Llegó el esperado día. Este viernes entra en vigencia la Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y, con ello, la primera fase de la reducción gradual que contempla la norma, lo cual implica que desde este viernes se trabajará una hora menos en la gran mayoría de las empresas del país.
¿En qué pie llegan las empresas a este día? ¿Qué expectativas tienen respecto al impacto que tendrá esta normativa en sus organizaciones?
Esas fueron parte de las preguntas que la Fundación Carlos Vial Espantoso (FCVE), en alianza con Diario Financiero, llevó a 103 áreas de personas de empresas (que representan a más de 276 mil trabajadores) y 109 sindicatos (representantes de más 69 mil socios).
Los resultados mostraron que los nuevos límites al inciso 2 del artículo 22 del Código del Trabajo, que regula a los trabajadores exentos de la jornada laboral, es uno de los temas que genera más inquietud.
Un 85% de las organizaciones consultadas reconoce que, a raíz de la ley, ha debido revisar qué trabajadores que se encontraban contratados con exclusión de jornada podrán seguir contratados en esa modalidad.
Desde el viernes quedarán excluidos de la limitación de jornada los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas.
Del grupo de organizaciones que han revisado la situación de las personas contratadas bajo dicha modalidad, un 49% señaló que “mucho menos” o “algo menos” de la mitad de los trabajadores contratados bajo dicha figura podrá conservarla.
En la vereda contraria, el porcentaje restante cree que la “mayoría”, “inmensa mayoría” o “todos” podrán seguir vinculados con la firma bajo ese formato.
Casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
En este proceso de revisión de sus contrataciones, el 25% de las organizaciones consultadas ha tenido que, a lo menos en una oportunidad, consultar a la Dirección del Trabajo (DT) sobre la aplicabilidad del artículo 22, inciso 2, en uno o más cargos de su organización.
Sobre este tema, además, un 20% ha reformulado uno o más cargos con el fin de anticiparse a la implementación de la Ley que implica llegar a 40 horas semanales en abril de 2028.
El sondeo también profundizó en la disposición de los sindicatos a aceptar acuerdos para que la nueva jornada (de 44 horas) se pueda realizar sobre la base de un promedio de hasta cuatro semanas. Esto implicará que la jornada no podrá exceder de 45 horas ordinarias en cada semana, ni extenderse con este límite por más de dos semanas continuas en el ciclo.
Sobre esto, la encuesta arrojó que al 26% de los sindicatos sondeados les han solicitado formal o informalmente la aprobación de un promedio de jornada cuando la Ley entre en vigencia.
Además, e independientemente de que las empresas hayan formalizado la solicitud, el registro mostró que las organizaciones sindicales han mostrado, en general, una buena disposición para acoger una jornada ordinaria de 40 horas que se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas.
De hecho, el 63% de los sindicatos consultados expresa “bastante” o “completa” disposición a ello.
Sin embargo, pese a estas afirmaciones, un 59% de los sindicatos declaró tener “nada o poca” participación en la preparación organizacional para implementar la Ley.
Visiones dispares sobre impacto
Con respecto al efecto que podría generar la reducción, la encuesta arrojó que las áreas de personas son menos optimistas que los sindicatos respecto al efecto que tendrá en los trabajadores la Ley de 40 horas.
De hecho, casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
Las diferencias se intensifican al preguntar por el impacto en productividad. En esta dimensión, un 32% de las áreas de personas ve que habrá un impacto positivo, mientras que entre los sindicatos cerca del 80% sí considera que lo hará.
“Necesitamos entonces que productividad y reducción de jornada vayan de la mano. ¿Se puede? Claro que sí. La evidencia sobre productividad muestra que ésta se ve influida por múltiples factores, tales como la capacidad de innovar, cómo se organiza la empresa y -muy importante- la motivación y bienestar emocional de los trabajadores”, sostiene Camila Fernández, directora ejecutiva (s) de la Fundación Carlos Vial Espantoso.
