El 30 de diciembre de 2021, Alto Maipo realizó su primera inyección de prueba al sistema eléctrico. El hito marcaba el fin de una historia que comenzó en 2007, cuando la entonces AES Gener planteó por primera vez su intención de instalar nuevas centrales de pasada en el Río Maipo.
Con una inversión de US$ 700 millones buscaban habilitar un ambicioso complejo hidroeléctrico de 531 MW de capacidad instalada, distribuida en las centrales Alfalfal II y Las Lajas, que suministrarían el equivalente al consumo de más de un millón de hogares.
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la iniciativa comenzó a enfrentar varios imprevistos: fuerte oposición ambiental, sobrecostos de ejecución que elevaron la inversión por sobre los US$ 3.000 millones detonando dos complejas renegociaciones de deuda y también un paso posterior por el Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU. A esto se suma que Alto Maipo lleva casi un año y medio totalmente paralizada debido a fallas en uno de los extensos túneles que son parte del alambicado complejo.
Hoy la firma busca un plan A, B y C para volver a producir y tener ingresos para responder a los bancos y al mercado.
El 12 de diciembre de 2022, Alto Maipo informó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) la detención de la central Las Lajas por problemas constructivos en el túnel de la unidad. Dos meses después notificaron la paralización total del complejo y revelaron que la reparación del ducto les tomaría al menos hasta octubre de 2023 y luego, en diciembre pasado, reconocieron que en realidad los desprendimientos al interior del túnel cordillerano habían sido cuatro.
Este jueves se conoció una tercera postergación de la fecha estimada para la puesta en servicio del complejo para marzo de 2025, es decir, Alto Maipo podría estar más de dos años sin generar energía y, por ende, sin recibir ingresos.
Visitas, pertinencias y arbitrajes
El refrán de ver la luz al final del túnel grafica la situación de Alto Maipo.
El 12 marzo la firma activó un plan B para retomar la operación de una de las dos centrales, cuyos túneles no han sufrido daños. A través de una pertinencia comentaron que “se pretende operar la Central Alfalfal II en reversa, precisando la alternativa operacional para situaciones de salida de servicio de la Central Las Lajas, por un periodo equivalente al que se requiera para finalizar la reparación de su túnel de aducción Las Lajas, en donde las aguas serán evacuadas hacia el Río Colorado, a través de las obras anexas de la Cámara de Carga de la Central Las Lajas y utilizando las vías hidráulicas existentes”.
La solución propuesta generó inmediatas reacciones. “Unos 3.000 vecinos de El Manzano se verán con problemas de agua si Alto Maipo hace funcionar una de las centrales hidroeléctricas en reversa; es decir, entregando las aguas turbinadas al río Colorado en vez del Maipo, porque el exceso de caudal ahogará la bocatoma”, explicaron los vecinos de El Manzano a Señal DF.
Añaden que la solución para poder operar la central Alfalfal es “una medida desesperada que trata de torcer nuevamente el permiso ambiental (RCA 256-2009), para que se le permita funcionar de una manera alternativa y evitando así, la permisología ambiental; trámite que se intuye muy adverso”, comentó el ingeniero civil y vecino de El Manzano, Pablo Cortés, que ha participado de los movimientos opositores.
La agenda ha estado movida desde inicios de 2024. Hace aproximadamente un mes un grupo de representantes de los acreedores de la empresa pidieron visitar las obras. Si bien este tipo de reuniones serían habituales en la industria, implicaron que AES Andes explicara en detalle el plan para sacar adelante el complejo.
Los problemas de Strabag
AES Andes también trata de resolver los desacuerdos en torno a quién responde por los problemas en la obra. El contratista a cargo es la austríaca Strabag que cobró US$ 1.200 millones por construir los túneles. Aún está pendiente un pago adicional de US$ 392 millones que recibiría contra entrega de trabajos que quedaron suspendidos porque la europea inició un arbitraje contra Alto Maipo.
AES Andes logró, en el marco de este tira y afloja legal con los austríacos, el cobro a su favor de boletas de garantía por US$ 90 millones, que les dieron oxígeno hasta poder retomar la operación.
Existe un segundo arbitraje en cortes internacionales que busca zanjar las responsabilidades constructivas de los túneles y que, según comentan conocedores, podría resolverse en marzo de 2025. Un fallo favorable traería una nueva inyección de recursos para Alto Maipo, cuyos resultados financieros hoy son desconocidos, luego que su matriz AES Andes dejara de consolidarlos.
Lo único que se conoce sobre los números de Alto Maipo es la promesa, al alero del proceso del Chapter 11, de que en 2023 Alto Maipo tendría un flujo de caja de US$ 130 millones para cubrir el pago de su deuda. En 2024 y 2025 dicho monto ascendería a US$ 102 millones y US$ 103 millones, respectivamente, para luego rondar los US$ 100 millones por ejercicio hasta 2040.
La accidentada historia del proyecto
2007
Se conoce el proyecto tras sus primeras sociabilizaciones. Surgen los movimientos contrarios a la iniciativa. La inversión sería de unos US$ 700 millones.
2009
La Comisión Regional de Medioambiente de la RM aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
2012/2013
Se inician las primeras obras en terreno y prospecciones de ingeniería.
2013
Se concreta la incorporación de los Luksic como inversionistas por medio de la minera Los Pelambres.
2013/2016
El proyecto logra un avance de 40% a la par de la ofensiva ciudadana que apunta a la familia Luksic como causantes de efectos negativos para el abastecimiento de agua en la RM. Andrónico Luksic viraliza un video donde explica su rol en el proyecto.
2017
Enero
Los Pelambres decide salir del proyecto.
Abril
Se completa la primera reestructuración financiera tras la salida de los Luksic e ingresa Strabag como principal contratista.
2018
Mayo
Se cierra una nueva restructuración y se actualiza el costo del proyecto a US$ 3.048 millones.
2019
Logran cerca de 80% de avance y proyectan iniciar operación a fines de 2020.
Noviembre
Se acogen al proceso de quiebra (Chapter 11) en Estados Unidos para reorganizar su deuda.
2022
Enero
Se inician primeras pruebas de inyección con el proyecto terminado.
2022
Mayo
Dan por finalizada la reestructuración financiera del Capítulo 11.
Diciembre
Se informan los primeros problemas en los túneles del proyecto que obliga a desconectar central Las Lajas.
2023
Febrero
Informan que los problemas en la operación obligan a reportar como indisponibles a ambas centrales del complejo.
Diciembre
Se reportan hasta cuatro desprendimientos en los túneles del proyecto.
2024
Enero
El Coordinador Eléctrico Nacional pide información a AES Gener sobre el retorno de las centrales.
Marzo
Solicitan una pertinencia para modificar el funcionamiento de la central y solucionar parte de sus problemas técnicos.
Octubre
Sería la fecha tentativa de reinicio de inyección al sistema.
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.