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La guerra entre Transvip y Cabify por el transporte del aeropuerto

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Una soterrada batalla libra en tribunales la empresa de transporte de pasajeros chilena Transvip, controlada por Gabriel Bitrán y Carlos Salamé, y la plataforma Cabify. La lucha tiene dos aristas: la chilena acusa a Cabify de competencia desleal por emplear información estratégica de la compañía para participar en una licitación por el servicio de transportes desde el aeropuerto de Santiago y, gracias a ello, consiguió paralizar los efectos de un servicio que Cabify no ha podido iniciar. La demanda involucra también a Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, a cargo de la administración del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, que dice no tener ningún rol en esa disputa judicial.

La historia comienza con Transvip como concesionaria del servicio de transportes del aeropuerto. Nuevo Pudahuel se adjudicó por 20 años la gestión del terminal de Santiago en 2015 y tiene a su cargo los servicios complementarios, como la explotación y gestión de la infraestructura y el equipamiento asociado al transporte público, entre ellas las vías exclusivas que son usadas por taxis y minibuses para tomar pasajeros dese el terminal.

Nuevo Pudahuel dice que por exigencia del Ministerio de Obras Públicas debía garantizar la exigencia de tres operadores de minibuses en las vías exclusivas. En 2021, el primer concurso, lo ganó Transvip, la que dice tener más de 15 años de experiencia en la gestión y administración de flota, sistema de reservas, tráfico e implementación de tecnología en sus procesos operativos y presencia en Santiago, Antofagasta, Calama y Valparaíso–Viña del Mar, desplazándose dentro de dichas ciudades y desde y hacia sus respectivos aeropuertos.

En marzo de 2022, la concesionaria activó una segunda licitación, que la ganó la Agencia de Carga Cargomobility SpA en julio de ese año. Y el tercer proceso fue activado en 2023 y fue adjudicado a Cabify el 22 de diciembre pasado.

Pero en enero, Transvip recurrió a tribunales y paralizó ese servicio, que hasta hoy cuenta con una medida precautoria que le impide comenzar a operar.

“Denunciamos que, con el objeto de adjudicarse dicha licitación, Cabify se ha valido de información confidencial de mi representada, a la que accedió al participar en un proceso de aumento de capital y venta de acciones secundarias de Transvip”, acusó la empresa en el 25 Juzgado Civil de Santiago.

En 2022, los accionistas de Transvip consideraron que, para el crecimiento de su negocio, resultaba necesario promover un aumento de capital de la compañía, incorporando nuevos socios. Para el desarrollo de este proceso, Transvip contrató los servicios de Larraín Vial.

El proyecto fue denominado “Mustang” y quienes participaron eran obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad, pues la información a la que accederían sería solo utilizada para evaluar la eventual transacción. “Hemos tomado conocimiento de que Cabify participó en el Proyecto Mustang, accediendo así a información comercial e inteligencia del negocio de mi representada de naturaleza sumamente confidencial, en particular, información clave para poder entender la estructura de costos, los datos operacionales y toda la estrategia de negocios que Transvip emplea en su servicio de minibuses en el aeropuerto de Santiago”, añadió la demanda.

“Justo después de que Cabify accedió a esta información, observamos un cambio claro en su comportamiento. En efecto, una empresa que no ofrece el servicio de minibuses para transporte compartido en aeropuertos en Chile ni en ninguno de los países en que opera en el mundo, súbitamente decidió participar en una licitación con tal objeto”, concluyó.

Transvip acusa que Cabify participó de el proceso activado por Larrain vial, pero que desistió rápidamente de la transacción. “El interés en adquirir acciones secundarias de Transvip se transformó en un interés en entrar a competir con ésta en el servicio de minibuses para pasajeros en el aeropuerto; servicio que Cabify no explota en ninguna otra parte del mundo”, acusó en su presentación, representada por Florencio Bernales, socio del estudio Cariola.

Transvip va más allá y acusa que Cabify junto a otras empresas como Uber se han embarcado en una millonaria campaña publicitaria y de lobby político, dirigida a impedir a toda costa la regulación que busca normarlas. “Esta cruzada consiste en amedrentar a sus usuarios indicando que, de entrar en vigor dicha regulación, se verán obligados a dejar de prestar sus servicios por las exigencias que ello conllevaría; en circunstancias de que Transvip presta el mismo servicio en pleno cumplimiento de todos esos requisitos”.

En su respuesta en tribunales, la sociedad chilena de Cabify, llamada Maxi Mobility Chile II SpA., admite haber participado en el proyecto Mustang, pero alega que fue invitada por Larrain Vial, que suscribió un acuerdo de confidencialidad el 20 de junio de 2022 y que solo participó en ese proceso el Gerente Regional para Latinoamérica de Cabify, José Ignacio Gutiérrez del Pedregal, quien no participó en la licitación que se hizo un año y medio más tarde.

