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El plan del gobierno para aumentar la cantidad de “agentes policiales” en la PDI y liberar oficiales para labores investigativas

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Fue uno de los once anuncios en el ítem “seguridad” que el Presidente Gabriel Boric entregó en su cuenta pública: el aumento de plazas para la Policía de Investigaciones (PDI), y así liberar de labores administrativas a cerca de 1.300 oficiales.

El Mandatario expuso ante el Congreso, el sábado 1 de junio: “Elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Subiremos la cifra en cerca de un 30%, sumando 800 nuevas plazas. Para la PDI, presentaremos un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales”.

Fuentes policiales advierten que lo que más se necesita, tanto en Carabineros y la PDI, es un aumento en las dotaciones, no sólo por la cantidad de delitos violentos, sino que también por la demanda de las autoridades para la implementación de nuevos planes operativos.

Por lo mismo, la intención del gobierno es plasmar esta promesa, en un proyecto de ley, al menos en el caso de la PDI.

Según explicaron desde el Ministerio del Interior, la iniciativa anunciada por el Presidente en la cuenta pública apunta a la presentación en octubre de un proyecto que modernizará la carrera policial, aumentando paulatinamente los agentes policiales desde 950 a 4mil, a un ritmo de 250 funcionarios adicionales al año.

Actualmente, la dotación de “agentes policiales” en la PDI es de 900 funcionarios que entregan apoyo permanente y de calidad a la investigación policial.

Estos efectivos son preparados durante dos años en el Centro de Capacitación Profesional (CECAPRO) de la PDI y, tras su egreso, desempeñan funciones en diversas áreas, entre las que se encuentran: atención de usuarios, denuncias y seguridad de cuarteles, conducción policial, migraciones (control y fiscalización).

Además, y dependiendo de las necesidades institucionales y de capacitaciones posteriores los “agentes policiales” pueden especializarse en las áreas como guía canino, protección de personas, operador táctico, Modelo Territorial Cero y recuperación y manejo de las evidencias.

Sin embargo, en paralelo, en la PDI existen cerca 1.300 “oficiales policiales” que hoy cumplen funciones no investigativas, por lo que el plan del gobierno, permitirá, en una primera fase, reemplazar a esta dotación con “agentes policiales”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que “la implementación de esta expansión de asistentes policiales es una transformación significativa en la estructura de la carrera policial. Estos funcionarios, que desempeñan un papel crucial apoyando a los detectives en la labor de campo, verán un aumento sustancial en su número”.

Tohá agregó que “este esfuerzo refleja nuestro compromiso de fortalecer estructuralmente las capacidades de investigación y respuesta en el terreno, asegurando un programa cuyos frutos serán visibles desde hoy pero se consolidarán en el transcurso del tiempo, permitiendo que los próximos gobiernos no tengan que lidiar con una dotación policial mermada como lo hemos debido hacer nosotros”.

Además, existirá una segunda etapa del proyecto, donde se aumentará aún más la cantidad de “agentes policiales”, lo que significará un fortalecimiento de las capacidades de la PDI.

El director general de la institución, Eduardo Cerna, valoró la iniciativa y sostuvo que “las primeras promociones de estos agentes policiales, estarán destinadas a integrar los equipos encargados del control migratorio, permitiendo con ello habilitar los pasos fronterizos 24/7. Este trabajo quedará bajo la dirección y supervisión de los oficiales policiales”.

Asimismo, agregó que esto “contribuirá a aumentar más equipos que realizan trabajo de campo o explotación de Sitio de Suceso (S.S), siempre a cargo de un oficial policial, lo que implica mantener mayor efectividad del grupo multidisciplinario para la pronta y oportuna concurrencia para el levantamiento de evidencia”.

De esta manera, los “agentes policiales” pasarán a integrar equipos investigativos a cargo de detectives para fortalecer la eficacia de las investigaciones de delitos complejos, algo que ya se fijó como prioritario para La Moneda.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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