Con todo, para la vocera es importante revertir lo que muestra el estudio sobre la baja participación de los sindicatos en la definición del plan de implementación de la ley por parte de las empresas. “La Ley significará cambios de contratos, reformulación de cargos, decisiones de modalidades y otras modificaciones que deben comunicarse y discutirse para transitar con éxito y aprovechar esta oportunidad”, destaca.
La preparación del sector privado de cara al nuevo escenario
Más allá de las cifras, hay empresas enfocadas en llevar un buen proceso de implementación de la Ley. Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Personas y Organización de Antofagasta Minerals, relata que actualmente en la firma cuentan con distintos tipos de turnos, que van entre las 42 y 44 horas. Y, para implementar los nuevos lineamientos de la legislación de manera óptima, Barceló señala que realizaron pilotos durante cinco meses antes de la entrada en vigencia la ley, justamente para entender y generar aprendizajes con anticipación en sus equipos de trabajo, donde se analizaron cuatro grandes frentes de trabajo: carga laboral, experiencia de las personas, tareas y procesos, y dinámicas de trabajo. “Buscamos mantener un equilibrio entre la consolidación de la organización, a través de la productividad y competitividad, en conjunto con el bienestar de las personas que la conforman”, explica. Para ello, “se evaluaron distintos modelos para la adaptación del sistema de trabajo, y recogimos la percepción de todos los trabajadores que participaron en los pilotos respecto del mejor sistema que habilite el equilibrio entre una jornada reducida, la productividad esperada y una conciliación laboral y personal óptimas”, agrega.. Valentina Arriagada, gerenta de Quality Lab Spa -un laboratorio de análisis para la industria, el agro y el ambiente- expone que la preparación para la aplicación de la Ley ha sido “un desafío importante, ya que implica equilibrar derechos y deberes”. En esa línea, agrega, han estado analizando sus procesos y “dialogando con nuestros colaboradores y evaluando áreas que necesitan más énfasis o tecnología. Nuestro enfoque principal es garantizar que la empresa continúe cumpliendo con sus compromisos con los clientes, quienes son nuestra razón de ser. Confiamos en que, al implementar esto gradualmente, estamos en el camino correcto”.
Después de 13 años y una crisis de proporciones de por medio, los caminos de PwC y La Polar se vuelven a cruzar.
En junio de 2011, la multitienda informó al mercado las millonarias repactaciones unilaterales que había aplicado a sus clientes sin su consentimiento, desencadenando una crisis financiera en el retailer.
Los ejecutivos de La Polar, encabezados en ese momento por Pablo Alcalde fueron señalados por las autoridades y políticos como los principales responsables del escándalo.
Pero no estaban solos. En una segunda línea se ubicó PwC, la consultora externa que había auditado los estados financieros de la multitienda.
“Agradecemos la confianza de quienes lideran en el presente Empresas La Polar S.A, que son otros ejecutivos, otros directores y otros accionistas. Es otra empresa. Y PwC también es otra firma. Con otros socios, otros equipos y aprendimos mucho de todo lo ocurrido”, dijeron desde PwC.
La compañía, en ese entonces encabezada por Luis Enrique Álamos sufrió una fuga de clientes, en especial, una de sus mayores cuentas, Bci, que en 2012 decidió no seguir con sus servicios.
Nuevamente juntos
Pero después de 13 años, tanto La Polar como PwC cambiaron. Y mucho. El mayor ejemplo son los controladores de la multitienda, hoy comandada por Leon Vial, y por el lado de la auditora, actualmente es dirigida por Renzo Corona.
Ya sin la presión de las AFP – que hoy no tienen el peso accionario de 2011- La Polar convocó a su junta ordinaria de accionistas para el 25 de abril pasado, votando, entre otras materias, la elección de la auditora externa.
Según consta en el acta de la última junta ordinaria de accionistas, el directorio recibió cotizaciones de parte de EY (UF 16.975 y 19.273 horas), KPMG (UF 14.500 por 12.050 horas) y PwC (UF 12.980 y 12.410 horas).
