Han sido cinco meses sigilosos. La estrategia nacional del litio que anunció el Presidente Gabriel Boric el 20 de abril, en cadena nacional, tenía en su centro a Codelco, a la que encomendó negociar la participación del Estado en la extracción de litio desde el salar de Atacama. Pero no sólo eso: Codelco, y también Enami, tendrían preferencia para otras asociaciones en la explotación de otros salares. Y mientras la estrategia avanza lentamente -no se han definido aún qué salares se concursarán, ni cuándo, ni el mecanismo-, Codelco ha activado sus propios mandatos.

Silenciosamente, la minera estatal que preside Máximo Pacheco suma avances en dos frentes, aunque nada garantiza su éxito. En el salar de Atacama, donde desarrolla la negociación más relevante y estratégica, con SQM como contraparte. Y en el salar de Maricunga, donde Codelco tiene pertenencias y un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) concedido por el Estado en 2018, y ha estado en activas conversaciones con Salar Blanco, la empresa que tiene el proyecto más adelantado.

Hace una semana, Pacheco asistió a la comisión de minería de la Cámara de Diputados, donde habló de los tres objetivos de Codelco en el litio. Uno es el salar de Atacama. “Constituye, sin lugar a dudas, el mejor salar del mundo para la producción de litio”, dijo Pacheco: tiene el 36% de las reservas mundiales identificadas a la fecha y una concentración de litio de 2.000 miligramos por litro, cuando otros salares en el orbe promedian entre 200 y 1.000 partes.

El segundo objetivo es Maricunga, con una concentración de 1.073 miligramo por litro, según las exploraciones realizadas por Codelco, la segunda más alta del mundo. En ese yacimiento hay 40 empresas con pertenencias mineras, SQM entre ellas, pero solo dos empresas privadas con proyectos.

El tercer objetivo es Pedernales, un salar ubicado a 60 kilómetros de distancia de la división Salvador, que tiene una extensión tres veces superior a Maricunga, pero donde “las concentraciones de litio son bastante inferiores”, advirtió Pacheco. Podría tener potencial, dijo, pero Codelco no ha hecho exploraciones. Otra vez, aquello dependerá de definiciones aún inciertas: Boric prometió preservar para conservación 30% de los cerca de 60 salares y lagunas salinas que están en Chile. Y si ni siquiera Codelco no sabe su potencial, ¿cómo podrá definir el gobierno si Pedernales es o no estratégico o si es útil para la protección ecológica o para el desarrollo del negocio?

Con esos tres salares, “el plato de Codelco está bien lleno”, zanjó Pacheco. Pero aún no puede probar bocado alguno del plato.

“Comienzo con el salar de Maricunga”, abrió Pacheco su exposición el 13 de septiembre. Ubicado a 171 kilómetros de Copiapó, a 3.757 metros de altura, “tiene casi 40 titulares de propiedad minera, uno de los cuales es Codelco”, explicó.

Existen dos proyectos desarrollados por privados, unos es Simco, una alianza entre la singapurense Simbalik y la chilena Cominor, de Francisco Javier Errázuriz. El otro es Salar Blanco, de la firma internacional Lithium Power International. Ambos grupos basan sus proyectos en concesiones mineras previas a 1979, lo que, afirman, las habilita para desarrollar el negocio. Pacheco no lo cree así. “Debo comentar que, en nuestra opinión, estas concesiones no metálicas del Código (de Minería) antiguo no tienen derecho al litio, por el hecho del litio no ser concesible”, afirmó hace diez días, y adelantó que el rol de Codelco será consolidar todo en un solo proyecto. “No es sostenible el desarrollo del litio con 40 empresas. Olvidémonos de eso altiro”, dijo.

El salar de Maricunga tiene una superficie de 14 mil hectáreas, muy inferior a las 280 mil hectáreas del salar de Atacama. Codelco tiene pertenencias por cerca de 2.500 hectáreas, Simco casi 1.000 y Salar Blanco, 2.541 hectáreas, con casi la mitad previa a 1979. Pero esta última tiene el camino más avanzado: tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, un trámite que puede retrasar un proyecto minero por varios años. Y sus pertenencias colindan con las de Codelco. Una alianza ahí parece más que razonable.