“La paranoica tesis de la contraria no es efectiva. Fue Transvip, por medio de Larraín Vial quien contactó a mi representada para que, de estar interesada, participara en la propiedad de la misma, suscribiendo eventualmente las correspondientes acciones”, dice en su presentación Cabify, que adujo que cualquier controversia al respecto debía ser sometida a un juicio arbitral y no discutirse en tribunales.

Y por ello, la aplicación intentó en tribunales develar las que, a su juicio, son las verdaderas razones tras la acción legal: “Transvip crea un caso para impedir el ingreso de un nuevo competidor. Esto constituye un verdadero abuso de las acciones judiciales para entorpecer la libre y leal competencia, motivo por el cual, adelantamos, hacemos expresa reserva de las acciones legales que correspondan para obtener la indemnización de los perjuicios que la instrumental demanda de autos ha provocado a Cabify”, alegó Nicolás Marinovic, socio de Marinovic & Alcalde, asesor de Cabify.

La multinacional sostiene que ha estado buscando nuevas opciones de desarrollo y que a lo menos desde 2015 ha tenido la visión de negocios de movilización de pasajeros desde y hacia el aeropuerto por distintos medios de transporte, “por lo que no son efectivas las afirmaciones de la contraria en cuanto a que sólo se habría interesado tras su participación en el Proyecto Mustang”.

Por su parte, Nuevo Pudahuel, asesorada por Gonzalo Cordero, socio de Morales & Besa, afirma que no hay razones para ser involucrada en el conflicto entre los dos operadores. “La incorporación de Nuevo Pudahuel en estos autos resulta evidentemente artificial e instrumental, pues nuestra representada no es más que un tercero inmerso involuntariamente en un conflicto que le es ajeno, que no ha hecho nada más que licitar el servicio público de minibuses en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, alegó en su defensa.

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Jadue asiste al concejo municipal previo a su formalización

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Este miércoles a las 9:00 horas, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se presentará en el Centro de Justicia para enfrentar su formalización por el ‘caso Farmacias Populares’, en el que se le imputan delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

Media hora antes, a las 8.30 horas, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se reunirá con alcalde en el Centro de Justicia para mostrar un gesto público de apoyo de la colectividad. Hasta ayer había convicción en el PC de que el alcalde de Recoleta logrará sortear las acusaciones de la Fiscalía.

Hasta el cierre de esta edición estaba pendiente la confirmación de los otros miembros de la comisión política del PC que acompañarán a Jadue en el Centro de Justicia.

Este martes, en tanto, el edil asistió al último concejo municipal previo a su formalización sin hacer mención alguna sobre su situación judicial. Aunque no se habló explícitamente de los escenarios judiciales, estaba sobre la mesa la posibilidad de que el edil quede en prisión preventiva, tal como lo pedirá la Fiscalía, lo que obligaría a que su lugar quede ocupado provisionalmente por Fares Jadue (PC).

En la sesión de ayer, Jadue se refirió a otros temas. “Contarles que celebramos el Día de los Patrimonios con variadas actividades y nos transformamos nuevamente en un epicentro cultural con actividades que destacaron el valor histórico y social de nuestra comuna, incluyendo recorridos por los espacios patrimoniales por el barrio la Chimba y el Cementerio General”, informaba en la cuenta de la alcaldía.

Cuarenta minutos después, mientras se presentaba el Plan Nacional de Drogas 2024-2030, el edil salió de la sala donde se realizaba concejo municipal.

Después de varios minutos al teléfono, el alcalde volvió a la sesión hasta que fue interrumpido por otra llamada que obligó al concejal Jadue a tomar el control de la reunión en la que se siguió discutiendo la situación de las escuelas municipales.

El futuro del concejo municipal de Recoleta, si es que Jadue queda con alguna medida cautelar, está regulado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en particular dentro de los artículos 60, 61 y 62.

Según el escrito, “será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local”, señala la ley.

Ante este escenario, en Recoleta afirman que quien debería quedar subrogando en los temas operativos es la administradora municipal, Giannina Repetti. Sin embargo, en la ley también se da cuenta de que “previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden”.

La normativa da cuenta de que será el concejo municipal de Recoleta -con amplia mayoría del Partido Comunista– el que votará y designará a un eventual jefe comunal que reemplace temporalmente al alcalde en ejercicio, tras la subrogancia de quien sea administrador municipal.

