La familia Cartoni -con presencia en una serie de rubros como el automotriz- demandó a las inmobiliarias Kant y Miramar (representadas por Cristián Labbé y Víctor Becerra), a las que acusó de incumplir un contrato de compra de un terreno en calle Arlegui 143 en Viña del Mar. El acuerdo contemplaba el pago de US$ 9 millones por la propiedad de 3.221 metros cuadrados, que tiene aprobado un proyecto para levantar un edificio de 24 pisos para viviendas y oficinas.
Según los vendedores y ahora demandantes, las partes firmaron un contrato de promesa de compraventa el 18 de mayo de 2021, pactándose un precio de 209.376 UF (65 UF el metro cuadrado).
Dijo que se estableció, entre otras materias, que si una de las partes incumplía el contrato, la otra podría, a su arbitrio: perseverar y exigir el cumplimiento forzado de la promesa y, conjuntamente, reclamar a título de indemnización el pago de una pena moratoria equivalente a 100 UF, por cada día de atraso en el cumplimiento de la obligación, con un tope máximo equivalente al 15% del precio de venta; pedir la resolución del contrato y exigir a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente al 20% del total del precio de venta del inmueble.
“Arribados los plazos establecidos para el cumplimiento de las condiciones y la celebración del contrato prometido, las demandadas mantuvieron las negociaciones respectivas, tanto con esta parte como con el Banco Itaú Corpbanca, quien aportaría el financiamiento necesario para que la demandada cumpliera con su obligación de pagar el precio”, sostuvo la demandante.
Y añadió: “En ningún momento concurrieron a celebrar el contrato los Sres. Cristián Labbé Reyes ni don Víctor Becerra Guarda, representantes de Inmobiliaria Ecuador SpA., sociedad designada por las demandadas como compradora”.
Esto, dijo, pese a haber sido aquella parte la que, a través de la entidad bancaria que la financiaba en la operación, remitió la escritura matriz a la notaría para suscribir el contrato y que, ni siquiera durante los 60 días en que la escritura se encontró disponible para firma, los personeros de las inmobiliarias dieron luces de que no firmarían el contrato.
Pérdida de valor
“Por cierto, hasta la fecha la parte demandada no ha aportado ninguna explicación que permita comprender las razones de su actuar, toda vez que no ha existido ningún tipo de comunicación entre las partes con posterioridad a los hechos que fundan esta demanda”, dijo Juan Magasich Airola, socio de Magasich & Cía., en representación de Pablo y Tomás Cartoni Viale, además de Pablo, Daniella y Paula Cartoni Gajardo, entre otros.
El clan solicitó a la justicia que las demandadas los indemnicen por los -aseguran- perjuicios causados. En primer término, pidieron el pago de 41.873,2 UF -que a la fecha de presentación de la demanda corresponden a $ 1.543.189.956-, correspondiente a la cláusula penal pactada por las partes en el contrato de promesa de compraventa.
También pidieron $ 195.214.617, correspondientes a los gastos de los estudios encargados en vistas al proyecto de edificación y los derechos municipales del permiso, entre otros.
En una demanda subsidiaria de indemnización de perjucios por responsabilidad precontractual, la familia solicitó, además de los gastos de los estudios, 90.000 UF (equivalentes a $ 3.314 millones), por concepto de daño extrapatrimonial, en específico, pérdida de una oportunidad.
La sociedad señaló que, atendidos los cambios en las condiciones de la economía y el mercado, cuenta con informes de opinión de valor emitidos por Colliers International, que dan cuenta que actualmente la propiedad cuesta unas 130.766 UF (unos US$ 5,4 millones). “Así las cosas, la pérdida de valor del inmueble de mis representados con el paso del tiempo resulta clara”, sostuvo.
José Arcadio Torrejón, socio de Andreucci & Torrejón, es el abogado de las inmobiliarias Kant y Miramar. En una presentación, dijo que el 2º Juzgado Civil de Viña del Mar, donde se presentó la demanda, es incompetente para conocer sobre ésta pues ambas sociedades registran su domicilio en la Región Metropolitana, en la comuna de Las Condes.
Además, apuntó a una supuesta falta de capacidad del demandante, o de personeria o representación legal del que comparece en su nombre, así como una falta de la individualización completa de cada demandante, entre otras reclamaciones. “No se explicita la propiedad o porcentaje en el dominio que detenta cada uno de los demandantes en la demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios”, sostuvo.
La representante nacional del para tenis de mesa, Florencia Pérez, ganó este viernes la cuarta medalla de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un encuentro de semifinales en la categoría WS8 de la disciplina deportiva.
Pese a ser derrotada ante la china Wenjuan Huang, que se impuso en el partido por 11-5, 11-7 y 11-8, la joven de Chillán llega a la historia como la medallista más joven en lograr una presea en los Juegos Olímpicos para Chile, representando al país en Francia con sólo 15 años.
Así, Florencia Pérez concluye su paso por la edición 2024 de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, donde ya había asegurado su medalla en caso de caer en la semifinal, dado que en el para tenis de mesa no existe una definición para el bronce dentro de un partido.
Chile acumula cuatro medallas de bronce en los Juegos Paraolímpicos, luego del brillante rendimiento del nadador Alberto Abarza que ganó tres metálicas en su disciplina.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.