Para este negocio, Codelco tomó una decisión clave hace poco: contratar un banco de inversiones para asesorar las tratativas. El elegido fue Rothschild, un agente de presencia global, dicen quienes conocen los pasos de la estatal. Más aún, personas que conocen ese negocio dicen que ya habría conversaciones avanzadas con Lithium Power International y que incluso ya se habría iniciado un due diligence sobre sus activos.

¿Qué es Lithium Power International? Una empresa junior que cotiza sus acciones en Australia y cuyo activo principal es el proyecto Salar Blanco. Este año vendió otro proyecto, su filial Western Lithium, en Australia en unos US$ 20 millones (30 millones de dólares australianos) a la estadounidense Albemarle. Y se quedó solo con Salar Blanco. “Esta venta libera fondos para el próximo desarrollo del proyecto de litio Maricunga”, dijo en julio la firma.

En su diluida propiedad, un chileno tiene la mayor participación accionaria: Martín Borda, empresario, también accionista de la salmonera Multiexport. Tras una consolidación de la propiedad con Salar Blanco, Borda quedó en 2022 con el 31% de Lithium Power International. En sus optimistas presentaciones a inversionistas, Lithium Power afirma que el valor presente neto de Salar Blanco ascendía a US$ 1.400 millones. Pero eso es con el proyecto ya ejecutado: ya ha invertido US$ 70 millones y la construcción de un proyecto por 20 mil toneladas de carbonato de litio al año exige otros US$ 626 millones. El sorprendente valor que Lithium Power asigna a su proyecto, sin embargo, no se condice con su valorización bursátil: la empresa tiene una capitalización cercana los US$ 100 millones (147 millones de dólares australianos, según su página web).

La duda entre los inversionistas que miran el mercado del litio es el diseño final de una alianza entre Codelco y Salar Blanco y los compromisos de capital que le demandarían a la firma estatal un proyecto de este estilo, en un momento de estrechez financiera, una posición que contradijo Pacheco: Codelco genera un Ebitda anual de US$ 5 mil millones. “¿Alguien cree que Codelco está en riesgo de insolvencia? A mí me parece una payasada”, espetó tras una pregunta del diputado Gonzalo de la Carrera ese día.

Además, si Maricunga es considerado estratégico, el control de la empresa es condición sine qua non. Y Salar Blanco podría no querer compartir el control de su proyecto emblema. La compañía ha estado en los últimos meses intentando definir la estructura de financiamiento de un proyecto que prometió comenzar a construir a fines de 2023. Para ello, tiene a su propio asesor financiero: la australiana Canaccord Genuity.

“Es una negociación extremadamente compleja”, dijo a los diputados de la comisión de minería Máximo Pacheco sobre la gestión con SQM por el Salar de Atacama. Si en Maricunga el proyecto de Salar Blanco aspira a producir 20 mil toneladas al año a partir de 2026, SQM produjo el año pasado 168 mil toneladas. Ahí, sólo SQM arrienda a la Corfo pertenencias por 81 mil hectáreas, seis veces toda la superficie de Maricunga. Por algo el anuncio presidencial del 20 de abril el único salar que mencionó fue el de Atacama. Ese día, Boric encomendó a Corfo mandatar a Codelco a buscar los mejores caminos para “lograr desde ya la participación del Estado chileno en la extracción de litio en el salar de Atacama”. Boric prometió respetar los acuerdos suscritos por Corfo hasta 2030, pero impuso una condición difícil de satisfacer: “En caso de conformarse una empresa público-privada que explote el litio en el salar de Atacama, ésta será controlada por el Estado a través de Codelco”. Pero si SQM no quiere, todo sigue igual hasta 2030.

Los fuegos se abrieron el viernes 26 de mayo. Ese día, Pacheco recibió en Codelco al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, y comenzó el frente a frente. Fue esa una reunión casi protocolar: el primer encuentro entre los equipos negociadores se realizó el lunes 5 de junio en las oficinas de Carey, asesores de Codelco, que también fichó al banco de inversiones Morgan Stanley como asesor. SQM trabaja con Bank of America y su bufete local es Claro y Cía., donde también se han realizado reuniones, intercalando la localía de los encuentros.

Según varias personas al tanto, las conversaciones están lejos de un cierre, pero ha habido avances que nadie quiere detallar demasiado. Ambas partes declararon una estricta confidencialidad. El proceso es complejo y tiene avances y retrocesos, con definiciones que impactan otras definiciones. En la mesa de negociaciones, por ejemplo, está aumentar la cuota de producción que tiene SQM de aquí a 2030, cuando vence su contrato.

