Desde la pandemia, la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos. Políticas económicas expansivas para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria, junto con masivos retiros de los fondos previsionales, que sumaron US$53 mil millones, y otros factores, dispararon la inflación en el país, alcanzando su valor más alto desde 1990 (14,1% anual en agosto de 2022).
El aumento en el costo de los bienes y servicios, la disminución del poder adquisitivo, el impacto en los ahorros y los efectos sobre los deudores han consolidado este fenómeno como una preocupación primordial para la sociedad chilena.
Sin embargo, ¿toda la población se ve igualmente afectada por una mayor inflación general? Para responder a esta pregunta, es crucial considerar que el indicador utilizado para medir la inflación en Chile es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide mensualmente la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios. No obstante, el IPC general no refleja el consumo de ciertos grupos específicos de la población, lo que puede ocultar las realidades económicas que enfrentan los segmentos más vulnerables, como los hogares del primer quintil de ingresos y aquellos compuestos por adultos mayores.
De hecho, las canastas de consumo de estos grupos difieren significativamente de la del consumidor chileno promedio. Por ejemplo, los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes y servicios básicos, como alimentos y vivienda, que pueden experimentar fluctuaciones de precios más pronunciadas. Por su parte, los adultos mayores gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes y servicios relacionados con la salud, pero una menor cantidad en aquellos asociados a la educación.
Para capturar estas diferencias, Clapec UC calcula dos índices de precios específicos: el IPC del Consumidor de Escasos Ingresos (IPC-EI) y el Índice de Precios al Consumidor del Adulto Mayor (IPC-AM). El primero mide el costo de una canasta representativa del consumo de los hogares situados en el primer quintil de ingresos. El segundo, en tanto, permite seguir el costo de vida de los hogares donde todos sus miembros tienen 60 o más años.
¿Hay una diferencia en la evolución de estos índices con la del IPC general? Tanto los hogares de menores ingresos como los compuestos por adultos mayores destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, vivienda y servicios básicos. Esto significa que cualquier aumento en los precios de éstos tiene un impacto más significativo en el IPC-EI y en el IPC-AM.
Carmen Cifuentes, Investigadora Clapes UC y Sofía Schuster, Investigadora Clapes UC.
Durante el período en que la inflación general alcanzó sus niveles más altos, destacaron las alzas de precios en las categorías de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, y en “Vivienda y servicios básicos”. En 2022, la primera registró un incremento anual promedio del 17,7%, mientras que la segunda aumentó un 12,5%.
Como resultado, la inflación que experimentaron los adultos mayores fue superior a la que experimentó el consumidor promedio. En el peak inflacionario (agosto del 2022) fue de 1,3 puntos porcentuales superior a la general, alcanzando el 15,4%.
Desde ese año, y durante siete meses consecutivos, la inflación para los adultos mayores se mantuvo por encima de la inflación general. Esto significa que durante estos meses las personas mayores sufrieron con más intensidad los costos de la inflación. No fue sino hasta el segundo trimestre de 2023 que esta situación comenzó a revertirse, gracias a una reducción gradual de los precios de los productos de primera necesidad. También influyó que los adultos mayores gastan menos de sus ingresos en las categorías que lideraron los aumentos de precios durante 2023, por ejemplo, en “Transporte”.
La inflación anual para los hogares de escasos ingresos, por su parte, se mantuvo sobre la inflación general durante 15 meses, desde octubre de 2022 hasta diciembre de 2023 (gráfico 1). Esto significa que por más de un año ésta perjudicó en mayor medida el bolsillo de las personas con menos recursos.
Del mismo modo, que para los adultos mayores, esta brecha fue consecuencia del incremento en los precios de productos pertenecientes a las categorías “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” y “Vivienda y Servicios Básicos”.
Para este análisis se debe considerar que el cambio metodológico llevado a cabo en 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) impide una comparación directa de la inflación anual de grupos específicos con la inflación general.
Sin embargo, se observa que, para los adultos mayores y para el consumidor de escasos ingresos, la inflación acumulada hasta mayo de este año es 0,3 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, inferior a la variación del IPC general (gráfico 2). Esto indica que, actualmente, la inflación está afectando en menor medida a los adultos mayores y a los hogares más pobres.
Esta tendencia obedece a que los precios de los bienes que más consumen, principalmente los alimentos, han registrado aumentos menores durante 2024. Además, los bienes y servicios que han experimentado los mayores incrementos de precio, como “Educación” o “Restaurantes y Alojamiento”, son aquellos que los adultos mayores y los hogares de escasos ingresos demandan menos.
Las perspectivas para la inflación tanto del mercado como del Banco Central se proyectan al alza, especialmente para 2024. De hecho, se ha pospuesto el logro de la meta del 3% hasta 2025. En este contexto, es probable que, pese a las recientes disminuciones en la inflación, esta siga impactando la vida cotidiana de los chilenos. Y, especialmente, podría afectar a los segmentos más vulnerables de la población si vuelve a ser impulsada por incrementos en los precios de bienes y servicios destinados a necesidades básicas.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Gobierno va a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley para establecer como una obligación legal la evacuación de casas y sectores en peligro, en medio de emergencias climáticas como inundaciones y también por incendios.
