Hasta la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, llegó este viernes la presidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC), junto al segundo vicepresidente, Eric Aedo (DC), y legisladores de distintas bancadas oficialistas, para conocer las aspiraciones del organismo en materia laboral y social.
En la ocasión, la diputada aseguró que “escuchar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país es una responsabilidad y un deber ético de quienes nos corresponde legislar”. Y fue en este contexto que se le entregó a los representantes de la Cámara un manifiesto de 11 puntos en el que las organizaciones de trabajadores que pertenecen a la CUT manifiestan una serie de aspiraciones en materia social.
Uno de los tópicos que destaca es el caratulado con el número 3 en el manifiesto, donde hace referencia al proyecto de reforma de pensiones que se tramita en el Senado, ya que instan al Gobierno a que lo retire del Congreso.
“Llamamos al Gobierno a retirar los proyectos que actualmente están en el Congreso y someterlos a la opinión de la ciudadanía, que convoque a plebiscito nacional, que permita que la gente y los movimientos sociales se pronuncien, sacando este debate de los círculos de la élite, donde los alejó de las propuestas programáticas ofrecidas al pueblo de Chile que lo llevaron con una amplia mayoría a La Moneda”, reza esta parte del documento.
En este sentido, en el documento se argumenta que el Gobierno del presidente Boric “debe volver al contenido inicial de las dos grandes reformas de su programa, desfiguradas por el chantaje político de la derecha y la falta de unidad del oficialismo. A los chilenos les urge una Reforma Tributaria que de verdad haga justicia y permita resolver las grandes desigualdades que seguimos viviendo; y una reforma al sistema de pensiones que garantice una jubilación digna para la vejez, que cree una institución pública, que termine con las desigualdades de que son víctimas las mujeres y termine con los abusos del sistema de AFP”.
Respecto de salario mínimo, el texto demanda al Gobierno “abrir este primer semestre una mesa que cambie el paradigma, es tiempo que el país en materia salarial pase de lo mínimo a lo suficiente. Abordar la discusión de un sueldo vital para el fin de este gobierno, estableciendo mecanismos para que este no se deteriore en el tiempo, que crezca al mismo nivel del alza del costo de la vida y terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres”, argumentando que se ha hablado durante años de un salario ético por sobre la línea de la pobreza y que “hoy, un salario por sobre la línea de pobreza está en $ 630 mil líquidos”.
Cariola: “Crecimiento tiene que ser con equidad”
Por su parte, la diputada se comprometió a poner a disposición de todos los parlamentarios el manifiesto y destacó que “nos parece clave para poder seguir legislando en función no solamente del crecimiento económico, sino que de un crecimiento económico con equidad, que también contemple a los trabajadores y trabajadoras en mejores condiciones” y añadió que “estamos disponibles para eso, pero siempre y cuando también sea considerando que este crecimiento tiene que ser con equidad y redistribución de la riqueza”, enfatizó.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.