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Formalizan a Daniel Jadue por presunta corrupción

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Desde las 9.00 horas de este miércoles, en el Centro de Justicia, el otrora aspirante del Partido Comunista (PC) a La Moneda y alcalde de Recoleta, Óscar Daniel Jadue Jadue, será formalizado ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago por la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ante su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

Se trata de ilícitos que se habrían concretado en el marco de la compra de insumos que la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad fundada por Jadue, hizo para enfrentar la pandemia de coronavirus.

En la jornada también se formalizará a José Matías Muñoz Becerra, María Constanza Matus Pérez, Eduardo Carmelo Sendra Arratia, Raúl Daniel Moraga Lagarrigue, María Eugenia Chadwick Sendra, Patricio Zavala Espinoza y Álvaro Javier Castro Roble.

El jefe comunal ya declaró como imputado en la investigación que se desarrolla desde hace tres años por las negociaciones realizadas entre Achifarp y la empresa Best Quality SPA.

La indagatoria es encabezada por la fiscal especializada en delitos económicos Giovanna Herrera, que se espera solicite la prisión preventiva del arquitecto y sociólogo de 56 años.

Herrera trabajó primero con la PDI y luego con el OS-7 de Carabineros.

La causa, que tiene más de 400 tomos, comenzó a ser investigada a propósito de una denuncia contra Achifarp que hizo Best Quality SPA, un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia de coronavirus. La empresa reclama un pago de $960 millones por un negocio con la entidad fundada por Jadue.

En una autodenuncia ante el Ministerio Público, el vendedor y comisionista de la firma César Ramírez declaró que, en el marco de esa negociación, el alcalde solicitó un “bono” adicional de insumos que habría ido a parar a la sede del Partido Comunista de Recoleta.

Este martes, a 24 horas de la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra del jefe comunal de Recoleta, algo que había anticipado en marzo el presidente de la entidad, Raúl Letelier

La defensa del alcalde, en tanto, activó una estrategia paralela, solicitando el sobreseimiento de Jadue en la investigación. El tribunal fijó una audiencia para el 12 de julio con la finalidad de atender ese requerimiento y ahí discutir los cargos y descargos de los intervinientes.

En un video que difundió en sus redes sociales al anunciarse su formalización, Jadue cuestionó al Ministerio Público por hacer la solicitud de esta audiencia “coincidentemente en un año electoral”. Hace unos días concedió una entrevista a El Siglo, en la que se mostró optimista y reiteró sus críticas al ente persecutor.

El sábado se difundió una carta con más de 1.400 firmas en su respaldo. Entre las personalidades que adhirieron figuraban los diputados Luis Cuello, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Matías Ramírez, Boris Barrera, Nathalie Castillo, María Candelaria Acevedo y Emilia Nuyado.

Por otro lado, se realizó una convocatoria en redes sociales para que seguidores del alcalde se reúnan en las afueras del tribunal este miércoles a manifestarle su apoyo. En entrevista con radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, anunció que una delegación ciudadana acompañará a Daniel Jadue y que se realizará una vigilia a la espera de la audiencia.

En caso de que el jefe comunal quede con alguna medida cautelar como prisión preventiva o arresto domiciliario, según la ley, estaría inhabilitado para seguir ejerciendo el cargo. Esto podría desembocar en una elección entre los concejales para determinar a un subrogante.

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Con un delincuente fallecido habría terminado intento de encerrona a funcionaria de la PDI en Quinta Normal

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Con un delincuente fallecido habría culminado un intento de encerrona a una funcionaria de la Policía de Investigaciones durante la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal.

Los hechos, se habría registrado pasadas las 23 horas, cuando la funcionaria que se transportaba en su vehículo fue interceptada por un grupo de sujetos quienes la amenazaron con armas de fuego. La detective utilizó su arma de fuego para repeler el ataque resultando herida en el proceso.

De acuerdo a lo que detalló el Prefecto Carlos Alegría, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, “en horas de la noche una oficial de la Policía de Investigaciones de Chile es interceptada por alrededor de cuatro sujetos quienes transitaban en un vehículo por este sector de Quinta Normal”, agregando que “estos sujetos efectúan disparos y de igual manera la oficial repele el ataque efectuando disparos contra estos individuos”.

La oficial de la PDI, recibió un impacto balístico en la zona lumbar por lo que fue trasladada hasta un recinto asistencial donde se encuentra afuera de riesgo vital.

Por otro lado, según detallaron desde la PDI “en el centro asistencial de Renca, ingresa un sujeto herido por proyectil balístico, quien ingresa fallecido. Este sujeto mantendría concordancia con uno de los autores del hecho que afectó a la oficial de la Policía de Investigaciones de Chile”.

“Conforme a los antecedentes que mantenemos, el sujeto habría sido abandonado en ese centro asistencial fallecido”, apuntó, a la vez que informó que este mantenía antecedentes policiales.

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