El entonces vicepresidente de La Polar (hoy presidente tras la renovación de la mesa directiva), Manuel Vial Claro, presidió la asamblea e indicó que el directorio y el comité de directores acordaron proponer a a PwC como auditora externa.
En el acta de la asamblea de La Polar, se expresó que, tal como se había informado previamente a los accionistas a través del sitio web de la compañía, “la razón que motivó su proposición fue, fundamentalmente, su vasta experiencia en la industria con clientes similares”.
La votación de la “Big Four” como la auditora contó con el 90,74% de la aprobación de las acciones presentes en la junta. Aunque hubo tres excepciones: Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes se abstuvo; la corredora de bolsa de LarrainVial concurrió con la mayoría de sus acciones y se abstuvo con una parte menor; y 166 acciones que representaba Bci Corredor de Bolsa aprobó la idea, mientras 105 millones de acciones se abstuvo.
El declive de las AFP y la negociación de Bulnes
Hace varios años era común ver a los fondos de pensiones dentro de los principales accionistas de la empresa de retail, mientras que hoy ninguna de las AFP figura en el listado de los 12 principales accionistas, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre de marzo.
Esa posición fue la que las llevó a tomar un protagonismo cuando estalló el caso, representando los intereses de los minoritarios, llegando a reclamar en tribunales contra exgerentes de La Polar y PwC, aunque nunca contra el exdirectorio de la multitienda.
En septiembre de 2021, la Corte Suprema, resolvió los recursos de AFP Provida y AFP Capital, fallando en contra de PwC Chile, y obligando a la “Big Four” a pagar una indemnización a los fondos de pensiones afectados por el caso.
Finalmente, en febrero de 2022, PwC logró sellar -tras la negociación liderada por el abogado y excanciller, Felipe Bulnes- un acuerdo en torno a indemnizaciones por US$ 64 millones a las AFP y Moneda.
La respuesta de PwC
Desde PwC Chile sostuvieron a DF que “luego de las juntas de accionistas 2024, PwC Chile sigue siendo la firma más reconocida del país, auditando al 38% de las empresas IPSA y el 37% de las IGPA, además de varias centenas de empresas que confían en la calidad de nuestros equipos, y en el prestigio y vasta experiencia construida en los 110 años que llevamos en el país”.
En ese contexto, manifestaron que “para nosotros es un orgullo que las juntas de accionistas y directorios depositen su confianza en nuestras capacidades como auditores externos”.
Consultados específicamente por la decisión de La Polar, señalaron: “en este caso particular, obviamente agradecemos la confianza de quienes lideran en el presente Empresas La Polar S.A, que son otros ejecutivos, otros directores y otros accionistas. Es otra empresa. Y PwC también es otra firma. Con otros socios, otros equipos y aprendimos mucho de todo lo ocurrido”.
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El gobierno de Xi Jinping anunció su intento más contundente hasta el momento para rescatar el asediado mercado inmobiliario chino, relajando las reglas hipotecarias e instando a los gobiernos locales a comprar viviendas no vendidas mientras las autoridades están cada vez más preocupadas por el lastre del sector sobre el crecimiento económico.
El paquete de apoyo también incluye requisitos de pago inicial más bajos para los compradores de viviendas y unos 300.000 millones de yuanes (US$ 42.000 millones) de financiación del banco central para ayudar a las empresas respaldadas por el gobierno a comprar el exceso de inventario de los promotores. Esas propiedades luego se convertirían en viviendas asequibles.
Si bien los inversionistas en acciones aplaudieron la noticia (lo que hizo que el índice de acciones de los promotores subiera casi un 10% el viernes), no está nada claro si el plan para poner fin a la crisis inmobiliaria tendrá éxito.
El financiamiento anunciado por el banco central de China es sólo una fracción de lo que algunos analistas dicen que se necesita para abordar el desajuste entre oferta y demanda en el sector inmobiliario, y muchos compradores potenciales están esperando que los precios caigan aún más antes de intervenir.