Al realizar un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país, la jefa de gabinete indicó que “se ha conversado con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Agricultura y el Gobierno ha decidido presentar proyecto de ley para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener sanciones para las personas que no lo hacen”.
Sostuvo que la medida busca “ser un respaldo legal puede ayudar a hacer más ejecutiva esas órdenes de evacuación se hagan oportunamente” el cual espera tenerlo listo para la vuelta de la semana distrital en julio. Indicó que se pierde mucho tiempo en convencer a la gente para que abandone sus casas y eso afecta labores de ayudas en medio de emergencias.
La ministra también señaló que a nivel país hay 70 mil clientes sin suministro eléctrico y que se trabaja para reponer servicio. También, señaló que se trabaja en el restablecimiento de algunos caminos y rutas cortadas por deslizamientos o por precaución.
En particular, respecto del anegamiento de un paso nivel en la Ruta 68 a la salida de Santiago, que mantiene esa vía cerrada a la altura de Pudahuel, se decidió hacer una modificación en la concesión para hacer una obra complementaria para solucionar el problema de anegamiento.
Tohá también indicó que “a esta hora estamos en el punto más alto del sistema frontal en la Región Metropolitana y Valparaíso”, con 75 personas albergadas, 522 personas aisladas, 204 casas con daño menor y dos viviendas destruidas. También dijo que en Región Metropolita se han realizado evacuaciones preventivas en sector de Baños Morales y Talagante.
Costa responde a Pardow por impacto de alza de la luz. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, respondió al emplazamiento del titular de Energía, Diego Pardow, quien criticó al emisor en el marco del fuerte ajuste realizado a la inflación esperada este año por el impacto del alza del precio de la luz. “En el IPoM de marzo estábamos con la mirada en la ley anterior”, indicó Costa en el encuentro de Coyuntura Económica y Perspectiva de Icare.
Sólido PMI de producción en EEUU. La actividad empresarial estadounidense alcanzó en junio su nivel más alto en 26 meses gracias al repunte del empleo, pero las presiones sobre los precios disminuyeron considerablemente, lo que permite albergar esperanzas de que se mantenga la reciente desaceleración de la inflación. S&P Global dijo el viernes que su índice PMI compuesto de producción de Estados Unidos, que sigue los sectores manufacturero y de servicios, subió a 54,6 este mes.
¿Y el dólar?. Tras los datos de PMI en EEUU y en medio de un nuevo retroceso en el precio del cobre, el dólar cotiza a esta hora en $939,85, con un alza de $7,18. El precio futuro del cobre en el mercado Comex perdía 2,01%, a US$ 4,43 por libra.
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Tianqi Lithium arremetió en duros términos contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), presidida por Solange Berstein, que el pasado 17 de junio decidió mantener en el directorio de SQM el destino de la asociación con Codelco, rechazando por segunda vez la petición de la firma asiática de someter a junta extraordinaria de accionistas la operación.
La compañía declaró que la entidad reguladora del mercado realizó en este caso una “incorrecta interpretación de la Ley de Sociedades Anónimas y a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios” y acusó de utilizar argumentos contradictorios en relación a la enajenación de activos, en concreto, de la filial SQM Salar.
La firma china afirmó que “nuestros equipos legales están actualmente realizando un análisis exhaustivo de dicha resolución”, pero que “desde ya, nos parece necesario expresar nuestra profunda preocupación al respecto, especialmente, en relación a la incorrecta interpretación de la Ley de Sociedades Anónimas y a la protección de los derechos de los accionistas minoritarios”.
Hizo ver que si bien la propia CMF reconoce en su resolución “que el efecto real de la operación es la dilución de los derechos sociales de los accionistas de SQM, que perdería el control sobre su filial SQM Salar”, en su argumentación el regulador “insistió en que como no existiría propiamente “enajenación de activos” (la enajenación del derecho de control sobre la filial SQM Salar)” por lo que “se desestimaba la necesidad de una aprobación por parte de la Junta de Accionistas según lo estipulado por la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas”.
Cabe señalar que la asociación Codelco-SQM se concreta así: la filial SQM Salar de la minera privada, que es la que opera en el Salar de Atacama y extrae litio de esa cuenca, absorbe a Minera Tarar de Codelco.
Al respecto, Tianqi dijo que “la CMF reconoció que SQM perdería el control de su filial SQM Salar (Codelco tendrá el control), pero no consideró que esto tuviera las consecuencias legales de una “enajenación de activos”. Esta argumentación contradictoria de la CMF es claramente insostenible“, afirmó categóricamente la firma asiática.
Es más. La firma china dijo que “esta tesis planteada por la CMF, se parece peligrosamente al uso de estructuras jurídicas tendientes a la evasión o elusión en otros contextos jurídicos, y puede ser interpretada como la validación de esquemas en que se aparenta una cierta operación para lograr resultados idénticos a los que habría tenido una enajenación de activos”. Y alertó que tal proceder “abrirá la puerta a subterfugios legales que permiten perjudicar los derechos fundamentales de los accionistas no controladores”.