Tras el receso de Fiestas Patrias, el Pleno del Consejo Constitucional retomó el proceso de discusión y votación de las enmiendas realizadas al anteproyecto de la Comisión Experta. En la jornada de este miércoles se comenzó a analizar y a avanzar en el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, oportunidad en que se revisó hasta el número 19 del artículo 16 De los Derechos y Libertades Fundamentales.
En este último, la oposición logró aprobar alineada, el inciso 1 que establece el derecho a la vida, donde “la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”. Ello, junto a una serie de incisos que apuntan a la necesidad de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado; todo en materia de seguridad ciudadana. Y, muy importante, se aprobó y por tanto se constitucionaliza el derecho a la protección de los datos personales
Pero mañana jueves es una jornada clave. Durante esta sesión, el Pleno continuará votando el artículo 16, pero le corresponderá abordar los temas que algunos consideran como el corazón de la nueva Constitución y que han generado bastante debate, como es el caso –entre otros– del derecho a la seguridad social, léase pensiones; tema que se está tramitando en paralelo en el Congreso Nacional.
Además, corresponde votar en esta jornada el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo decente, la sindicalización, a la igual repartición de los tributos, al agua, entre otros.
Diálogo de sordos
Las expectativas ante esta etapa del artículo 16 son pesimistas, puesto que los consejeros llegan a ella sin más acuerdos que en los artículos e incisos que la precedieron. Durante las intervenciones en el Pleno, el oficialismo ha insistido reiteradamente, entre otras cosas, en que muchos de los artículos tienen importantes errores y que han sido redactados de manera poco rigurosa, a última hora; y se le imputa a la oposición estar “boicoteando” el proceso.
Por su parte, la oposición acusa al oficialismo de negarse a buscar acuerdos y de “victimizarse” ante la opinión pública; mientras que la alianza entre Chile Vamos y el Partido Republicano se ha mantenido en la postura de aprobar sólo con sus votos aquello en lo que no existe acuerdo, que es gran parte de la propuesta evacuada desde las comisiones, donde la oposición tiene una mayoría incontrarrestable.
De hecho, en el marco del debate, una consejera del Partido Republicano le enrostró a otra de la bancada oficialista que su colectividad representa en el consejo más de 2 millones de votos y otra consejera republicana se apropió de la representación del 62% que rechazó la propuesta de la convención. Así, el tono de las intervenciones ha ido subiendo constantemente desde el inicio de las votaciones del Pleno; tanto, que se comienza a parecer a los debates de la Cámara de Diputadas y Diputados, en que nadie escucha a nadie. La derecha acusa de discursos “incendiarios” al oficialismo, sin quizás escuchar los propios; y a la inversa. Y todo indica que en la sesión de este jueves el clima no será distinto.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.