El exPresidente Sebastián Piñera falleció esta tarde en un accidente aéreo protagonizado en el Lago Ranco. La aeronave capotó en la Región de Los Ríos y según los primeros informes había cuatro ocupantes, tres de los cuales lograron salir de la aeronave.
El exmandatario vacacionaba en la zona sur y habitualmente utilizaba su aeronave para trasladarse.
Piñera fue un político, ingeniero comercial y empresario chileno que llegó a ser Presidente de la República en dos períodos no consecutivos entre 2010-2014 y 2018-2022.
Fue senador de RN y uno de los líderes de la derecha. Nació el 1 de diciembre de 1949, en Santiago. Hijo de Magdalena Echenique Rozas y José Piñera Carvallo, militante de la DC, embajador en Bélgica (1965-1966) y luego ante la ONU (1966-1970) durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva asimismo.
Sobrino de monseñor Bernardino Piñera Carvallo, obispo de Temuco (1960-1977), arzobispo de La Serena (1983-1990) y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (1984-1987). Es primo de Andrés Chadwick ex ministro, hermano de José Piñera Echeñique, ministro de Trabajo y Previsión Social y de Minería durante en el gobierno de Augusto Pinochet; y de Pablo Piñera, subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Patricio Aylwin. Estaba casado con Cecilia Morel Montes y era padre de cuatro hijos: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal.
Trayectoria académica y empresarial
En 1971, se tituló de ingeniero comercial. En 1973, se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado en economía en la Universidad de Harvard. Tres años más tarde, obtuvo su doctorado con la tesis: “Economía de la Educación en Países en Desarrollo. Una Colección de Ensayos”.
Entre 1974 y 1976, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Paralelamente, entre 1975 y 1978, fue consultor del Banco Mundial. En 1976, trabajó en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el proyecto “Pobreza en América Latina”. Al año siguiente, integró el Comité Editorial de los Cuadernos de Economía del Instituto de Economía de la Universidad Católica.
En 1977, inició su trayectoria laboral en el sector privado como miembro de Ingeniería Financiera y Comercial Ltda. (Infinco), empresa de asesorías financieras y evaluación de proyectos. Al año siguiente, expandió sus negocios en el mercado inmobiliario con la Constructora Toltén. En 1978, asumió la gerencia general del Banco de Talca, cargo que dejó en 1980 luego que el directorio de la entidad pidiera su renuncia. Entre 1980 y hasta 1987, fue presidente y gerente general de Citicorp Chile, formado por Citibank y el Banco Santiago.
En 1979 creó Bancard S.A., sociedad que trajo a Chile las tarjetas de crédito Visa y MasterCard y que a través de su división Fincard S.A., fue la mayor emisora de tarjetas de crédito en nuestro país. Además, participó como socio en CMB S.A; en las inmobiliarias Las Américas S.A. y Aconcagua; en la Editorial Los Andes S.A.; en la empresa de correos Postal Market; y asumió la representación de Apple en Chile, entre otras iniciativas.
En 1994, ingresó en el negocio aéreo al comprar el 16% de la aerolínea Lan Chile (LAN Airlines desde 2005) a la empresa escandinava SAS. Posteriormente, a partir de 1997, expandió sus intereses en el ámbito inmobiliario con la Constructora Aconcagua y los proyectos Valle Escondido, Casa Grande, Las Bandurrias, Plaza Forestal, y Parque Industrial Curauma.
En 1999, ingresó a la propiedad de la empresa de telecomunicaciones Entel S.A.La gestión de sus negocios lo llevó a invertir en el holding AntarChile (matriz financiera del grupo económico Angelini e ingresó a la sociedad de inversiones Calichera. En 2001, se integró en la empresa generadora eléctrica Colbún y en 2003, a la Compañía Sudamericana de Vapores.
En 2004, entró al conglomerado Quiñenco (matriz del grupo económico Luksic), y formó parte de los directorios de la clínica Las Condes y del mall Parque Arauco. Además, inició el proyecto de conservación y ecoturismo Parque Tantauco tras adquirir 115.000 hectáreas de bosque nativo en la isla Grande de Chiloé. En 2005, compró el canal de televisión ChileVisión. Además, se integró como accionista en la sociedad Blanco y Negro, controladora del Club Deportivo Colo Colo; en Azul Azul, controladora del Club Deportivo Universidad de Chile, y en la empresa farmacéutica FASA. Asimismo, a través de las sociedades de inversión Bancard, Axxion y Santa Cecilia, ha tenido presencia en: Quintec, Chilectra, Marinsa, CTC, Bata, Chile.com y Oro Blanco, a lo que se suma su participación en el fondo de inversión CMB Prime.