Sin embargo, el anuncio del viernes subrayó el renovado enfoque de Xi en apuntalar la segunda economía más grande del mundo, que enfrenta una serie de desafíos, desde el aumento de los aranceles estadounidenses hasta el desempleo juvenil históricamente alto. La pregunta ahora es si las autoridades pueden reunir la combinación adecuada de poder financiero y ajustes de políticas para apuntalar la confianza sin volver a los excesos especulativos de décadas anteriores.
“Esto es un poco similar al rescate de instituciones financieras que atraviesan la Gran Crisis Financiera”, dijo Zhu Ning, profesor de finanzas del Instituto Avanzado de Finanzas de Shanghai, durante una entrevista con Bloomberg TV. “Pero al final, a menos que el gobierno central intervenga y extienda su propio crédito al mercado inmobiliario, es un poco difícil o demasiado prematuro para nosotros creer que estamos fuera de peligro”.
Se estima que el programa de préstamos se traducirá en 500.000 millones de yuanes de crédito en total para la compra de viviendas, dijo el banco central. Esto está por debajo de las estimaciones de los analistas, que sitúan la financiación necesaria entre 1 billón y 5 billones de yuanes, dependiendo de la escala y la velocidad con la que el gobierno asimila el inventario de viviendas.
Los mercados reaccionaron positivamente. El índice inmobiliario de la Bolsa de Valores de Shanghai subió un 6,2%. Un indicador de Bloomberg de las acciones de los desarrolladores chinos aumentó un 9,6%, llevando las ganancias al 16,8% este año.
El anuncio marca una nueva fase para la postura de Beijing sobre la propiedad, siete años después de que Xi dictara que “las casas son para vivir, no para especular”. Las últimas medidas, si bien potencialmente aliviarán la presión sobre los promotores, acelerarán los planes de Xi de aumentar la vivienda pública.
Paquete de medidas
El viceprimer ministro He Lifeng destacó ante los funcionarios durante una reunión el viernes que “el sector inmobiliario está relacionado con los intereses de las masas y con la cuestión más amplia del desarrollo económico”.
También enfatizó la necesidad de impulsar los llamados “tres grandes proyectos” que involucran vivienda asequible, renovación urbana e infraestructura pública.
El viernes, el banco central redujo el ratio mínimo de pago inicial para compradores por primera vez al 15%, un mínimo histórico, según Yan Yuejin, director de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo E-house de China. Los compradores de segundas viviendas ahora deben aportar un 25%, y ambas medidas representan un recorte de 5 puntos porcentuales.
Cada ciudad aún tendrá que tomar sus decisiones sobre las tasas hipotecarias, después de que se eliminó el mínimo a nivel nacional. Las localidades pueden decidir si aún mantienen un tipo mínimo de tasa hipotecaria y su nivel.
Más de tres años después de que China impusiera restricciones estrictas a la deuda de los promotores, las empresas inmobiliarias, incluida China Vanke Co., respaldada por el estado, están al borde del abismo. En conjunto, han incumplido pagos de US$ 124 mil millones de deuda. Está amenazando la estabilidad social a medida que aumentan las protestas y el inventario de viviendas sin vender ronda el máximo en ocho años.
Con las obras de construcción paralizadas y los promotores en mora, alrededor de 5 millones de personas corren el riesgo de sufrir desempleo o reducción de ingresos. Las imágenes de zonas de edificios vacíos y obras públicas incompletas se convirtieron en símbolos globales de la menguante confianza de la nación y el descontento con el manejo de la economía por parte de Xi.
Las autoridades están dando una sensación de urgencia, ya que los datos oficiales del viernes mostraron que los precios de las viviendas en abril registraron las caídas intermensuales más pronunciadas en una década. Una serie de medidas adoptadas el año pasado no lograron detener la espiral descendente.
El viceprimer ministro He también dijo que las autoridades locales deberían recomprar o retirar parcelas de tierra que se han vendido pero siguen inactivas, como medio para aliviar las tensiones de flujo de caja de los promotores.
