Al interior de Andacor hay confianza respecto al futuro de la empresa. Pero, primero, debe solucionar sus graves problemas financieros que la llevaron a una cesación de pagos. Al borde de la quiebra, la firma -que controla los centros de esquí El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno- pidió a la justicia la apertura de un procedimiento de reorganización.
En el proceso -que es llevado por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores- la compañía ligada a la familia Leatherbee reveló pasivos por $ 16 mil millones, de los cuales poco más de $ 9.500 millones corresponden a empresas relacionadas. Además, informó que hoy tiene cerca de 130 trabajadores contratados indefinidamente, y que llega a cerca de 1.000 en la temporada alta cada temporada de invierno.
Según explicó en su solicitud de reorganización, su declive comenzó en 2019: las bajas precipitaciones la llevaron a tener pérdidas en su operación invernal. Ese mismo año partió la construcción del Gran Parador, en El Colorado, el primer proyecto inmobiliario de la sociedad en sus más de 70 años de existencia.
“Lamentablemente, ese mismo año, y producto del denominado estallido social, la temporada de verano tuvo bajos resultados principalmente porque la llegada de turistas al país se vio fuertemente afectada por las noticias internacionales asociadas a las tensiones sociales”, afirmó.
Luego, apuntó a la pandemia, que afectó sus ingresos en 2020 y 2021. “Debido a los malos resultados en los años de crisis social y sanitaria, la compañía tomó una serie de medidas que le permitieran superar su difícil situación económica”, dijo la empresa, que detalló un primer aumento de capital por cerca de $ 2.000 millones en marzo de 2021.
“Fue necesario un segundo aumento de capital por cerca del doble de esa cifra (…) frenado mediante una precautoria judicial y un arbitraje por un grupo de accionistas”, añadió.
Paralelo a los aumentos de capital, la sociedad dijo que buscó en entidades financieras la obtención de distintos tipos de créditos. Además, sumó la venta en usufructo de un inmueble donde existen antenas de telecomunicaciones por 99 mil UF.
Junto a esto, dijo que sus resultados durante el año pasado se vieron afectados por el fenómeno del niño, que retrasó la caída de nieve y produjo que lloviera a los 3.000 metros de altura (Farellones se encuentra a 2.400 metros).
“Los últimos meses, la compañía ha trabajado para contar con una oferta de financiamiento por más de 80 mil UF en condiciones de mercado, que permitirá solucionar las necesidades de capital de trabajo, pero que lamentablemente no ha sido posible aprobar”, explicó.
Plan de negocios
En su solicitud de reorganización, la empresa dijo que planificó otra fuerte reducción de costos para este 2024. “Es mediante esta reestructuración del negocio que la empresa proyecta volver a tener una estructura financiera similar a la que gozaba antes de la pandemia. Además, su reciente estrategia multi-regional ayudará a amortiguar el efecto financiero de eventuales malos años de alguno de los cuatro centros que hoy opera”, explicó.
Además, dijo que espera retomar el ritmo de venta del proyecto inmobiliario Gran Parador a niveles prepandémicos, para así disminuir fuertemente la carga financiera que la empresa arrastra dado la disminución en la velocidad de venta de los departamentos que se tienen en stock, como le ha ocurrido a la gran mayoría de las inmobiliarias del país.
“En conjunto con todas las acciones en curso, en el mediano plazo se espera llegar a un nivel récord de utilidades de la compañía”, dijo Andacor, que pretende “posicionarse como el grupo de centros de montaña más grande de sudamérica y como un referente dentro de la industria mundial”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.