Luego de oficializar su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2009, entregó la gestión de su participación en sociedades anónimas abiertas a cuatro administradoras de fondos de inversiones y carteras de terceros: Celfin, Larraín Vial, Moneda y Bice. Esto supuso la creación de un fideicomiso ciego voluntario donde renunció a intervenir en la administración o gestión de sus bienes, incluida una eventual venta. Por otra parte, Bancard, compañía que maneja sus inversiones, asumió la administración de sus activos en el exterior.
Carrera política
Cercano a la DC para el plebiscito del 5 de octubre de 1988, hizo pública su opción por el NO, contraria a la permanencia del régimen militar de Augusto Pinochet en el poder.
Para las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, asumió por un corto periodo como jefe de campaña del candidato oficialista a la presidencia, Hernán Büchi. También, lanzó su campaña como candidato independiente a senador por Santiago Oriente, Región Metropolitana, para las elecciones parlamentarias del mismo año, las que ganó. Tras su elección, ingresó como militante a RN.
En 1992, presentó su precandidatura para las elecciones presidenciales de 1993 en representación de RN. En agosto de ese mismo año, debió declinar su aspiración producto de la filtración ante la opinión pública de una conversación sobre Evelyn Matthei, compañera de partido y adversaria interna. Tras este episodio, conocido como “Piñeragate”, ambos declinaron sus campañas.
Tras ser proclamado precandidato presidencial de RN en 1999, lanzó una candidatura paralela a Joaquín Lavín, representante de la UDI. Sin embargo, antes de las elecciones primarias internas que dirimirían al candidato único, bajó su candidatura y se integró al comando de su hasta entonces contendor. En 2001, fue electo presidente de Renovación Nacional. En marzo del 2004, dejó la presidencia de su partido con miras a la elecciones presidenciales de 2005. Ese último año, el Consejo Nacional de RN volvió a elegirlo precandidato presidencial.
Se presentó a las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, obteniendo el 25,41% de los votos. Junto a la aspirante oficialista, Michelle Bachellet (que logró el 45,96%), se impusieron por sobre los otros dos candidatos: Joaquín Lavín (con 23,23%) y Tomás Hirsch (con 5,40%). Al no existir una mayoría absoluta, el 15 de enero de 2006 se desarrolló la segunda ronda electoral. En dicha ocasión, obtuvo el 46,50% de las preferencias quedando en segundo lugar tras la candidata de la Concertación que logró el 53,50% de los sufragios, siendo elegida la primera mujer presidenta de la República.
El 12 de diciembre del 2008, el Consejo Directivo ampliado de la UDI, lo proclamó candidato presidencial de la Alianza, propuesta que fue reconfirmada en abril de 2009 en el Consejo General.
En las elecciones presidenciales del 13 de diciembre de 2009, se presentó como candidato por la Coalición por el Cambio (integrada por los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y ChilePrimero), y obtuvo el 44,05% de los votos. Logró imponerse por sobre los otros tres candidatos: Jorge Arrate, con el 6,21%, Marco Enríquez-Ominami, con el 20,13%, y a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un 29,60%.
Al no existir una mayoría absoluta, el 17 de enero de 2010, se enfrentó a una segunda ronda electoral junto con el aspirante oficialista, el senador y ex presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En dicha ocasión, se impuso con el 51,60% de los sufragios por sobre el candidato de la Concertación que logró el 48,39%. Tras el triunfo electoral, el 11 de marzo de 2010 asumió la presidencia de Chile, el que ejerció hasta el 11 de marzo de 2014.
En marzo de 2017, en la Quinta Normal, en Santiago, con la presencia de representantes de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Regionalista Independiente (PRI), lanzó su candidatura a la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. En la elecciones primarias del 2 de julio de 2017, venció al candidato de Evolución Política Felipe Kast y al independiente Manuel José Ossandón. Obtuvo 828.397 votos, correspondientes al 58,35% del total de los sufragios emitidos válidamente, siendo nominado candidato presidencial de Chile Vamos.
En la elección presidencial del 19 de noviembre de 2017, obtuvo 2.418.540 votos, correspondientes al 36,64% del total de los sufragios válidos, pasando a la segunda vuelta electoral con el candidato de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier, quien obtuvo 1.498.040 votos, equivalentes al 22,70% del total de los sufragios válidos. En la segunda vuelta electoral, realizada el 17 de diciembre de 2017, en que votó una mayor cantidad de electores en relación a la primera vuelta, fue electo Presidente de la República por el periodo 2018-2022. Obtuvo 3.796.918 votos, que corresponden al 54,57% del total de los sufragios emitidos válidamente.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.