El programa de représtamo del banco central consiste en financiación barata ofrecida a los prestamistas. Proporciona dinero por valor del 60% del principal de los préstamos bancarios otorgados a empresas estatales regionales seleccionadas cuidadosamente por los gobiernos locales para comprar viviendas no vendidas a precios razonables.
China también podría considerar herramientas de financiación, incluidos bonos soberanos especiales y bonos especiales de gobiernos locales, según Bruce Pang, economista jefe para la Gran China de Jones Lang LaSalle Inc.
Eso podría exacerbar el nivel de deuda pública, que se disparó al 56% del producto interno bruto el año pasado.
Reducir las tasas hipotecarias
China comenzó a reducir el piso nacional de las tasas hipotecarias en 2022 y permitió a las localidades que sufrieron las mayores caídas establecer sus propias tasas mínimas. Tales medidas han llevado a una caída en la tasa promedio de las hipotecas recién otorgadas al 3,69% en el primer trimestre (la más baja desde que comenzaron los registros en 2009), pero no lograron estimular la demanda de compra.
Según el banco central, más del 40% de las ciudades ya han reducido el mínimo de la tasa hipotecaria o lo han eliminado a finales de marzo.
“La relajación de la política es sólo una relajación marginal de las restricciones crediticias”, dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “Dudo que estas medidas puedan alterar las expectativas de los hogares sobre las perspectivas inmobiliarias”.
Se espera que estas medidas reduzcan aún más los márgenes de los prestamistas estatales chinos. La prolongada crisis inmobiliaria ya ha reducido los márgenes de interés netos y ha aumentado los préstamos incobrables.
El margen de interés neto de los bancos chinos cayó a un mínimo histórico del 1,69% a finales del año pasado, muy por debajo del umbral del 1,8% que se considera necesario para mantener una rentabilidad razonable.
“Los efectos dependerán de si los consumidores se animarán”, dijo Shen Meng, director del banco de inversión Chanson & Co, con sede en Beijing. Si no se ejecuta bien “es poco probable que estimule la demanda e induzca un cambio estructural”.
Una baja de 50 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) sigue tomando fuerza para la reunión del Consejo del Banco Central de mayo. Así lo revela la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 22 y 23 de mayo, publicada este viernes por el Banco Central.
Dicha magnitud de recorte ubicaría la tasa clave en 6%.
A su vez, el sondeo se alinea con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de la semana pasada, y proyecta una baja de sólo 25 puntos base en la RPM del 18 de junio.
En tanto, para las reuniones de julio, septiembre y octubre también el Consejo se inclinaría por un recorte de 25 puntos en la tasa clave. A modo de contexto, en la encuesta anterior, se esperaba que el instituto emisor pausara los recortes en la reunión del 16 y 17 de octubre.
Para mayo de 2025, la TPM se ubicaría en 4,75%.
En cuanto a los factores de sensibilidad para las decisiones en torno a la tasa de referencia, los más relevantes para el mercado son la inflación y el entorno internacional. Más atrás se ubican las condiciones financieras locales y el dinamismo de la demanda.
Cabe señalar que el sondeo consulta a los responsables de las decisiones financieras representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.
IPC y tipo de cambio
En materia inflacionaria, la EOF pronostica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentaría una variación mensual de 0,2% en mayo, de 0% en junio, y de 0,4% en julio. Con todo, las expectativas a 12 y 24 meses se ubican en la meta de 3%.
En la encuesta anterior, las expectativas a un año estaban en 3,5%.
Sobre el tipo de cambio, los operadores financieros esperan que este llegue a un valor de $ 900 en un plazo de siete días hacia adelante, y que se mantenga en esa cifra en 28 días. El mayor factor de sensibilidad sería el cobre y el dólar global.
En la EOF post RPM de abril, el mercado esperaba un precio del dólar en $ 970 para un horizonte de 28 días. Dicha encuesta fue publicada el 19 de abril. A la fecha, la divisa norteamericana se ubica cercana a $ 900, incluso bajando de dicha cifra.