El directorio de Fundación Generación Empresarial designó a la periodista Francisca Martin como nueva gerenta general de la institución a contar del 15 de julio de 2024.
La profesional -con más de 20 años de experiencia en direcciones ejecutivas y gerencias de Comunicaciones y Marketing en organizaciones con y sin fines de lucro-, reemplaza en el cargo a Fernanda Hurtado, quien tras una exitosa etapa de casi 5 años en el cargo emprenderá nuevos proyectos personales.
Martin ejercía hasta ahora como directora ejecutiva de la Fundación Foro Innovación. Además, es directora de Hub Apta, organización que promueve la transferencia tecnológica; asesora externa de innovación de Madeco by Nexans Chile; asociada de Women Board Up, organización que promueve a mujeres en cargos directivos, y mentora de Glocal, Red Alumni UDP y de “Promociona”, programa de Sofofa, UAI y CPC.
Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de Fucoa del Ministerio de Agricultura de Chile.
La presidenta de Fundación Generación Empresarial, Janet Awad, indicó que “Francisca, junto al equipo interno de la Fundación, serán fundamentales para afianzar nuestro rol como un actor relevante para promover e impulsar la integridad y las buenas prácticas empresariales en el país, a la vez de apoyar a las organizaciones en la gestión de sus culturas de ética y compliance”.
Awad tuvo palabras de agradecimiento para Fernanda Hurtado. “Fernanda ingresó a FGE en plena pandemia y le tocó liderar el enorme reto de adaptar la Fundación a una nueva realidad, con positivos resultados. Durante este periodo destacó por su gran capacidad para generar relaciones estrechas con nuestros socios, clientes y otros actores relevantes. Agradecemos su enorme contribución y le deseamos lo mejor en sus nuevos desafíos”, dijo.
Un hito que mantenía expectante al sector energético era el inminente ingreso del proyecto de ley que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y sumar así US$ 900 millones para cubrir los años 2024 al 2026.
A casi dos meses después de su anuncio, ayer el Gobierno ingresó con urgencia el proyecto de ley al Congreso que busca mitigar las alzas en las cuentas de la luz a la totalidad del 40% de los hogares más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de familias que involucran a cerca de 10 millones de personas.
“Estamos tratando de apretar lo máximo posible la calendarización (…) La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado”.
El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “esperamos una tramitación expedita”. Más concretamente, dijo que “estamos tratando de apretar lo máximo posible la calendarización (…) La idea es darnos el mes de septiembre para la discusión en la Cámara y posteriormente, a partir de octubre, la tramitación en el Senado”.
“Idealmente buscamos tramitarlo antes de que venga la nueva alza de la tarifa eléctrica en octubre, pero obviamente eso va a depender de los tiempos de tramitación legislativa. Este es un proyecto que busca movilizar cerca de US$ 900 millones y es natural que genere discusión de parte de los sectores productivos que se van a ver más afectados con estos mecanismos de recaudación”, indicó el secretario de Estado.
Ministro de Energía, Diego Pardow. Foto: agencia Uno
Financiamiento
Los principales objetivos del proyecto de ley están puestos en aumentar la cobertura del subsidio y extender su duración hasta el 2027, además del perfeccionamiento de las facultades de la SEC para mejorar la calidad del servicio de clientes.
El texto contempla tres nuevas fuentes de financiamiento. De éstas, destacó los aportes de los cargos por retiros de energía, que al año entregarán US$ 150 millones, la mitad de todo el subsidio eléctrico.
Esto considera un cargo transitorio durante los años 2025 al 2027, imputado a todos los retiros de energía del Sistema Eléctrico Nacional, cuya recaudación será destinada a aumentar la cobertura al subsidio eléctrico.
Este pago por retiro no recae solamente en los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) donde si bien no se modificaría el precio estabilizado de estas unidades, se mantendría la lógica de que se sumen al esfuerzo de recaudación a través de un cargo a sus ingresos.
Junto a ello, el Gobierno propuso un aumento temporal al impuesto al carbono y así duplicar durante los años de vigencia del subsidio la tasa del impuesto verde de US$ 5 por tonelada de CO2 a US$ 10 por tonelada de CO2 equivalente. Con esto, se proyecta que las recaudaciones sobre emisiones CO2 gravadas para los períodos operacionales 2024, 2025 y 2026 serán en torno a US$ 70 millones.
Por otro lado, el Ejecutivo planteó como otro pilar de financiamiento la recaudación del IVA neto originado por el alza de las tarifas eléctricas, la cual es de aproximadamente US$ 80 millones.
Facultades de la SEC
El proyecto de subsidio eléctrico no sólo cuenta con dichos pilares. También, en medio de la contingencia de los extensos cortes de luz que afectaron a gran parte de la zona central, el Gobierno dio a conocer que a través de este articulado se incorporarán mayores multas para las empresas eléctricas por infringir la calidad del servicio y un aumento en las compensaciones a los usuarios.