“Al 31 de diciembre de 2022, solo restan 8 años de vigencia de los Contratos Corfo y hemos extraído aproximadamente el 38% del límite acumulado total permitido de extracción y venta de litio”, decía SQM en su reporte anual de 2022, el denominado 20F.

SQM y Albemarle -el otro arrendatario de pertenencias en el salar de Atacama- aportaron al Fisco más de US$ 5.600 millones el año pasado, en medio de un boom de precios histórico. Aquello podría poner urgencia a aumentar la producción: otros países están creciendo en su abastecimiento y el precio ha descendido bruscamente.

Pero el punto central de toda la discusión será la obtención del control de la nueva empresa que sea la arrendataria de Corfo. Codelco quiere el control de inmediato. SQM se niega a aquello. ¿Por qué ceder, con más de siete años de anticipación, el control de un activo que controla hasta diciembre de 2030? En Codelco responden así: por la expectativa de seguir participando en el salar de Atacama -que aportó el 80% de sus ingresos en 2022-, más allá de 2030. La amenaza la enunció directamente Pacheco hace diez días. Dijo en el Congreso: “El directorio autorizó iniciar negociaciones con la Corfo para definir los términos de un contrato de arrendamiento a partir del año 2031, donde el arrendatario, que hasta ahora es SQM, fuera a contar del año 2031 Codelco. Y esa es la conversación que hoy día tenemos con Corfo”. Sus palabras sorprendieron a varios inversores: el contrato establece la opción de licitar un nuevo contrato de arrendamiento no más allá de 2027 y SQM podría exigir que aquello, en aras de preservar las arcas fiscales y un proceso competitivo internacional, se haga vía concurso. Y no vía directa a Codelco. Corfo, sin embargo, se ampara en el mismo contrato: puede licitar, pero no tiene la obligación de hacerlo. “¿Y si cambia de signo el gobierno en 2026 y deciden retrotraer esa decisión y licitar al mejor postor el contrato más allá de 2030?”, se pregunta un inversionista.

Como sea, algunos admiten que será difícil obtener el control -o la mayoría accionaria, lo que es distinto- antes del 1 de enero de 2031. Según algunas fuentes, en eso hay consenso entre las partes. Una solución es que Codelco entre como minoritario a la propiedad de una nueva filial del litio de SQM y luego vaya subiendo su participación hasta alcanzar el 50% más una acción. ¿Cuándo? El 2031. O antes; dependerá de las negociaciones. ¿En qué se basa esa tesis? En que el mandato presidencial es alcanzar el control, pero Boric no impuso una fecha perentoria. Ningún documento oficial indica cuándo debe ocurrir aquello, recuerda una persona que ha sabido de las negociaciones. La carta del 26 de mayo que envió José Miguel Benavente a Pacheco, entre sus encargos pide que “Codelco, como empresa del Estado de Chile, alcance el control de la sociedad que se conforme para estos efectos”. Pero no dice cuándo.

Otros lo ponen en duda: el control será antes de 2030, dicen. Para ello, eso sí, habrá que distinguir qué entenderán todos por control. Y es que la discusión sobre el control es más compleja que el 50% más una acción de una sociedad anónima. La ley de mercado de valores dice que el control de una S.A. se obtiene al asegurar “la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores” o teniendo influencia decisiva, que es cuando un accionista tiene entre el 25% y el 40% y no hay otros socios que superen su porcentaje. Pero también hay otras maneras. La misma, por ejemplo, que tiene SQM, que posee dos series de acciones: la A, que elige a siete directores, y la B, que elige uno solo, y donde ambas tienen los mismos derechos económicos. “¿Controlar un negocio que no conoce?”, dice alguien sobre las pretensiones de Codelco para ilustrar lo clave que significa definir control.

Lo que sí está relativamente claro es que Codelco no tendrá preeminencia sobre SQM en el inicio de una eventual alianza. Su único aporte será el contrato más allá de 2030 -además de, a nombre de Corfo, permitir elevar la producción- y difícilmente podría contribuir con millonarios recursos frescos.

La clave de la alianza la resume así un observador interesado: este negocio debe ser económicamente atractivo para SQM y políticamente presentable para Codelco. Y en esa ecuación están ambas partes.