La empresa Alimentos Tornagaleones -que opera 11 locales de comida rápida en centros comerciales bajo la marca Sow Sushi- solicitó la apertura de un proceso de reorganización financiera y así evitar la quiebra. Sus principales acreedores son operadores de malls.
La firma inició sus actividades en octubre de 2019. “La sociedad debió enfrentar un primer escollo, consistente en el fenómeno que se ha denominado estallido social que, como es de público y notorio conocimiento, provocó una contracción de la actividad del comercio en buena parte del territorio nacional”, dijo la compañía a la justicia. Luego, mencionó las “desastrosas consecuencias” tras la crisis sanitaria derivada del Covid.
A contar de 2022, la sociedad comenzó a normalizar su actividad y procedió a la apertura de los locales, esencialmente en distintos malls en Santiago y regiones.
Luego, en 2023, la sociedad dijo que buscó formulas asociativas con capitales de terceros que le permitieran llevar adelante su programa de aperturas de locales que contemplaba el proyecto inicial. “Producto de lo anterior, al día de hoy la empresa Alimentos Tornagaleones SpA opera, en colaboración y/o a través de la sociedad B.O.B. Brand Operating Businesses SpA”, precisó la compañía.
Y añadió: “No obstante los esfuerzos desarrollados por sus accionistas originales y los acuerdos alcanzados con la sociedad B.O.B. SpA, para Alimentos Tornagaleones SpA ha resultado muy difícil poder resolver en forma oportuna la totalidad de los compromisos que mantiene pendientes con sus acreedores por concepto de, esencialmente, rentas de arrendamiento y garantías en favor de los centros comerciales propietarios de los locales en que opera”.
La compañía aseguró que, sin perjuicio de que los locales se fueron abriendo uno a uno (“con una importante inversión en instalaciones, equipamiento, trabajadores, materias primas, publicidad, entre otros ítems”, dijo), los montos exigidos como garantía por los arrendadores de los establecimientos que se fueron inaugurando registran todavía sumas a enterar por dicho concepto.
Baja de público
“Lo anterior, en un panorama global en el cual la afluencia de público a los centros comerciales y particularmente hacia los patios de comida en los cuales se ubican los locales de Sow, ha presentado bajas considerables, tanto por la situación económica de todos conocida, y también -particularmente en la tarde/noche- por los problemas de seguridad que afectan a toda la población”, sostuvo la firma.
Frente a esto, dijo que “se ha vuelto difícil poder resolver en forma oportuna y dentro de los plazos originalmente pactados los compromisos con todos sus acreedores”, aunque destacó que, a la fecha, la sociedad no registra deudas con trabajadores (los cuales han sido contratados por B.O.B.), ni previsionales, así como tampoco por concepto de impuestos y “también prácticamente al día la totalidad de los proveedores”.
“Si bien es cierto que la empresa registra retrasos en los pagos de arrendamientos y gastos comunes, no lo es menos que ello no constituye en caso alguno un estado de cesación de pagos, por cuanto periódicamente está abonando a las deudas pendientes y a los arriendos que se siguen devengando mes a mes”, destacó la compañía, la cual dijo que con la reorganización busca “evitar la liquidación de la empresa, con las nocivas consecuencias de pérdida patrimonial que esto tiene tanto para los accionistas de las empresas, como también para los acreedores, preservando, asimismo, la fuente laboral de sus trabajadores, con toda la importancia que esto tiene para ellos y sus familias”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.