Esto, para dar señales inmediatas y no esperar el ingreso del proyecto de fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que aún no tiene fecha de presentación.
“Hay un diagnóstico transversal de que las multas son muy bajas y también hay un diagnóstico transversal de que las compensaciones son muy bajas. Ambas son duplicadas en el proyecto de ley”, sostuvo el ministro de Energía.
Así, según especifica el documento, para las infracciones “gravísimas”, su monto se eleva de 10.000 a 20.000 Unidad Tributaria Anual (UTA) lo que equivale a unos $ 16.000 millones; para las “graves” el monto se eleva de 5.000 a 10.000 UTA y para las leves, su monto se eleva de 500 a 1.000 UTA.
Otro tema incluido en el proyecto busca disminuir las tarifas eléctricas para MiPymes y los servicios de agua potable rural, con la creación de bolsas de precio preferente de energía que permita disminuir el precio de la electricidad.
Frente a esto y en relación a las ideas del proyecto de ley presentadas por el Gobierno en materia de subsidio, desde el gremio Generadoras de Chile señalaron que “la fórmula presentada por el Gobierno afecta la predictibilidad regulatoria necesaria de una industria que es estratégica para el desarrollo y la reactivación económica que Chile requiere y que las personas ansían”.
Además, agregaron que “esta propuesta recarga la responsabilidad del financiamiento en los mismos actores que, durante cuatro años, asumieron el costo de sus contratos adjudicados por el Estado de Chile”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Rafael Loyola, sostuvo que “creemos que, en cuanto a los PMGD, el proyecto omite abordar el tema de fondo, que es cómo terminar de forma razonable con el actual subsidio cruzado que distorsiona el precio de la energía a los clientes, ya que, a nuestro juicio, deberían salir a competir como cualquier otro generador”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó este lunes algunas señales de apoyo a la hoy contralora (s) general de la República, Dorothy Pérez, en el marco de las negociaciones para eventualmente proponerla como titular del cargo.
“Ella en la labor que está desempeñando le da garantías a todo el mundo”, dijo el secretario en referencia a la abogada que lleva más de ocho meses como subrrogante en el cargo, reemplazando a Jorge Bermúdez.
Lo anterior es visto por algunos parlamentarios como un primer espaldarazo público al papel que está cumpliendo sigilosamente Pérez, quien en principio no es la candidata del Gobierno para encabezar la Contraloría, pero que mes a mes se afianza en el cargo, debido a que el Ejecutivo no ha podido dar con un nombre que genere consenso en el Senado. La Cámara Alta debe ratificar la propuesta que presente La Moneda.
Cordero sostuvo que la contralora subrogante “refleja bien esa tradición institucional” del organismo.
Cordero, en entrevista con radio Infinita, manifestó que por ahora la prioridad es avanzar con los nombramientos pendientes de la Corte Suprema para luego abocarse a la designación de contralor o contralora titular.
“Hemos tenido una seguidilla de nombramientos en el Senado y estamos viviendo un proceso de dificultad para lograr acuerdos. Se han acumulado algunos nombramientos, por ejemplo, en la Corte Suprema, pero ya se despejaron algunos. Hemos enviado tres nombres para la Corte Suprema” que espera sean ratificados en los próximos días, dijo la autoridad.
Recordó que “el acuerdo con mesa del Senado es que despejadas las nominaciones de la Corte Suprema se vienen otros nombramientos como de contralor o contralora” y volvió a hacer un guiño a Pérez, al indicar que “el Ejecutivo ha sido explícito en que la Contraloría tiene una tradición institucional y la contralora subrogante refleja bien esa tradición institucional y la estabilidad de la misma”.
En el oficialismo esperan que las conversaciones y contactos se hagan con tiempo para alcanzar los 3/5 que necesita el postulante para ser ratificado por el Senado. Es decir, 30 votos favorables.
Las cuentas en el Senado con 50 integrantes señalan que ante la minoría del oficialismo La Moneda deberá negociar el nombre del contralor (a) titular, encargo que tienen la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde.
Chile Vamos tiene 23 votos (RN 11, UDI 9, y Evópoli 3); a ellos hay que sumar 2 de Republicanos y 2 de Demócratas, para un total del sector de 27. Mientras que en el oficialismo suman 18 (PS 7, PPD 6, PC 2, FRSV 2, y RD 1), a quienes hay que sumar los independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi; dando un total para este sector de 20 votos. La otra parte del Senado está compuesta por tres senadores DC, partido que se ha declarado de oposición al gobierno, pero que ha votado a favor de algunas normas del Ejecutivo.