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Economia

Indemnización por años de servicio

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Hace años tuve que entrevistarme con varios gerentes de personas para hablar de la Indemnización por Años de Servicio (IAS). Recuerdo muy bien la anécdota que nos contó la gerenta de una startup en la que una empleada había ido a cobrar su IAS porque se quería ir a vivir a Australia, debido a su pareja lo habían trasladado a ese país en su trabajo.

La respuesta fue que si se quería ir tenía que renunciar y que no le correspondía una indemnización. Enojada respondió que le correspondía ese pago y que demandaría. No demandó, pero dejó de hacer su trabajo para que la despidieran. Finalmente la empresa tuvo que ceder.

El diagnóstico tras esa anécdota se repitió en empresas de diferentes rubros y tamaños. A saber, que la IAS limita las posibilidades de contratar, encarece tanto la contratación que reduce los salarios que se pueden ofrecer, y afecta la productividad de las empresas.

Es que aunque cuesta que se reconozca públicamente, es bastante generalizado el diagnóstico de que existen buenas razones para pensar que el actual sistema de indemnización en Chile puede ser perjudicial.

En el debate público es fácil caer en caricaturas y asumir que abogar por una mejora al sistema es simplemente para beneficiar a los empresarios, como si se tratara de una defensa corporativa. La verdad es que los más perjudicados con la IAS en su diseño actual son los trabajadores (y probablemente especialmente los más vulnerables), y no los empresarios.

¿Por qué? La evidencia muestra que la IAS en Chile es muy alta si se mide con cualquier vara, incluso al compararnos con la OCDE. Mientras en el país un trabajador despedido con 10 años de antigüedad recibe 10 sueldos por indemnización, el promedio de la OCDE entrega 3,2 sueldos. Además, 11 países de la organización no entregan indemnización por desvinculación. No solo eso, si nos comparamos con el mundo, solo hay ocho países que en 10 años de antigüedad dan más indemnización que Chile, de los cuáles solo dos tienen -como nosotros- un seguro de cesantía: Egipto y Tailandia.

Esto no es inocuo. Una IAS alta encarece el empleo, lo que inevitablemente lo reduce. Por ejemplo, existe evidencia académica de que el aumento en los costos de contratación a causa de altas indemnizaciones provoca períodos de desempleos más extensos, aún en países con tasas de desempleo similares (Blanchard y Portugal, 2001).

La intuición se confirma al mirar los datos de países de la OCDE, en los que se ve una clara correlación negativa entre empleos indefinidos y la cantidad de IAS. Es decir, la correlación induce a pensar que lAS muy altas precarizan el empleo en los países.

Adicionalmente, una alta IAS disminuye la productividad laboral por la rigidez que produce. Afecta la productividad porque reduce los procesos naturales de creación y destrucción de empleos (lo que en la literatura económica se conoce como misallocation), porque impide a las empresas disminuir su tamaño en épocas de “vacas flacas” (lo que se conoce como downsizing) y porque genera incentivos a “buscar un despido” como el de la anécdota.

En resumen, el sistema actual de indemnización no está adaptado al mercado laboral, lo que ha limitado la creación de empleos de calidad y la productividad.

Asimismo, restringe la libertad de los trabajadores al desincentivar que busquen mejores empleos. Una actualización de esta política y una mayor atención al seguro de cesantía serían pasos hacia una política laboral que promueva la libertad y resguarde la dignidad de los chilenos.

#Indemnización #por #años #servicio

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Economia

Anglo American rechaza el llamado de BHP para extender las conversaciones sobre un acuerdo por US$ 49 mil millones

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Economia

Protección de datos para la inteligencia artificial

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Señor Director:

Hace algunos días el Ejecutivo ingresó a trámite el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (IA), que busca regular los sistemas de IA basado en riesgos. La propuesta insta a las empresas a clasificar los sistemas de IA en función del riesgo que representen: riesgo inaceptable, de alto riesgo, de riesgo limitado y aquellos sin riesgo evidente.

Además, se otorga a la futura Agencia de Protección de Datos Personales la facultad para fiscalizar y sancionar, lo cual valoramos positivamente, pues reduce la sobrerregulación. En ese mismo sentido, se establecen sanciones que pueden llegar a las 20.000 UTM, y que se encuentran alineadas con la Ley Marco de Ciberseguridad y con el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

Considerando lo mencionado, la aprobación de la nueva Ley de Datos Personales se torna aún más importante para el avance de la regulación tecnológica en Chile. Fortalecer las atribuciones de la futura Agencia se erigirá como piedra angular de la institucionalidad encargada de gestionar los desafíos de la IA. Es evidente que no se puede dilatar más la aprobación de dicha ley.

Constanza Pasarin y Trinidad Laborde

Manager Compliance y Protección de Datos ECIJA OTERO

#Protección #datos #para #inteligencia #artificial

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Economia

Urge discutir el compliance en el sector público

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Señor Director:

Urge iniciar una discusión respecto de que los organismos del Estado puedan generar un sistema autónomo de compliance. Si los privados transitan hacia mecanismos de autorregulación más fuertes (Ley 21.595 de Delitos Económicos), ¿por qué no las entidades públicas?

En Chile, el compliance en el sector público funciona como una aplicación de principios o instrucciones específicas. Por ejemplo, la Ley 18.575 indica que los órganos del Estado deben ser probos, eficientes y transparentes en su actuar; la Ley 19.913, que obliga a ciertas instituciones a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Están también los dictámenes de Contraloría. Pero no existe un sistema orgánico de controles.

Creemos que la figura del compliance en el sector público resulta fundamental en el combate contra la corrupción, ya que en empresas del Estado como en servicios públicos se dan espacios que no cumplen con las exigencias de probidad y transparencia establecidos en el ordenamiento legal. No sirve de nada regular drásticamente a una de las partes involucradas en un eventual delito, mientras a la otra parte le son aplicadas normativas generales de probidad y con sanciones mucho menos severas.

Carlos Aranís

Abogado Peralta Sandoval Llaneza & Gutiérrez

#Urge #discutir #compliance #sector #público

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