El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró este domingo que ha habido avances en la investigación por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, que ocurrió durante la madrugada del sábado y confirmó que, en base a la información forense, las víctimas murieron por impactos de bala y no producto de la acción del fuego.
Cabe recordar que los tres oficiales fueron hallados calcinados en el pick up de una camioneta policial blindada, cuando en momentos previos habían concurrido a un procedimiento de verificación de medidas cautelares, en el sector de Antiquina.
Pese a que la investigación fue decretada bajo reserva, el jefe del Ministerio Público aseguró a Tolerancia Cero, de CNN Chile, que “sí hay avances y tal como hemos dicho otras veces y creo que hemos conseguido que ese mensaje vaya penetrando, siempre pedimos comprensión respecto a la información que podemos entregar. Los actos en tribunales son públicos, pero las investigaciones son reservadas”.
“Hemos ido entregando información que podemos compartir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las causas de muerte. Por razones humanitarias y más que comprensibles, había mucha preocupación sobre si los carabineros habían o no fallecido cuando incendiaron la camioneta”, prosiguió el fiscal.
Bajo ese tenor, Valencia agregó que “toda la evidencia al menos científica, de análisis forense, las autopsias, arrojan que, al menos, del punto de vista científico de lo que se ha podido recabar –y en eso el SML ha puesto sus mejores esfuerzos-, los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos. Es decir, no hay indicios, no hay evidencia del punto de vista forense de que hayan estado vivos o con signos vitales, cuando se provocó el incendio en la camioneta”.
Asimismo, aseguró que la investigación también deberá esclarecer los motivos del ataque y entre ellas mencionó una escalada de violencia en la zona o crimen organizado asociado a demandas territoriales o no. “Ha habido progresos”, dijo Valencia, pero evitó anticipar lo que se ha logrado establecer por los equipos investigadores.
Respecto al lugar de los hechos y si los policías murieron en el lugar donde fueron hallados en la ruta P-72S, Valencia evitó profundizar en las hipótesis investigativas, sobre si hubo uno o dos sitios del suceso, como lo sugirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Asimismo, el jefe del Ministerio Público descartó señalar que en la zona hay terrorismo y realizó un diagnóstico del lugar. “Lo que ocurre en la zona y que lamentablemente ocurre así, es que tienes bandas muy violentas que se dedican principalmente, a actividad criminal general a robo de madera, narcotráfico, cultivo de drogas, tráfico de armas y que se amparan en una consigna, que no es más de un pretexto de carácter reivindicatorio, de tierras o de lo que fuere, pero que haciendo un análisis a su práctica son simplemente bandas de delincuentes comunes”, manifestó.
Remarcó, en tanto, que hasta entonces no ha habido grupos que se hayan atribuido el ataque, perpetrado durante el 97° aniversario de Carabineros.
Valencia también lanzó sus dardos contra la actual ley Antiterrorista y evitó catalogar lo ocurrido con los carabineros en la Región del Biobío, como un hecho de estas características.
“Tenemos una muy mala ley Antiterrorista y eso lo hemos planteado muchas veces, porque no permite calificar e investigar como terroristas hechos que, probablemente conforme al lenguaje común o conforme a la doctrina o la teoría jurídica en general, deberían necesariamente ser considerados como terroristas. Muchas veces las propias víctimas nos piden que no hablemos de terrorismo jurídicamente porque los perjudica”, señaló Valencia.
“¿Podrían ser actos terroristas? Por supuesto, pero esa es una hipótesis. También podrían ser bandas de delincuentes comunes que están tratando de controlar territorio”, añadió.
El jefe del ente persecutor también fue consultado respecto a las capacidades de la Fiscalía para perseguir las nuevas modalidades de delitos violentos, dado que sostuvo, que en la práctica se persigue a “fantasmas” que no cuentan con identificación en el país.
“No teníamos la experiencia de perseguir dentro de Chile a sujetos que no tuvieran su cédula de identidad, su fotografía, sus huellas dactilares y que además, salieran y entraran por la frontera norte con una facilidad que no conocíamos. Hasta acá era un rumor que salió por un paso no habilitado o que cometió un cohecho para que le permitieran salir. Ese era nuestro diagnóstico del riesgo de fuga de un sujeto”, manifestó Valencia.
Como una autocrítica, el fiscal nacional aseguró que “lo que no vimos venir, era la actividad prolífica de las bandas y cuando inicié esto, partí diciendo que vamos a poner el foco en la protección de autoridades (…) en la seguridad de fiscales y jueces, pero nos quedamos chicos. A los pocos meses eso tuvimos que rehacerlo, porque no cabía duda que el problema transcendía con creces a los fiscales y autoridades”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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