muy bien, porque es muy técnico, es perfectamente explorable. Algún esquema de solidaridad intrageneracional también es perfectamente analizable. Son analizables porque no se oponen a la capitalización individual del ahorro de los trabajadores y porque son sustentables en el tiempo”, precisa Galilea, quien ve espacios para mejorar el funcionamiento de la industria.

Sin embargo, el parlamentario cree que un eventual acuerdo deberá tener un apoyo transversal para dar sustentabilidad a los cambios. “Acá nadie es llanero solitario. Si se llega a una solución, esperaría que sea con consensos amplios. Parte de los problemas que hemos tenido es buscar mayorías muy exiguas, las que terminan cayéndose”, alerta Galilea.

José García Ruminot, senador de RN y futuro presidente de la Comisión de Hacienda, también será clave en conversaciones. “Las y los trabajadores, a través de todas las encuestas de opinión, se manifiestan mayoritariamente a favor que todo el incremento de cotización vaya a las cuentas de capitalización (…) Es hora de escuchar y acoger su posición. Los mejoramientos para las actuales pensiones deben hacerse con cargo a ingresos generales del Fisco. Espero que estos sean los ejes del acuerdo previsional que logremos en el Senado”, afirma el parlamentario.

Al interior del gobierno reconocen también que un eventual acuerdo previsional debe ser lo más transversal posible y sitúan a RN como la “llave” para lograrlo. “La verdadera negociación que llevará adelante el gobierno no será con Demócratas ni con los otros partidos de centro, la real negociación será con Renovación Nacional”, estima un asesor parlamentario.

Sin embargo, desde Demócratas -presidido por la senadora y futura integrante de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón- creen que la labor del partido será decisiva.

“Hay que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo, pero el gobierno tiene que abandonar la posición de trincheras y la demonización a las AFP. El gobierno tiene que cambiar el tono. Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo tiene que entender que el destino a cuentas individuales tiene que ser mayor que el 3%”, sostiene, a su vez, el senador Matías Walker.

El exsenador DC estima que la propuesta de Demócratas de destinar 4,2% a cuentas individuales y un 1,8% a un seguro de longevidad podría ser una buena base de discusión en la Cámara Alta.

Sin embargo, al interior del gobierno ven cada vez con más distancia un mecanismo de seguro de longevidad dado su alto costo. “El seguro longevidad no flota porque es muy caro”, dice una alta autoridad de gobierno. Un senador de RN, cuyo partido también propuso un seguro de longevidad, coincide. “No lo veo viable. Sé que resulta muy atractivo decir que se baja la tabla de mortalidad a los 85 años y que después de esa edad puede haber un seguro. El problema es saber cómo se financia ese seguro”, sostiene el senador, quien cree que puede haber un acuerdo previsional durante el primer semestre de este año.

Los cálculos del gobierno apuntan a tener un consenso antes de las elecciones municipales de fin de año y así evitar los nocivos efectos de la crispación política en el debate previsional. “Este es un momento muy importante para llegar a acuerdos. A nadie hoy, ni a quien asuma en el próximo gobierno, le conviene que se deje abierto este problema previsional”, concluyen en el gobierno.