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Gobierno valora rechazo a justicia militar en RUF y apuesta a comisión mixta por Ministerio de Seguridad

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La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que desde el gobierno están satisfechos por el avance en la Cámara de Diputados de la ley sobre las reglas de uso de la fuerza (RUF) por parte de militares y las fuerzas del orden, así como por el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, aunque destacó que en este último apostará a una comisión mixta para reponer temas que el Ejecutivo considera indispensables para el avance de la norma.

Esto luego de que ambos fueran aprobados por la Sala de la Corporación durante la jornada del viernes, para pasar a segundo y tercer trámite constitucional, respectivamente.

Desde el Congreso, Tohá manifestó que “estamos llegando al día viernes de una semana intensa, pero al final de este trabajo tenemos despachado del Senado el proyecto de Ley Antiterrorista, despachada de la Cámara de Diputados la Ley RUF, y despechado en segundo trámite el Ministerio de Seguridad”.

Sobre este último, valoró su avance en el Congreso, al señalar que “habiéndose aprobado ya en ambas cámaras, es un hecho: Chile va a tener un Ministerio de Seguridad. No está terminada esta tramitación, hay temas que resolver, hay materias que quedaron rechazadas y que requieren una solución, por ejemplo, cuál va a ser la expresión regional del ministerio o cómo se adapta el Ministerio del Interior, pero son temas que en el tercer trámite se encontrará una manera de sacar adelante”.

Consultada al respecto si apostarán a una comisión mixta, ya que en tercer trámite constitucional el Ejecutivo no puede reponer indicaciones, la titular del Interior sostuvo que, en el caso de las atribuciones del Ministerio del Interior -que fueron rechazadas por la Cámara- “el Senado aprobó un texto donde quedaba explícito lo que históricamente ha sido el rol del Ministerio del Interior, desde Bernardo O’Higgins hasta la fecha, que es ser el coordinador político del gabinete. El texto del Senado contenía ese elemento, aquí la oposición en la Cámara lo rechazó, se tendrá que resolver en una mixta”.

En tanto, sobre el rechazo a la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad cuente con Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis), sostuvo que “toda la expresión regional, que también el texto del Senado contenía, la Cámara, por opción de los votos de la oposición, lo rechazó. Ahora, un ministerio de Seguridad sin expresión regional es perfectamente inútil. No puede haber un Ministerio de Seguridad que no desarrolle su gestión en el terreno”, destacó.

Al respecto, Tohá sostuvo que “confiamos en que hay un espíritu razonable, se quiere hacer una ley que funcione y no que sea una entelequia que funcione en las cuatro manzanas de La Moneda, pero después no tiene ninguna expresión en el terreno, y la gente nunca lo ve actuar. Entonces sabemos que, a pesar de que hubiéramos preferido de que esto quedara resuelto acá, se encontrará una manera entre las cámaras para darle una expresión regional al ministerio, salvo que alguien quiera hacer un ministerio de papel”.

En tanto, la ministra del Interior también valoró el paso a segundo trámite del proyecto que norma las reglas del uso de la fuerza (RUF).

“Este es un proyecto impulsado hace un año por un mensaje del Presidente de la República, no ha sido fácil construir acuerdos en torno a él, y todo el cuerpo central del proyecto hoy día fue aprobado. Ciertamente hay temas que discutir todavía en el Senado, particularmente nos preocupa que se rechazó la proporcionalidad, nos preocupa también que las reglas de uso de la fuerza para los militares se simplificaron a un punto muy superior a como son hoy día. Unas reglas que hoy día son de ocho pasos se dejaron en tres pasos, claramente eso el algo que hay que corregir en el Senado, pero en lo sustantivo se ha respaldado que haya a nivel legal reglas de uso de la fuerza”.

Consultada sobre el rechazo en la Cámara a la indicación que pretendía devolver a la justicia militar los casos en que militares o policías incurrieran en un delito cumpliendo labores de orden público, la ministra Tohá se mostró aliviada.

“Estas caras estarían igual de cansadas, pero mucho más tristes, si el proyecto hubiera pasado con la reposición de los juzgados militares. Los juzgados militares en las democracias maduras no se hacen cargo de temáticas en tiempos de paz que involucren civiles. Los juzgados militares no están concebidos para eso y Chile dio un debate larguísimo, de décadas, para sacarlos de esa competencia. Volver atrás en esa materia es algo que ninguna de las voces expertas que se escucharon en el trámite de este proyecto planteó”.

“Fue de esos temas que aparecen a último minuto para exacerbar la polémica, pero claramente no estaba ni en las ideas matrices ni en el espíritu de este proyecto, ni en la temática que ha provocado que regulemos las reglas del uso de la fuerza”, destacó Tohá.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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