A pesar de su responsabilidad de mitigar la crisis climática con reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones y cadenas de suministro, las empresas en el mundo no han avanzado mucho en la medición integral y en dicha reducción durante el último año.
Esa es la principal conclusión a la que llega un nuevo estudio de Boston Consulting Group (BCG) y la consultora CO2 AI, titulado “Why Some Companies Are Ahead in the Race to Net Zero” (Por qué algunas empresas están a la cabeza en la carrera hacia Net Zero).
De hecho, entre los hallazgos clave a nivel global, sólo el 14% de las empresas afirma haber disminuido las emisiones de acuerdo con sus ambiciones en los últimos cinco años. Esto se traduce en tres puntos porcentuales menos que en 2022, argumentando “las difíciles condiciones económicas” y “las limitaciones de capital” como desafíos para sus esfuerzos de reducción.
Ahora, el estudio hace un zoom en la fijación de objetivos para la reducción de emisiones “Alcance 3″, que es uno de lo que más preocupa al sector privado. Se trata de la más amplia categoría de los GEI, que abarca todas las emisiones indirectas derivadas de las actividades de una compañía y que provienen de fuentes que no están bajo su propiedad o control, como por ejemplo la actividad de sus proveedores y cadena de suministro. El informe es optimista en esta área, develando que ha aumentado en los últimos tres años, llegando al 35% de empresas que declaran hacerse cargo de este ítem en 2023. Y al desglosarlo por sector, la industria de la salud lidera el ranking, con un poco menos de la mitad (44%) de las firmas que están abordando el tema, seguida por bienes industriales (42%) y el sector de telecomunicaciones y medios de comunicación (40%).
El estudio se basa en las investigaciones sobre el progreso de las empresas en todo el mundo, además de encuestas a 1.850 ejecutivos responsables de la medición, reporte y reducción de emisiones en sus organizaciones, abarcando 18 industrias principales y 23 países, entre ellos, Chile. Cada organización participante tenía al menos 1.000 empleados y unos ingresos anuales que oscilan entre los US$100 millones y más de US$10 mil millones.
Según el reporte, sólo el 11% de las empresas sudamericanas informan medir de manera integral sus emisiones de alcance 1 (directas), 2 (indirectas generadas por la electricidad consumida y energía en general) y 3. A pesar de que es un punto porcentual superior al 10% global detectado por esta encuesta, revela un retroceso con respecto a 2022, en que fue del 13%.
La buena noticia es que Sudamérica lidera el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de Alcance 3, el cual ha aumentado en 21 puntos porcentuales (dos más que a nivel global) desde 2021, del 36% al 57%. Al mismo tiempo, un mayor número de encuestados señaló que ha establecido objetivos de reducción de alcance 3, un aumento también de 21 puntos porcentuales desde 2021, del 24% al 45%. Esto supone 10 puntos porcentuales más que el promedio de las organizaciones participantes a nivel global.
Además, el 59% de los encuestados tiene iniciativas de reducción conjuntas con sus proveedores, esto es, 11 puntos más que el promedio de los participantes.
A diferencia de otras regiones, el 62% de las organizaciones en Sudamérica indica que la presión regulatoria es una de las causas principales a la hora de motivar la medición y presentación de informes sobre emisiones. Los participantes tienen 1,4 veces más probabilidades de considerar positivamente las regulaciones de presentación de informes, versus otras regiones.
Por otro lado, el 48% de los encuestados en la región (el 40% a nivel global) estimó un beneficio financiero anual de al menos US$100 millones al alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. “Sin embargo, las organizaciones que han avanzado en la descarbonización no sólo están consiguiendo beneficios financieros, sino también otros no financieros como la mejora reputacional, cumplimientos regulatorios o costos operativos más bajos, entre otros”, explica Ángel Martínez, managing director y partner de BCG.
Otro de los hallazgos de este informe es el liderazgo de Sudamérica con respecto a otras regiones en la automatización de sus procesos de gestión de emisiones. El 62% de los encuestados tiene procesos de medición y presentación de informes de emisiones parcial o totalmente automatizados, en comparación con el promedio de la encuesta del 51%.
Por último, el 38% de las compañías de la región planea ampliar el despliegue de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) en los próximos tres años para mejorar la precisión, la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de emisiones, esto es, ocho puntos más que el promedio global.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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